Por Agencia Reforma
Ciudad de México.- Leonardo Valdés, el último presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), de 2008 a 2013, advirtió que si el Poder Judicial no rechaza el Plan B de la reforma electoral, será muy difícil su aplicación en 2024 y sería un desastre la elección de ese año por el poco tiempo queda.
“Implementar esta reforma va a ser di-fi-ci-lí-si-mo, lo que yo veo es que si queda firme y el INE (Instituto Nacional Electoral) tiene que aplicarla y los OPLES (Órganos Públicos Locales) tienen que aplicarla, la elección de 2024 va a ser un desastre”, dijo.
“No se van a instalar las mesas o se van a instalar con personas no capacitadas y recuerda lo que pasó en 1940, cuando la ley decía que los primeros cinco que llegaran a casillas y eso provocó violencia, mucha violencia; me parece que no estamos para regresar a eso”.
Los dichos del presidente del antiguo IFE, antecedente del INE, resumieron el sentido de la mayoría de los participantes en el primer día del seminario en la UNAM titulado “El Plan B electoral: ¿Equidad, austeridad o incertidumbre?”, con funcionarios y ex funcionarios de instituciones electorales federales y estatales e investigadores.
Valdés acusó que el Plan “B”, propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, busca asegurar al partido gobernante un modelo de control electoral como en el viejo PRI, pues permite la intromisión de las autoridades en el proceso, reduce las capacidades del INE y del Tribunal Electoral, despide a más de 6 mil 500 trabajadores con el pretexto de la austeridad presupuestal y no refuerza las medidas contra la intromisión del crimen en las elecciones.
César Astudillo Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincidió que la reforma es parte de un plan de control del Gobierno Federal, que incluye más poder al Ejército, debilitamiento de los órganos autónomos y la creación de una red clientelar con los programas sociales.
“No nos engañaron cuando nos decían ‘al diablo con las instituciones””, reconoció.
Gabriel Mendoza Elvira, director jurídico del INE, aseguró que la reforma contiene por lo menos 190 disposiciones contrarias a 25 artículos de la Constitución, que atentan además contra la autonomía del organismo.
Por ejemplo, dijo, la reforma prevé que los partidos tengan acceso a toda la información del INE, incluida la relacionada con la vigilancia de los mismos partidos, y también permitirá que el voto en el extranjero se emita con el pasaporte o con las cartas consultar, documentos que emite el mismo Gobierno a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Esto viola, además, las leyes del Servicio Exterior Mexicano que prohíben que sus miembros se inmiscuyan en cuestiones electorales”, explicó.
Aunque admitió que la reforma aún no ha sido publicada y que podría ser detenida en el Poder Judicial, la presidenta del Instituto Electoral de Baja California, Olga Viridiana Maciel Sánchez, alertó sobre las dificultades que les llevará a las autoridades locales por el poco tiempo que queda.
Ante ello, llamó a los Congresos locales a rechazarla, entre otros aspectos, porque impide rechazar las candidaturas de quienes han cometido violencia política de género.
“Creo que no puede haber retroceso y apelaría a cada uno de los congresos locales a que la rechacen”, añadió.
Entre los participantes, el Plan B fue apoyado sólo por el ex consejero del IFE Jaime Cárdenas, investigador de la UNAM y ex titular del Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado, cercano a López Obrador.
“No creo que el Presidente López Obrador y un solo hombre tenga el poder para instaurar un régimen autoritario, como el que se vivió en el esplendor del priismo autoritario de la segunda mitad del Siglo 20″, consideró.
Cárdenas rechazó que todas las anteriores reformas electorales hubieran sido aprobadas por consenso.
También reconoció la dificultad jurídica que aún debe cruzar la reforma y admitió que podría ser suspendida por la Suprema Corte, como ya lo hizo para las elecciones en Coahuila y el Estado de México de este año.
