Por: Arturo Estrada
Saltillo, Coah.- Desde su creación, hace cinco años, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción ha gastado 145 millones de pesos en presupuesto, ha abierto 714 carpetas de investigación y recuperado 11 millones 753 mil pesos, a cambio de dejar en libertad a los involucrados en más de 18 casos de desvíos, peculado, cohecho, asignaciones ilícitas y otras transgresiones.
A lo largo de su historia, la Fiscalía a cargo de Jesús Homero Flores Mier, solo en un caso actuó contra los responsables, funcionarios del Municipio de Ocampo, pero no hay nadie en la cárcel, pues todo se solucionó con 80 mil pesos.
Se trató de un procedimiento abreviado con una sentencia condenatoria por tres años de prisión, pero que se sustituyó por “libertad vigilada en el domicilio”, más la reparación del daño por 68 mil pesos y una multa de 12 mil 673.50 pesos, como se reveló mediante el oficio FGE-UT/1412/2022.
La Fiscalía Anticorrupción aún mantiene 449 casos abiertos, en investigación, pero entre 2017 y 2022 ha cerrado 116 expedientes por no ejercicio de la acción penal y 101 por remisiones a otras áreas por incompetencia.
Con acuerdo o sin acuerdo
Cabe advertir que no en todos los casos donde se logran recuperar recursos públicos –por probarse la comisión de un delito de corrupción– se llega a un acuerdo con la Fiscalía, pero tampoco se encierra los responsables.
Por ejemplo, entre los ejercicios 2017 y 2018 se reporta que no hubo acuerdos reparatorios, aun así se recuperaron 611 mil 868.14 pesos “por otros conceptos, como reparación del daño y suspensión condicional del proceso”.
Para el 2019, se aplicaron seis acuerdos reparatorios, donde se consiguieron 700 mil pesos; en 2020 hubo otros seis acuerdos y se recuperó un millón 906 mil 970.09 pesos.
Mientras que en 2021 se registraron otros seis acuerdos y suspensiones condicionales, que generaron 5 millones 475 mil 185.87 pesos.
En lo que va del 2022, no se reporta ningún acuerdo, aún así “por otros conceptos como reparación del daño y suspensión condicional”, se ingresaron 3 millones 59 mil 79.50 pesos.
Los acuerdos reparatorios han correspondido a administraciones municipales, corporaciones de seguridad pública y entidades, pero la Fiscalía Especializada no especificó la identidad de los afectados.
Solo 7% llega a los juzgados
En cuanto a los expedientes que son llevados a los juzgados, con la intención que se proceda penalmente, en 2017 la Fiscalía judicializó dos casos por peculado y cohecho; para 2018 las judicializaciones subieron a cinco; en 2019 se llegó a 16 casos pasados al Poder Judicial, con delitos como otorgamiento ilegal de concesiones, litigación prohibida, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de fondos irregulares, así como asignación ilegal de obra pública.
Ya en 2020, con todo y pandemia, se judicializaron 15 carpetas, por delitos diversos, entre ellos tráfico de influencias y designación ilegal de servidor público.
En el año 2021 se fueron otras siete carpetas a los juzgados, y para 2022 van 10 carpetas turnadas a jueces, donde se incluyen delitos como conductas ofensivas, otorgamiento ilegal de recursos económicos, omisión de denuncia, abuso de funciones, ejercicio ilegal de facultades en adquisiciones o arrendamientos, asentamientos falsos y pagos ilegales.
