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Estados no pueden prohibir venta y uso de PET y unicel

Los gobiernos estatales no pueden prohibir la comercialización y uso de productos elaborados con PET, ni de poliestireno expandido o unicel desechable.

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Por Excélsior

México.- Los gobiernos estatales no pueden prohibir la comercialización y uso de productos elaborados con tereftalato de polietileno, mejor conocido como PET, ni de poliestireno expandido o unicel desechable, resolvió por mayoría la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por unanimidad, los ministros de la Sala otorgaron los amparos a las empresas Propimex, fabricante de envases elaborados con este tipo de materiales, y a la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, del consorcio FEMSA, en hace uso intensivo de los mismos, en la venta de sus productos.

Con la votación mayoritaria a las sentencias elaboradas por la ministra Yasmín Esquivel Mossa y el ministro Javier Laynez Potisek, se sentó jurisprudencia y el criterio avalado será aplicable en cualquier juicio que se inicie en contra de la prohibición de plásticos de un solo uso.

Las resoluciones establecieron la inconstitucional de la Ley de Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Estado de Oaxaca, en las partes que prohibía vender, distribuir o emplear este tipo de envases, salvo para usos médicos, educativos o de atención humanitaria.

En las sentencias se estableció que la Federación es la responsable de la conducción y evaluación de la política nacional en materia de residuos, para ello, el Congreso de la Unión le otorgó la facultad de emitir los programas nacionales de prevención y gestión integral de los residuos; de prevención y gestión integral de los residuos de manejo especial y, de remediación de sitios contaminados.

Además, la Federación también está facultada para expedir la regulación sobre el desempeño ambiental que debe prevalecer en el manejo integral de residuos sólidos y de manejo especial.

En sus criterios, la ministra Esquivel Mossa y el ministro Laynez Potisek indicaron que la política ambiental es una materia concurrente, a la que se deben ajustar congresos y gobiernos estatales, tanto a las leyes federales, a las Normas Oficiales Mexicanas y al Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

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