“Mamá, ¿por qué nos van a matar?”: El infierno del secuestro de migrantes en México

Irene cuenta que intentó volver a cruzar la frontera y para ello se acercó a un grupo de traficantes de personas, conocidos como polleros. La joven y su hija volvieron a suelo estadounidense y, otra vez, las regresaron. De nuevo en Ciudad Juárez, fueron secuestradas. Los captores se comunicaron con sus parientes en Virginia y exigieron cinco mil dólares por cada una como rescate. Pero la familia no tení­a ese dinero. Una noche, tras varios dí­as de negociaciones, los secuestradores les advirtieron que serí­an asesinadas. “Mi hija se puso a llorar y me dijo: ‘mamá ¿por qué nos van a matar?”.  https://youtu.be/3td7RA9vgHc

Secuestros imparables

El caso de la joven salvadoreí±a y su hija es frecuente en México, donde, según organizaciones civiles, la mayorí­a de las personas migrantes sin documentos sufren algún tipo de violencia a su paso por el paí­s. No es algo nuevo. El Informe Especial sobre la Situación que Guarda el Tráfico y el Secuestro en perjuicio de las Personas Migrantes en México 2011-2020, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), establece que en la última década más de 70 mil personas migrantes fueron ví­ctimas de tráfico y secuestro en el paí­s. La mayorí­a de los casos ocurre en Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Las ví­ctimas fueron sobre todo personas migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba. Pero no fueron todos los que se cometieron, pues el número real era muy superior. “Es una práctica de mayores dimensiones, que la que aquí­ se presenta y, por lo tanto, esta investigación arroja una cifra mí­nima”.

En ese entonces se estimaba en al menos 20 mil los plagios anuales, comentó el quinto Visitador de la CNDH, Mauricio Farah, autor del informe. El secuestro de personas migrantes es común en el paí­s. La Fundación para la Justicia (FJEDD) seí±ala que, cada semana, reciben reportes de entre dos y tres secuestros de personas provenientes de Honduras. También ha documentado numerosos plagios de personas solicitantes de asilo en Estados Unidos, que fueron obligadas a permanecer en territorio mexicano por la estrategia Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés). Los datos se encuentran en el informe En la boca del lobo. Contexto de riesgo y violaciones a derechos humanos de personas sujetas al programa Quédate en México, elaborado por la FJEDD y otras organizaciones.

Abusos de EU

Directivos de albergues en Ciudad Juárez estiman que, al menos, ocho de cada 10 personas migrantes han padecido algún abuso, violación a sus derechos o una acción criminal en esta zona de la frontera norte de México. La mayorí­a, sin embargo, no presentan denuncias ante las autoridades porque tienen miedo y desconfianza. Es el caso de Irene. “Si lo hago corro peligro y es lo que menos quiero”, dice. La joven y su hija lograron escapar de su cautiverio y se refugiaron en un albergue para tratar de recuperarse de la amarga experiencia. Así­ ha vivido los últimos meses, a la caza de una oportunidad para volver a cruzar la frontera.

No es fácil. Ciudad Juárez es una zona de alto riesgo para las personas migrantes, advierte el informe Desordenado e inhumano, de Human Rights First y Hope Border Institute. El documento se centra en la región de El Paso-Ciudad Juárez, donde organismos defensoras de personas migrantes documentan la situación que viven las personas migrantes, con base a testimonios y entrevistas a solicitantes de asilo humanitario en Estados Unidos. “La polí­tica de expulsión está creando desorden, confusión y trauma, y ​​está empujando a los migrantes y solicitantes de asilo a emprender viajes peligrosos, y repetidos, para cruzar la frontera para llegar a un lugar seguro”. “En Ciudad Juárez, gente expulsada por el puente internacional queda inmediatamente vulnerable a los secuestros y explotación”. Algo que ya se habí­a establecido en el informe En la boca del lobo.  Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), que participó en la elaboración de ese informe, advierte que el gobierno estadounidense enví­a a las personas migrantes a una situación de grave riesgo en México. Esto ocurrió durante la primera etapa del programa Quédate en México, y después se mantuvo con las expulsiones de personas migrantes bajo el decreto Tí­tulo 42, que mantiene el gobierno de Joe Biden. Se trata de una polí­tica de salud establecida por Donald Trump, a partir del 20 de marzo de 2020, para contener la pandemia de Covid-19.

El programa consiste en sacar del paí­s a las personas migrantes detenidas por la Patrulla Fronteriza, de manera expedita y sin concederles el derecho a una audiencia de asilo humanitario, como marca las leyes estadounidenses. El argumento es que se trata de personas que pueden representar “un riesgo” para la salud de la población estadounidense durante la pandemia. Hasta marzo de 2022, más de un millón 765 mil personas migrantes fueron expulsadas de esta manera, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Entre las personas afectadas por el Tí­tulo 42 hay ví­ctimas de secuestros y extorsiones, refiere Kuhner, y en no pocas ocasiones los delitos son cometidos por autoridades. Eso eleva el nivel de riesgo para las personas migrantes, los activistas y organizaciones civiles que les apoyan. El responsable de un albergue en esta ciudad cuenta que han detectado casos de mujeres, hombres y familias completas, que han sido secuestradas durante varios dí­as o semanas. Los traficantes los mantienen retenidos con engaí±os, mientras extorsionan a sus familiares en Estados Unidos, o bien, los entregan a otros grupos criminales. En algunos casos, las personas migrantes son abordadas por policí­as locales, cuando llegan a la ciudad por el aeropuerto o la central de autobuses. Los agentes suelen despojarlos de sus pertenencias, les extorsionan o secuestran. El activista entrevistado (solicitó el anonimato por seguridad) afirma que los superiores de los elementos están enterados de los abusos. Los casos han sido expuestos a las autoridades locales “y no ha pasado nada”. Las ví­ctimas acusan no sólo a polleros y grupos criminales, sino también a policí­as de todas las corporaciones, incluyendo a personal dedicado a protegerles, que presuntamente trabaja en el INM. “Ahora sí­ que no podemos apartar a nadie, la corrupción está extendida en todos los niveles de las autoridades, realmente llega en un momento en el que decimos que, ahora sí­, no sabemos de quién cuidarnos”, cuenta el activista.  Para este reportaje se solicitó información a la Fiscalí­a General del Estado de Chihuahua, sobre las denuncias presentadas por las personas migrantes y organizaciones civiles que les respaldan. No hubo respuesta.

De un infierno a otro

Desde el albergue en que se refugia junto con su hija, Irene recuerda los dí­as aciagos de su secuestro. No es fácil. Escapó de sus plagiarios, pero sabe que en cualquier momento puede volver al encierro: los perpetradores presuntamente están coludidos con policí­as municipales y estatales. Por eso pide no identificar la ubicación del albergue ni tomar fotografí­as. La joven y su hija salieron de su comunidad en El Salvador, y durante 24 dí­as viajaron hasta Ciudad Juárez con un grupo de polleros que las trasladó en autobuses, autos particulares, combis y hasta en taxis, pagando a militares y policí­as para que los dejaran pasar.

De ellos no supo más, después que las dejaron en el bordo del Rí­o Bravo para que cruzaran a Estados Unidos. Fue el mismo dí­a que las expulsaron por primera vez de ese paí­s. Esa vez, cuenta, se sintió angustiada porque no traí­a dinero. Otra mujer migrante que también expulsada le prestó para alquilar una habitación en un hotel a unos metros del muro fronterizo. Ahí­ permaneció con su hija durante una semana, hasta que otra huésped la contactó con un pollero quien les ofreció llevarlas a Virginia por mil 500 dólares. “Nosotros creí­mos, volvimos a confiar y pues nos fue mal porque nunca sucedió”. “Desde que salí­ del hotel todo lo que ellos dijeron nunca pasó”.  El traficante de personas las llevó a una zona conocida como Parque Las Tortugas, uno de los puntos de cruce de personas migrantes más frecuentado por los coyotes. Allí­ lograron pasar a suelo estadounidense pero las volvieron a expulsar. “No sé ni cómo, ni qué contactos tienen las personas (polleros)”, dice. “Cuando me volvieron a sacar por el puente, estaba un taxista que me dijo ‘véngase’. ‘No’, le dije yo. ‘A usted no lo conozco’. ‘Yo a usted sí­, la estoy esperando’, me dijo… Tení­a mi foto y la de mi hija”.  Irene y su hija se subieron al taxi. “Nos llevaron de nuevo a la casa” de donde habí­an salido para cruzar de nuevo la frontera. Ahí­ las mantuvieron dos semanas. Irene preguntaba a los traficantes cuándo volverí­an a cruzar. La respuesta fue esperar. “Decí­an: no podemos, ahorita está muy feo porque migración se ha reforzado más”.  En un momento les quitaron sus teléfonos móviles y les prohibieron salir de la casa. Un hombre que estaba retenido con ellas les aclaró su situación. “Estamos secuestrados, ustedes piensan que es broma, pero no, nosotros estamos secuestrados”.  Irene se dio cuenta que los traficantes pedí­an dinero a sus familiares. Lo supo cuando la moví­an con su hija de una casa de seguridad a otra. Las mujeres estuvieron en tres lugares diferentes. “Nos moví­an a medianoche o en la madrugada”, recuerda, porque supuestamente llegarí­a la policí­a. Pero lo que en realidad pasaba es que los agentes las moví­an de domicilio en unidades con logotipos de la policí­a municipal y del estado, asegura. “Nos agachaban la cabeza para que nosotros no viéramos nada más, pero aunque uno vaya así­ agachado, uno siempre de reojo mira”, comenta.  Una madrugada uno de los cuidadores de la casa trató de llevarse a su hija. Irene se opuso y entonces la llevaron a otra habitación donde dos traficantes de personas la violaron. Varios secuestrados trataron de ayudarla, pero no pudieron. Los polleros estaban armados y drogados. Al paso de los dí­as, algunas de las personas migrantes escaparon o las liberaron. Irene y su hija, junto con un anciano, fueron los últimos en quedarse en el lugar. “Yo no hallaba para donde agarrar, no mandaban nada de dinero y decí­a ¿cómo me voy? Siempre me van a regresar si salgo a la calle, las autoridades de aquí­ están con ellos porque nosotros vimos las patrullas, los secuestradores nos moví­an en las patrullas y yo decí­a ‘no puedo confiar en ellos”.  La casa se seguridad tení­a cámaras de vigilancia y un portón con dos candados, siempre cerrado con llave. Una noche, cuando habí­an pasado más de un mes en cautiverio, los cuidadores salieron a comprar cerveza y dejaron las puertas sin cerrar con llave. “Entonces agarramos nada más lo que andábamos puesto y mis documentos y nos salimos”, cuenta. El seí±or que estaba ahí­ esperando su cruce, el último que quedaba junto a Irene y su nií±a, le dio 200 pesos. La mujer tomó su teléfono celular y salió corriendo junto a su hija; no pararon hasta llegar a una avenida donde encontró un taxista. “Por favor ayúdenme, me acabo de escapar de una casa que me tení­an secuestrada. Tengo que irme”. “Subiéndome al taxi me cayó la llamada de ellos, que me iban a hallar y si me hallaba me iban a hacer mil pedazos… Les corté y ellos a cada rato llame y llame y llame y llame”.  Irene se comunicó con un familiar, quien le recomendó ir al albergue donde ahora se encuentra. Varios meses después de la traumática experiencia, confiesa estar arrepentida por salir de El Salvador y poner en riesgo a su hija. Pero tiene pocas alternativas. Regresar a su paí­s implica arriesgar la vida. Buscar ayuda de un pollero serí­a fatal: en Ciudad Juárez, como en todas las ciudades fronterizas de México, los traficantes de personas son parte de extensas redes de criminalidad. Lo único que les a los migrantes es encontrar una forma de cruzar a Estados Unidos con documentos en regla. Pero a la joven salvadoreí±a y su hija que escaparon de la pobreza y violencia en El Salvador, la opción de un visado del paí­s donde esperan salvar su vida es muy lejana. Sobrevive, literalmente, en el limbo de Ciudad Juárez.

Este trabajo forma parte de la investigación Bajo la bota. Militarización de la polí­tica migratoria en México de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Estado y fue publicado originalmente en www.bajolabota.com.mx