Diana Martínez | Diana Rodriguez| Saltillo, Coah.- Tras un año de investigación, el caso de la directora de la primaria Benito Juárez, Martha Patricia Lares, finalmente será judicializado.
La Fiscalía General del Estado ya integró la carpeta de investigación por el delito de acoso sexual contra Ángel Iván “N” y solicitó a un juez de control una audiencia para la imputación del caso; ahora, solamente están a la espera de que les otorgue una fecha, mientras que la Secretaría de Educación de Coahuila separó de su cargo al maestro, mientras continúan el proceso legal.
En septiembre del 2021, la directora de la primaria de la colonia González, denunció el acoso sexual del que fue víctima supuestamente por parte de su compañero de trabajo. Relató que durante ocho años recibió comentarios lascivos, proposiciones sexuales y amenazas, hasta que decidió interponer la denuncia.
Cansada de tener miedo y vivir con angustia, la directora exigió justicia para que la pesadilla que ha vivido desde el 2014, concluya.
“Existe el temor, pero es tanto el desgaste emocional, el cansancio físico y psicológico que está repercutiendo en nuestra salud. Ya lo queremos externar”, dijo.
En la Fiscalía General del Estado únicamente se cuenta con la denuncia de la directora del plantel, pero se podrían agregar otras afectadas tras la denuncia pública de la víctima.
“Que hablen, que ya no importa si eres señalada o no, si a mí me tachan de tonta porque lo callé años, ya llegó un momento en que ya no te importa si te van a matar, que por lo menos la sociedad sepa que denunciaste y que pediste ayuda”, aseguró.
Para el delito de acoso sexual el Artículo 399 bis del Código Penal de Coahuila contempla una sanción de 2 a 4 años de prisión y multa a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe.
Maestro denunciado conserva sus derechos laborales
Las sanciones podrían incrementarse en un tercio más si el sujeto activo puede causar un daño personal, laboral, educativo o profesional o en caso de que el sujeto fuese servidor público.
Así mismo, de encontrarse culpable podría ser destituido e inhabilitado para ocupar empleo, cargo o comisión en el servicio público por un periodo de uno a cinco años.
Hasta el momento, el maestro Ángel Iván “N” se encuentra en disposición de la autoridad educativa, mientras continúan las indagatorias legales en su contra, por lo que diariamente se presenta a la oficina de la Secretaría de Educación que le fue asignada para cumplir con su horario laboral.
