Bolivia descartó el ingreso de la fuerza pública a la sede de México, donde hay ex funcionarios asilados.
Por Grupo Zócalo
Bolivia.- El gobierno de Bolivia aseguró que es respetuoso de "las inmunidades diplomáticas" por parte de la embajada de México, en donde se encuentran asilados varios ex funcionarios de Evo Morales.
Este lunes el gobierno mexicano expresó su preocupación por la presencia "excesiva" de seguridad y personal de inteligencia en inmediaciones de su sede diplomática en La Paz, en la cual incluso ha habido sobrevuelo de drones, acusó el ex mandatario Evo Morales.
La canciller transitoria de Bolivia, Karen Longaric, manifestó en conferencia de prensa en La Paz que esa cartera de gobierno es "respetuosa de las inmunidades diplomáticas y los privilegios" de las embajadas.
Longaric seí±aló que la posibilidad de que la "fuerza pública" ingrese a la embajada de México "categóricamente es imposible", puesto que las relaciones diplomáticas se amparan en la convención de Viena.
Este lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores llamó en un comunicado a "respetar y cubrir cabalmente las obligaciones del Estado boliviano respecto a la convención de Viena".
El comunicado indica que Bolivia tiene la obligación de proteger la embajada contra toda "intrusión" o perturbación de la tranquilidad.
A la embajada de México en La Paz acudieron varias ex autoridades del gobierno de Evo Morales.
Las mismas pidieron asilo en México y están a la espera de los salvoconductos para dirigirse a ese país, donde inicialmente se encontraba Morales, quien luego estuvo en La Habana antes de llegar a Argentina, donde solicitó refugio.
El Ejecutivo interino de Jeanine íí±ez mantiene un relación tensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que este acogió a Morales tras salir de Bolivia el pasado noviembre denunciando un golpe de Estado para derrocarlo.
El gobierno transitorio de íí±ez denunció a varios ministros de Evo Morales por distintos delitos y varios de ellos permanecen en la embajada mexicana en La Paz, con la intención de poder salir de Bolivia, mientras el Ejecutivo interino sostiene que no corresponde darles un salvoconducto para viajar si están procesados.
