Casas abandonadas de Infonavit: Historia de negocios millonarios y una alegada trama de corrupción

Ciudad de México.- “Estamos ante el terreno de lo inédito: nunca se habí­a recuperado dinero”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 10 de febrero de 2020. Estaba por dar la palabra al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para presentar la entrega de un cheque de 2 mil millones de pesos; cantidad rescatada, puesta a salvo, dijo, de un supuesto acto de corrupción. Ni el mandatario ni el fiscal dijeron de dónde vení­a el dinero durante la conferencia maí±anera de ese lunes. López Obrador fue quien inició los aplausos cuando apareció el cheque, minutos después lo tomó con la mano derecha, lo agitó y presumió con una sonrisa, mientras insistí­a en celebrar este resultado de la lucha anticorrupción. En realidad, la FGR ni siquiera tení­a los recursos cuando los presentó y el presidente López Obrador los presumió, según consta en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001015/2019, de la que se desprende el monto supuestamente recuperado tras un acuerdo de reparación del daí±o. El acuerdo finalmente se firmó a las 19:00 horas de ese 10 de febrero, doce horas después de la conferencia de prensa. Gertz Manero y López Obrador tampoco explicaron bajo qué criterio legal es que podí­a entregar un cheque, todaví­a sin fondos, al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Hoy sabemos que Ricardo Rodrí­guez Vargas, titular del Instituto en ese momento y quien recibió el cheque esa maí±ana, no pudo tocar ni un solo peso, o al menos no hasta que dejó el cargo en junio de 2020. Y pasarí­a lo mismo con su sucesor, el 21 de septiembre de 2020, Jaime Cárdenas Gracia, quien siguió a Rodrí­guez Vargas como titular del Indep, renunció; y en una carta dirigida al presidente López Obrador comentó: “Queda pendiente conciliar la transferencia de los 2,000 millones de pesos que en febrero de 2020 se remitieron al Indep. Hasta la fecha esos recursos están invertidos, generan intereses y no han sido utilizados”.

El cheque se movió entre instituciones y dependencias por más de un aí±o, y fue hasta abril de 2021 que finalmente se entregó al Infonavit, todaví­a dos meses después de que en otra conferencia de López Obrador, en febrero de este aí±o, se volvió a presumir de cómo los recursos incautados se utilizarí­an para vivienda. Pero antes y después de obtener esos dos mil millones, la FGR ha liderado una cacerí­a contra empresarios inmobiliarios que han sido vinculados a una investigación por un supuesto fraude al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que pagó una indemnización de 5 mil 88 millones de pesos a la empresa TELRA Realty S.A.P.I de C.V.; cuando se rescindió un Convenio de Colaboración, el Contrato de Licencia, el Contrato de Promotor, el Contrato de Movilidad y el Contrato REA, conocidos como “Contratos TELRA”. La FGR obtuvo los 2 mil millones de pesos que presentó en la conferencia del presidente López Obrador de un acuerdo reparatorio entre la Fiscalí­a y los hermanos André y Max ElMann, principales accionistas de la empresa de bienes raí­ces Fibra Uno, uno de los consorcios inmobiliarios más importantes de México, vinculados junto con sus socios, Rafael y Teófilo Zaga Tawil, a ese supuesto fraude al Infonavit. De acuerdo con cientos de documentos tanto de FGR como de Infonavit revisados para este reportaje —entre convenios, denuncias, diagnósticos, actas, evidencias, oficios—, tanto la decisión de contratar a la empresa TELRA Realty, como la indemnización que recibieron por la terminación de los convenios, fueron avaladas por todos los órganos de gobierno del mismo Instituto, como son la Asamblea General y el Consejo de Administración. Pese a ello, la FGR acordó con los ElMann el pagó de 2 mil millones de pesos como parte de un acuerdo reparatorio por un delito que niegan haber cometido. Y continúa persiguiendo a los Zaga, a quienes no ha conseguido que se les impute delito alguno, en al menos tres intentos de investigación iniciadas por delitos como defraudación fiscal o lavado de dinero. “Le pido a Dios todos los dí­as que no caiga yo en las garras, o sea, que no puedan hacerme lo que me quieren hacer, pero yo con mucha dignidad voy a asumir las consecuencias y les voy a explicar porqué. Para entregarle dinero al instituto, para devolverle al pueblo lo robado, primero necesito saber qué es lo robado… ¡Yo no me robé nada! Y por ningún motivo voy a hacer a mis hijos, hijos de un ratero”, dijo el empresario y dueí±o de TELRA, Rafael Zaga, en entrevista para este reportaje, poco más de un aí±o después de que sus socios, André y Max ElMann, entregaron a la FGR el cheque en busca de que sus cuentas quedaran descongeladas y fuera de la investigación por el supuesto fraude al Infonavit. El caso de ese cheque y de la indemnización de 5 mil millones de pesos aprobada, pagada y después denunciada desde el mismo Infonavit, ha derivado en una investigación por delincuencia organizada y lavado de dinero, además de órdenes de aprehensión vigentes y tres personas bajo proceso en la cárcel —dos exfuncionarios del Instituto y uno de los socios de TELRA— en el penal federal del Altiplano, en donde cumplen su condena criminales como José Antonio Yépez, El Marro, el lí­der del cártel de Santa Rosa de Lima, y Servando Gómez Martí­nez, La Tuta, exlí­der del cártel de Los Caballeros Templarios, entre otros. Esto, aún cuando el mismo Infonavit reconoce que no ha seí±alado o identificado responsabilidad en el caso contra “personas especí­ficas”. El tema toca a tres administraciones del Infonavit: la de los directivos durante el gobierno de Enrique Peí±a Nieto: Alejandro Murat (2012-2015) y David Penchyna (2016-2018); y también al titular actual, ya con el gobierno de López Obrador, Carlos Martí­nez Velázquez. Bajo la dirección de Alejandro Murat, Infonavit firmó en 2014 un convenio con TELRA y cuatro contratos entre 2015 y 2016. Ese aí±o, inmediatamente tras la llegada de Penchyna en marzo, se detectaron las primeras supuestas irregularidades y se suspendió temporalmente el convenio para negociar con la empresa la terminación anticipada del proyecto.

En 2017, tras un proceso de mediación y la recepción de un informe de David Penchyna, el Consejo de Administración autorizó indemnizar a TELRA. La autorización ocurrió un dí­a después de que la Contralorí­a Interna del mismo Infonavit notificó a la Coordinación General Jurí­dica las irregularidades que habí­a detectado en el proceso de contratación. El pago por la indemnización se liquidó en 2018, meses antes de la renuncia de David Penchyna. Finalmente, en la administración actual de Carlos Martí­nez, se impugnó parte del acuerdo que se negoció para obtener el cheque por 2 mil millones de pesos que dejó fuera a los ElMann de la investigación y vinculó a la familia Zaga. Aunque en abril de este aí±o terminaron aceptando y recibiendo los recursos para, dijeron, se apliquen para crear nueva vivienda y operar 45 mil créditos “dirigidos a trabajadores de menores ingresos con una tasa mí­nima”. Detrás de los contratos, la indemnización y los miles de millones de pesos hay un problema sin resolver que afecta la vivienda de los trabajadores mexicanos, y que no ha dejado de crecer. Existen al menos un millón de casas del Infonavit abandonadas, ya sea por cambio de residencia por alguna oportunidad laboral, huir de la violencia, la búsqueda de una zona con mejores servicios y más cerca de los centros de trabajo, o complicaciones para seguir con los pagos. TELRA debí­a crear un programa desde su concepto, marca comercial y plataforma digital, para que esas viviendas abandonadas pudieran ser reparadas, remodeladas y readaptadas; para después volver al mercado inmobiliario y que los mismos derechohabientes eligieran intercambiar su actual vivienda por una que se adaptara mejor a sus necesidades. Un plan para tener más y mejores opciones sobre cuándo, cómo o qué vivienda comprar o intercambiar. Para ello, la empresa recibió del Infonavit y de su Consejo de Administración todas las concesiones y ventajas de mercado posibles para hacerlo. Al dí­a de hoy, ese enorme problema de vivienda sigue, Carlos Martí­nez, actual Director del Infonavit, ha mencionado que las casas financiadas y luego abandonadas son por lo menos 500 mil. Con el problema vigente, el Infonavit anunció en febrero pasado que los 2 mil millones de pesos serán para vivienda en los estados “con mayor rezago habitacional” como son Veracruz, Baja California, Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Alejandro Murat y los contratos con TELRA Cuando Alejandro Murat asumió la dirección del Infonavit en diciembre de 2012, el abandono de vivienda era un problema que la institución no habí­a resuelto desde hací­a, por lo menos, dos sexenios. Eso, para Rafael Zaga Tawil, era una oportunidad de negocio. En entrevista, el empresario mexicano con décadas de experiencia en el sector inmobiliario recuerda haber visto en un informe del Instituto el dato de un millón de viviendas abandonadas, lo que lo motivó a idear un plan de recuperación que él mismo describe como “el Uber de la vivienda”. A través de una plataforma digital que él diseí±arí­a sin cobrar un solo peso, la gente podrí­a vender, comprar, rentar o intercambiar sus casas. El negocio serí­a que TELRA cobrarí­a una comisión por operar cada transacción, cargo que pagarí­an los propietarios de las viviendas. Con cartas y llamadas, cuenta, insistió en reunirse con Alejandro Murat Hinojosa, el recién nombrado director del Infonavit. Logró una cita al cierre de 2012, cuando el coordinador de asesores del hoy gobernador de Oaxaca, Luis Rodolfo Argí¼elles Rabell, los presentó. “En su despacho, pregunté a Alejandro Murat si lo que buscaba como polí­tico joven era transformar o solamente llegar a administrar. Me echó un speech breve, diciendo que querí­a transformar y ahí­ fue de donde yo me agarré y le propuse los programas: no hagas eso, haz esto. La reunión de 15 minutos duró una hora”, relata Zaga. Le explicó su propuesta, el esquema de negocio y le aseguró que el Infonavit no pagarí­a un centavo. Las empresas de Zaga rehabilitarí­an las viviendas, desarrollarí­an y operarí­an la plataforma digital y la comisión la pagarí­an los usuarios. O sea, los propietarios de cada casa colocada. Para convencer a Murat, el empresario le ofreció elaborar un diagnóstico, que terminó en manos de la firma de banca de inversión y asesorí­a financiera, Cuasar, del que este equipo tiene una copia. Según lo que acordaron, si ese diagnóstico le convencí­a, entonces hablarí­an de desarrollar una solución integral que el Infonavit implementarí­a con sus derechohabientes y acreditados. “Solo no me hagas trabajar y al final no me des nada”, fue lo único que el empresario dice haber pedido a cambio. En ese momento, ni el Infonavit mismo sabí­a de qué tamaí±o era el problema de la vivienda abandonada en México con el que Rafael Zaga querí­a hacer negocio. Según el Atlas del Abandono de Vivienda, a mediados de 2014 el Instituto reconocí­a 289 mil viviendas desocupadas y en franco deterioro. Pero en la misma publicación, que tomaba como punto de partida los 5 millones de casas deshabitadas contabilizados en el Censo de 2010, acotaba que “8 de cada 10 viviendas desocupadas son viviendas abandonadas”. Eso equivaldrí­a a, por lo menos, 4 millones de inmuebles. El Infonavit tampoco hací­a público el impacto que esto tení­a en sus finanzas. Solo admití­a que “reflejaba una pérdida importante de recursos”. El plan por el que Alejandro Murat se inclinó para resolver este problema de vivienda fue el mismo que antes habí­a convencido a tantos otros titulares para solucionar problemas de seguridad, educación o salud pública: privatizar. Para este reportaje, se solicitó desde junio de 2021 entrevista con Alejandro Murat, sin recibir respuesta hasta la fecha de publicación. La sociedad Zaga-ElMann Rafael Zaga suele hacer negocios con la familia. Ya sea en bienes raí­ces, tecnologí­a o banquetes, frecuentemente aparece asociado con su hermano Teófilo —hoy preso en el penal del Altiplano por la investigación del presunto fraude a Infonavit— y sus hijos Elí­as, Alberto, Isaac y Salomón. Su portafolio de compaí±í­as incluye sociedades también con parientes polí­ticos, como André ElMann. André ElMann Arazi es un titán del sector inmobiliario. Es el CEO de Fibra Uno (FUNO), el fideicomiso de inversión y bienes raí­ces más grande en México, que fundó junto con sus hermanos Moisés y Max en 2011 y que, según su página web, opera más de 500 inmuebles en todo el territorio nacional. El registro más antiguo de la sociedad Zaga-ElMann data del mismo aí±o que la fundación de FUNO. El 3 de febrero de 2011, André ElMann se incorporó a TELRA Investments, S.A. de C.V. —que Rafael y Teófilo Zaga habí­an fundado en 2008— como secretario del Comité de Administración. Además, ambas familias pertenecen a E-Group, un consorcio que conforman Fibra Uno; la empresa Parks, una constructora; y The Technowise Group, una empresa de energí­as limpias que crearon en sociedad. TELRA es un nombre que los Zaga habí­an usado ya en 2002 para constituir Grupo TELRA, una empresa del ramo textil. Y que volvieron a usar el 7 de mayo de 2014 para crear TELRA Realty, una sociedad promotora de inversión dedicada a la construcción y los bienes raí­ces. Durante casi una década, la sociedad entre ambas familias prosperó. Tanto, que en 2019 los Zaga aceptaron invertir 33 millones de dólares en un negocio en Cancún, a invitación de Max El-Mann. A la fecha, según cálculos que Rafael Zaga hace en un documento judicial, su participación en el proyecto vale 87.5 millones de dólares. Las sociedades y negocios que tienen juntos bastaron para que la Fiscalí­a General de la República los incluyera en la investigación por el supuesto fraude al Infonavit. El argumento es que si bien los contratos se firmaron con TELRA —una empresa en la que solo figuran como accionistas los Zaga—, para otorgarlos, desde la Dirección del Infonavit se alegó que Zaga y ElMann integran E-Group, un conjunto de empresas justamente dedicadas al desarrollo inmobiliario, lo que le daba experiencia a TELRA para cumplir con lo contratado. En entrevista, Rafael Zaga reconoció que los ElMann se involucraron, aunque sea indirectamente en el contrato con el Infonavit. “El Infonavit no hubiera aceptado (darle el contrato a TELRA) si no hubieran estado los ElMann. O sea, yo por más chingón que sea y por más ideas que tenga en mi cabeza, yo necesitaba que los ElMann entraran conmigo al negocio, yo los invite cuando el negocio ya estaba armado”, dijo. La FGR congeló cuentas de ambas familias y eso derivó en que, tras la entrega de un cheque de 2 mil millones de pesos de los ElMann para apegarse a un criterio de oportunidad y  salir de la investigación, se acusara a los Zaga de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal. El pago de los ElMann fue clave para apresurar e intensificar la persecución contra los Zaga, sus socios; y con ello iniciar la ruptura de la sociedad que llevaban aí±os construyendo. Contratos a modo y concesiones Un aí±o y medio después de la reunión con Alejandro Murat, comenzó a materializarse el supuesto “Uber de la vivienda”. El 9 de junio de 2014, el Infonavit suscribió un convenio marco con TELRA Realty S.A.P.I. de C.V., una empresa nueva que, como confirmó Rafael Zaga en entrevista, se creó apenas un mes antes de la fecha del convenio exclusivamente para el proyecto de vivienda con el Instituto. Firmado por el ahora Consejero Jurí­dico del Gobierno de Oaxaca, José Antonio Tinajero Zenil, el también llamado “convenio marco” sentó las bases de la colaboración exclusiva entre la empresa y el Instituto para crear un Programa de Movilidad Hipotecaria, luego conocido como PMH. Tinajero, cuando ocurrió la firma con TELRA en la era Murat al frente del Infonavit, habí­a asumido apenas un aí±o antes la Subdirección General Jurí­dica del Instituto. Infonavit crearí­a tres fideicomisos con los que TELRA repararí­a las viviendas recuperadas, desarrollarí­a esquemas financieros para comercializarlas y la plataforma digital que luego facilitarí­a la compraventa, renta e intercambio de los inmuebles. “El contrato era sui generis porque ellos no estaban contratando formalmente un servicio, no iban a pagar un peso. Yo tení­a el permiso de ofrecer un servicio a los derechohabientes; cuando yo hiciera un movimiento con las casas de los derechohabientes, yo —TELRA— me iba a quedar con un 10% del valor de la casa nueva, como comisión de la casa nueva. Quien me la pagaba era el derechohabiente”, explicó Rafael Zaga en entrevista realizada en abril por videoconferencia, cuando el empresario estaba prófugo tras una orden de aprehensión liberada el 25 de diciembre de 2020 en su contra por este caso; y que desde julio de este aí±o un juez consideró inconstitucional. “Esperábamos meternos entre 70 y 80 mil millones de pesos; 90 mil millones serí­a lo real, con utilidades superiores a los 16 mil millones que pedimos”, dijo. Pero el convenio marco, del que este equipo tiene copia, muestra otros datos y compensaciones. Por ejemplo, dice que una vez constituidos los tres fideicomisos, Infonavit pagarí­a directamente a TELRA el 40% del precio de venta o renta de cada casa colocada, el 30% del valor de cada vivienda intercambiada y el 30% de lo que el Instituto recibiera por venta o renta de viviendas. Además, el Instituto daba a la empresa acceso a bases de datos y le endosaba la creación del esquema financiero que permitiera la compraventa, renta e intercambio de las viviendas. Eso incluí­a el desarrollo de la plataforma web para operar las transacciones. En la sesión del 25 de febrero de 2015, a la que asistió el director Alejandro Murat, el Consejo de Administración aprobó el Programa de Movilidad Hipotecaria y autorizó la contratación de una empresa para administrarlo, siempre que se cumpliera con los siguientes requisitos:

• Ser un experto inmobiliario.
• Tener amplio conocimiento de la normatividad y operación del Instituto.
• Tener experiencia desarrollando productos inmobiliarios, estructuras financieras y jurí­dicas a la medida.
• Contar con un grupo de ejecutivos expertos en desarrollar, administrar y promover todo tipo de inmuebles.
• Y que, adicionalmente, hayan desarrollado y operen un fideicomiso inmobiliario en México que se encuentre en los primeros tres lugares en monto de activos.

El mismo dí­a, la Subdirección General de Canales y Servicios del Infonavit solicitó la contratación directa de TELRA, argumentando que la empresa tení­a derechos de exclusividad otorgados por el convenio marco. El subdirector de Canales y Servicios era Luis Rodolfo Argí¼elles, el excoordinador de asesores que habí­a gestionado la reunión de Rafael Zaga con Alejandro Murat. La empresa de Zaga no tení­a la experiencia requerida, pues se habí­a creado un aí±o antes; tampoco operaba fideicomiso alguno. Sin embargo, en su justificación, Argí¼elles argumentó que “sus accionistas forman parte del grupo denominado e-Group, que es un conjunto de entidades mexicanas formadas por individuos y empresas, las cuales se encuentran verticalmente integradas, y que se dedican a la adquisición, desarrollo, renta y operación de desarrollos inmobiliarios, cuyos fundadores son: Moisés ElMann Arazi, Rafael Zaga Tawil, André ElMann Arazi y Teófilo Zaga Tawil”. La justificación de Argí¼elles es lo que provocó que los ElMann se involucraran indirectamente en lo firmado con Infonavit. Su argumento se avaló y, entre marzo de 2015 y febrero de 2016, el Infonavit adjudicó a TELRA cuatro contratos. El primero, un contrato de licencia de marcas firmado por el subdirector general jurí­dico, Octavio Tinajero, el 2 de marzo de 2015 que otorgó a TELRA licencia no exclusiva sobre las marcas “Infonavit” e “Infonavit hogares con valor”; y licencia exclusiva sobre otras nuevas marcas, aún antes de la ratificación del convenio y sin contar con un dictamen del Comité de Riesgos. El contrato se sustituyó por otro, sin cambios sustanciales, el 27 de abril de 2015. El segundo fue un contrato de prestación de servicios que, según denunció después David Penchyna, ya como director del Infonavit, firmó Argí¼elles Rabell el 28 de abril siguiente. Pero el documento que el propio Instituto hace público en su portal de transparencia está fechado dos meses después, el 29 de junio de 2015. Las cláusulas de este segundo contrato incluí­an los pormenores de los fideicomisos; el acuerdo de que la empresa operarí­a el Programa de Movilidad Hipotecaria de forma exclusiva durante 5 aí±os prorrogables y de que la comisión que cobrarí­a serí­a del 10% del valor de cada casa operada. El contrato tendrí­a vigencia hasta 5 aí±os después de concluir el periodo de exclusividad. Argí¼elles Rabell firmó el tercer contrato de prestación de servicios el 6 de noviembre de 2015, dos meses antes de renunciar al Infonavit. El instrumento oficializaba a TELRA como encargada también de desarrollar la plataforma digital y establecí­a un plazo de 15 meses —que vencerí­an en febrero de 2016— para comenzar a operar. Refrendaba que, a partir de entonces, la empresa tendrí­a exclusividad para su operación por 5 aí±os y cobrarí­a 10% del valor. El Infonavit asumió que el tercer contrato sustituirí­a al segundo, aunque ninguno de los documentos o el Instituto explican a instancias de qué. Dos semanas después de que se firmó este último contrato, el 30 de noviembre, Infonavit dio a conocer la salida de Alejandro Murat citando una supuesta carta del hoy gobernador de Oaxaca. En respuesta a una solicitud de información realizada para este reportaje, el Infonavit declaró que “no existe documento alguno donde conste la renuncia del C. Alejandro Murat Hinojosa a la Dirección General de este Instituto”. Según la explicación del conflicto con TELRA que David Penchyna —quien sustituyó a Murat al frente del Instituto— incluyó en el Informe de Gestión Institucional diciembre 2012-noviembre 2018, el tercer contrato se firmó “cuando aún no se habí­a designado nuevo director general” de la institución. Dí­as antes de que el exsenador priista asumiera la dirección del Infonavit, se entregó el cuarto y último contrato a TELRA para desarrollar, implementar, operar y administrar un “Programa Piloto de Regularización de Cartera de Régimen Especial de Amortización (REA) ví­a Fideicomiso”, por un monto de hasta 16.2 millones de pesos. Al arranque de 2016, TELRA tení­a los contratos con el aval del Consejo de Administración, obtuvo datos e información de los derechohabientes para crear la plataforma digital. El “Uber de la vivienda” estaba en marcha, creyó erróneamente Rafael Zaga. David Penchyna contra la idea de TELRA El 7 de marzo de 2016, el priista David Penchyna rindió protesta ante la Asamblea General del Infonavit como el nuevo director del Instituto. En su primer discurso, dijo que los ejes de su gestión serí­an ser “autoridad eficaz, administración responsable y (tener) cuentas claras”. Un aí±o después de ese dí­a, argumentarí­a ante la misma Asamblea y el Consejo de Administración del Infonavit que los convenios que se firmaron con la empresa TELRA Realty S.A.P.I. de C.V. para implementar el Programa de Movilidad Hipotecaria durante la administración de Alejandro Murat “violaron el derecho de los trabajadores mexicanos al acceso a una vivienda digna, crearon un monopolio privado de gestión de vivienda en el paí­s y terminaron violentando lo que marca la Constitución”. “El mandato constitucional del Instituto consiste en dar acceso al trabajador a un cre´dito barato para la adquisicio´n de vivienda digna y decorosa. Lo contratado, en nuestro punto de vista, encarece el costo de adquisición de la vivienda en beneficio de un particular, en perjuicio de los intereses de los derechohabientes”, dijo Penchyna al Consejo de Administración, al mismo órgano de gobierno que el 25 de febrero de 2015 habí­an aprobado el Programa de Movilidad Hipotecaria (PMH) que ahora analizaban echar atrás.

Según la versión de Penchyna, al llegar a la dirección del Infonavit en marzo de 2016 y revisar lo que TELRA planeaba para el PMH, encontró que los convenios firmados por la anterior Coordinación General Jurí­dica del Instituto —a cargo de José Octavio Tinajero Zenil, hoy Consejero Jurí­dico del gobierno de Oaxaca de Alejandro Murat— y la Subdirección General de Canales y Servicios —con Luis Rodolfo Argí¼elles Rabell— no cumplí­an con lo aprobado por el Consejo de Administración y eran excesivos en privilegios para la firma encabezada por Rafael y Teófilo Zaga Tawil. Entre lo aprobado por el Consejo de Administración para ejecutar el PMH estaba que TELRA, como administrador, cobrarí­a una comisión de máximo 10% del valor del inmueble adquirido por cada intercambio y que operarí­a el programa de forma exclusiva hasta por cinco aí±os, siempre y cuando cumpliera con ciertos requisitos como: iniciar la operación de la plataforma digital de intercambio “a más tardar nueve meses después de firmar el contrato con Infonavit y realice al menos 100 mil intercambios en los primeros 60 meses”, lo cual, no habí­a ocurrido todaví­a. El convenio marco, como ya se mencionó, decí­a que Infonavit pagarí­a a TELRA el 40% del precio de venta o renta de cada casa colocada, el 30% del valor de cada vivienda intercambiada y el 30% de lo que el Instituto recibiera por venta o renta de viviendas. Además, según la argumentación del equipo de Penchyna, un aí±o después de aprobado el PMH, TELRA no pudo verificar la operación de la plataforma informática, no se habí­a creado el fideicomiso para el programa —incluso cuando el Consejo de Administración pidió entre los requisitos que quien encabezara el programa debí­a haber operado un fideicomiso inmobiliario en México—, y se habí­a iniciado una campaí±a de publicidad aún cuando el programa no estaba listo para operar. En entrevista, Rafael Zaga confirmó lo anterior. Aseguró que la empresa gastó 160 millones de pesos entre una campaí±a de difusión, software e inteligencia. “Entre estos gastos estuvieron dos spots por ocho millones, uno de ellos con Adrián Uribe”. La administración de Penchyna también acusó que, a petición del Coordinador General Jurí­dico, José Octavio Tinajero, se hicieron cambios a los convenios que dieron a TELRA acceso total a las bases de datos del Infonavit, violando la Ley General de Datos Personales, y dejando fuera al mismo Instituto en la gestión de esos datos para operar y evaluar el PMH. Según Penchyna, gracias a los contratos —que habí­an pasado por el Comité de Transparencia y la Subdirección Jurí­dica del Infonavit—, TELRA tendrí­a acceso sin lí­mites a bases de datos presentes y futuras con información de viviendas, acreditados, créditos, programas de promoción, financiamiento y venta. “En los te´rminos de los Convenios firmados, se incrementa el costo de adquisición de la vivienda, por las comisiones previstas para el administrador del Programa que seri´an pagadas, segu´n los Convenios, por los trabajadores derechohabientes que operen bajo la plataforma del Programa —es decir, serí­an pagadas a través de de una parte proporcional del subsidio a la vivienda de interés social—. Ello es probable que afecte la adquisicio´n de vivienda barata y digna y se favorezca la especulacio´n comercial”, reportó Penchyna al Consejo de Administración del Infonavit, antes de solicitar la suspensión de los acuerdos con TELRA. “En opinio´n de esta Administracio´n, es inconveniente ejecutar los convenios y contratos antes citados (…). Esto en virtud de que un particular administrari´a directamente el Programa, tarea que le corresponde al Instituto, encareciendo la vivienda en perjuicio de la clase trabajadora”, cita el informe y presentación de Penchyna al Consejo de Administración, de los que se tiene copia. Y aún cuando el mismo Consejo de Administración habí­a autorizado los contratos, el 31 de mayo de 2017, en la Sesión Ordinaria 794, emitió la Resolución RCA 5933/17 en la que se dio por enterado de la problemática respecto al PMH y de lo que, llamaron, posibles violaciones a la Constitución, según lo que seí±aló el informe de la Dirección General del Infonavit. En esa sesión, el Consejo autorizó al Director General continuar con las acciones “necesarias” para resolver el problema y emprender acciones legales contra quien resultara responsable. El Infonavit de David Penchyna ya habí­a presentado el 17 de enero de 2017 una denuncia por el presunto delito de uso ilí­cito de atribuciones y facultades contra quien resultara responsable de entre funcionarios y exfuncionarios del Infonavit, por haber violado la ley al firmar convenios mediante los que delegaron sus funciones y responsabilidades a un tercero, en este caso, la empresa TELRA. Más de dos meses después, el 29 de marzo de 2017, se nombró Coordinador General Jurí­dico del Infonavit a Alejandro Cerda Erdmann. Y al dí­a siguiente, el subdirector jurí­dico Octavio Tinajero Zenil presentó su renuncia. La actual administración del Infonavit de Carlos Martí­nez Velázquez, ante la pregunta de si el Infonavit realmente tení­a la capacidad de prestar el servicio de Movilidad Hipotecaria que se asignó a TELRA, respondió que “no tení­a ningún comentario al respecto”. También rechazó responder qué entregó la empresa cuando se rescindió el convenio firmado, o si el tiempo que ese estuvo vigente hubo avances en el PMH. Este equipo tuvo acceso al expediente completo de la investigación conocida como caso Telra-Infonavit. En él se incluye la denuncia de enero de 2017, pero también las muchas otras investigaciones que ya como Fiscalí­a General se abrieron por la comisión de otros supuestos delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero o defraudación fiscal contra el Infonavit y la Hacienda Pública. A la fecha, la carpeta cuenta con 28 tomos, más anexos. Nada se menciona sobre el papel del Consejo de Administración. La complicidad del Consejo de Administración del Infonavit Junto con la Asamblea General, el Consejo de Administración es uno de los máximos órganos de gobierno de Infonavit. Lo integran 15 miembros propietarios y un suplente por cada uno, designados por la Asamblea General: cinco son propuestos por los representantes del Gobierno Federal, cinco por los representantes de los trabajadores y cinco a propuesta de los representantes patronales. Los consejeros permanecen en el cargo durante seis aí±os; no pueden ser también miembros de la Asamblea General. (https://bit.ly/3gAr1Zt) Entre sus atribuciones, el Consejo aprueba las estrategias y lí­neas de acción del Instituto, las reglas para el otorgamiento de créditos y los castigos y quebrantos derivados de los créditos otorgados.

El 7 de noviembre de 2016, el Director General de TELRA entregó una carta a cada uno de los integrantes del Consejo de Administración como máximo órgano de gobierno del Instituto en la que seí±aló de actitudes y omisiones que hací­an que el Infonavit no cumpliera con el contrato y convenios firmados entre ambos; y advirtió de la “intención de generar competencia desleal e incluso plagiar derechos de propiedad” contra la firma de Rafael Zaga. Esta no serí­a la primera vez que el empresario inmobiliario se acercarí­a a los integrantes del Consejo de Administración para seí±alar supuestas irregularidades en la operación de los convenios firmados y ratificados por ellos mismos. En una carta pública publicada el 12 de mayo del 2021 en distintos diarios de circulación nacional, Rafael Zaga acusó a los 15 miembros del Consejo de Administración del Instituto de guardar silencio “respecto a las calumnias, presiones gubernamentales, abusos ministeriales y judiciales que han venido sucediendo en el asunto conocido como el caso TELRA/Infonavit”. “Tanto la decisión del Consejo de Administración del Infonavit para suscribir los contratos con TELRA, así­ como la de determinarlos de manera anticipada y finalmente cumplir con la obligación de indemnizarnos fue acordada por ustedes como órgano colegiado, tripartita e independiente, y por si fuera poco, lo hicieron de manera unánime y totalitaria”, seí±aló Zaga en su carta. El Consejo de Administración aprobó el primer convenio de colaboración entre el Infonavit y TELRA, a pesar de que se habí­a firmado sin su autorización. El mismo Consejo autorizó privatizar el problema de la vivienda abandonada, cediendo a TELRA la comercialización y compostura de éstas. El Consejo de Administración aprobó contrato tras contrato sin reproche y fue quien autorizó la viabilidad jurí­dica y técnica de los contratos. El mismo Consejo autorizó la indemnización a TELRA y el contrato de transacción mediante el cual se validó el pago de 3 mil millones de pesos por indemnización por daí±os, 2 mil 88 millones por perjuicios y 116 millones por las contraprestaciones. Finalmente, el Consejo también aprobó las acciones legales por los convenios con TELRA. Con una revisión de cada una de las actas aprobadas por el Consejo de Administración entre marzo de 2015 —que se ratifica el primer contrato con TELRA—, y agosto de 2017, cuando se da el visto bueno a la indemnización por la terminación de los convenios con Infonavit, se constata que al menos 9 consejeros participaron en todas las sesiones que involucra este caso. Es decir, desde la aprobación del contrato, la exclusividad para operar el Programa de Movilidad Hipotecaria con todas las concesiones y entrega de datos; hasta la supuesta inviabilidad jurí­dica del mismo PMH con TELRA y el contrato de indemnización que, después, serí­a objeto de denuncia por un supuesto fraude al Infonavit que el mismo Consejo de Administración autorizó. Esos consejeros son:

• Filemón Primitivo Arcos Suárez
• Marco Antonio Bazarte Maya
• José Carlos Torres Garcí­a
• Arturo Contreras Cuevas
• Abelardo Carrillo Zavala
• Armando Vera López
• Ricardo Navarro Bení­tez
• Eduardo Vázquez Mártinez
• Oscar Ernesto Vela Trevií±o

Cancelación de contratos y un nuevo ‘negocio’ Según David Penchyna, antes de entregar al Consejo de Administración el reporte que dio paso a la terminación de los contratos y convenios suscritos con TELRA, su equipo sostuvo, entre marzo 2016 y hasta agosto de ese aí±o, “múltiples pláticas” con la empresa para hacer ajustes. Dijo que solicitó acceso abierto a la Plataforma, a que se revisaran las cláusulas de exclusividad, a hacer una evaluación de la información para cuidar datos personales y que la firma entregara los algoritmos para que el Instituto tuviera control sobre el Programa de Movilidad Hipotecaria. Que intentó renegociar los convenios antes de solicitar terminarlos, pero no hubo respuesta favorable, acusó. La versión de TELRA es distinta. En noviembre de 2016, en un escrito dirigido y entregado a cada uno de los integrantes del Consejo de Administración, al que este equipo tuvo acceso, la compaí±í­a de los Zaga Tawil denunció que David Penchyna trabajaba desde abril de ese aí±o —apenas un mes después de iniciar funciones como director—, en un proyecto “que contempla el desarrollo de una plataforma tecnológica de inteligencia de negocios para ser administrada por el mismo Infonavit para operar la movilidad hipotecaria, a sabiendas de la existencia de los contratos celebrados en el Instituto y TELRA”. Acusó que las reuniones que Penchyna inició en marzo con TELRA tení­an más bien la intención de alargar el proceso de implementación del PMH, mientras la Dirección General planeaba su propio plan de trabajo para solucionar el mismo problema. Según su versión, lo primero que se acordó entre TELRA y la Dirección General de Penchyna fue el lanzamiento del Programa de Movilidad Hipotecaria en la Asamblea General Ordinaria 112 celebrada el 26 de abril de 2016, “situación que no aconteció”. “Durante los primeros 6 meses de la actual administración del Infonavit, el Director General, diversos subdirectores y funcionarios del Infonavit y asesores externos contratados por el Infonavit, sostuvieron reuniones aisladas con TELRA con la intención de conocer el Programa de Movilidad Hipotecaria y sus alcances, así­ como para “renegociar” los términos de los contratos celebrados entre ambas partes, sin concluir en ninguna de dichas reuniones en acuerdos por parte del Instituto (…) (…) so pretexto de conocer los alcances y caracterí­sticas del Programa de Movilidad Hipotecaria y renegociar los contratos, TELRA no ha podido sostener con los funcionarios que participan en la actual administración del Infonavit, las mesas de trabajo necesarias para continuar con el desarrollo e implementación del Programa”. TELRA acusó en esa carta que en sesión del Consejo de Administración del 27 septiembre de 2016, David Penchyna habí­a presentado el Sistema Nacional de Inteligencia Hipotecaria (SNIH), y que tení­a información de que ese nuevo sistema afectarí­a los contratos vigentes, “incluyendo la exclusividad autorizada” por el mismo Consejo. Según confirmó este equipo al revisar las actas de las sesiones del Consejo de Administración del Infonavit, David Penchyna sí­ presentó el SNIH en esa sesión del 27 de septiembre de 2016. Rafael Zaga, por su parte, dijo en entrevista que después de esa sesión de Consejo recibió reclamos por proponer una nueva opción al problema de movilidad hipotecaria. “Penchyna agarró la presentación que yo le entregué para explicarle el Programa (de Movilidad Hipotecaria), le cambió de nombre a Sistema Hipotecario, un legado Institucional y se metió al Consejo de Administración. Lo pidió como orden del dí­a para pedir 2,174 millones de pesos para un programa que yo tení­a la obligación de entregar de forma gratuita para ellos y entonces cuando a mí­ me llama el director del sector empresarial para insultarme porque le llegó la presentación (…) me llamó muy enojado, diciéndome: ¿Oye cabrón que vas a cobrar 2,144 millones de pesos para algo que dijiste que era gratis? Y yo de: cómo, ¿de qué me estás hablando? Y él me dice: Aquí­ el programa que autorizamos hace 3 aí±os es el mismo del que quieres 2,144 millones. Entonces hice esta carta para detener el gasto”, dijo Zaga en referencia al origen de la carta que entregó el 7 de noviembre de 2016  a los integrantes del Consejo. El Sistema Nacional de Inteligencia Hipotecaria (SNIH), se acusó en ese escrito, requerí­a una inversión de 2 mil 144 millones de pesos para crear una plataforma informática de inteligencia de negocios que “es igual a la que TELRA diseí±ó” y “que le harí­a competencia al Programa de Movilidad Hipotecaria”. “Lo que a todas luces contraviene con los propios contratos celebrados por el Infonavit con Telra, pues resulta en inclumplimiento a la exclusividad, propiedad intelectual y confidencialidad acordada”. En el escrito, Zaga recordó al Consejo de Administración que según los contratos vigentes, TELRA tení­a exclusividad y derechos de propiedad intelectual e industrial sobre cualquier sistema e información vinculada a la movilidad hipotecaria e insistió que ese Programa “fue aprobado por el Comité de Riesgos y el Consejo de Administración del Infonavit y ambos órganos colegiados aprobaron otorgar (…) una exclusividad por un plazo forzoso de 5 aí±os durante el cual dicho promotor tiene el derecho exclusivo para operar y administrar la Plataforma Informática y el Programa de Movilidad Hipotecaria”. Y fue más allá. Calificó de “ilógico” realizar una inversión millonaria para adquirir un programa “que el Instituto ya tiene”, y que “legalmente estarí­a impedido para utilizar”, dado la exclusividad de los contratos con TELRA. Rafael Zaga acusa a David Penchyna de plagio, de haber robado su idea para implementar soluciones a la movilidad hipotecaria; pero también de frenar las actividades dentro del Infonavit para que TELRA no pudiera avanzar con los compromisos de los contratos y convenios firmados. De frenar un proyecto que ya estaba en marcha para hacer su propio negocio. Para este reportaje, a David Penchyna se le solicitó, por primera vez, una entrevista el 17 de junio de 2021. A la fecha de publicación, no estuvo disponible. Lo que es un hecho, es que el 8 de junio de 2017, apenas unas semanas después del informe que David Penchyna entregó al Consejo de Administración, el Infonavit notificó a TELRA la terminación de los contratos; y que, en efecto, la Dirección del Infonavit presentó el plan para crear el Sistema Nacional de Inteligencia Hipotecaria (SNIH), lo que finalmente se materializó en un nuevo programa, presentado en mayo de 2018 y que hoy sigue vigente: Cambiavit. En marzo de 2019, la Asociación de Profesionales Inmobiliarios informó que Cambiavit habí­a tenido pocos resultados en sus primeros meses de implementación con solo 200 operaciones concretadas, contra las 125 mil que se preveí­an por cada aí±o de operación. Pero mientras la administración de Penchyna recibí­a luz verde para crear e implementar ese nuevo programa para dar salida al problema de vivienda, los Zaga Tawil no aceptaron el acuerdo para acabar con el convenio entre TELRA e Infonavit. Lo que hicieron fue, a partir de estimaciones y cálculos hechos por la firma Deloitte —diagnóstico del que este equipo tiene copia—, notificar al Infonavit que los daí±os y perjuicios por la terminación de los contratos ascendí­an a, por lo menos, 15 mil 700 millones de pesos; cantidad por la que negociarí­an la entrega de la propiedad intelectual del PMH, de la plataforma digital y los avances de su implementación. Tras algunas negociaciones, el 28 de julio de 2017, TELRA entregó una nueva cifra: 7 mil millones de pesos, más 120 millones por los derechos. Y semanas después, una cantidad menor: 4 mil 800 millones de pesos por daí±os y perjuicios, más 100 millones de pesos por derechos de propiedad intelectual. Lo que el Consejo de Administración del Infonavit finalmente aceptó. Entre el 10 de octubre de 2017 y el 9 de marzo de 2018, el Infonavit, con autorización del Consejo de Administración, pagó a TELRA tres mil millones de pesos por daí±os y mil 800 millones más IVA —2 mil 088 millones de pesos—, por perjuicios. Los otros 120 millones de pesos los pagarí­a cuando recibiera lo que llamaron ‘entregables’. El Consejo de Administración entonces instruyó a la Dirección de David Penchyna para analizar lo entregado por TELRA y determinar cómo continuarí­a con el plan para operar el PMH. El Instituto rechazó transparentar qué información recibió tras esta entrega. Pero, además de crear Cambiavit, que como ya se dijo tuvo pocos resultados, lo que hizo Penchyna fue iniciar lo que llamó “un proceso judicial de recuperación” de viviendas. Tras informar al Consejo de Administración que existí­an, al menos, 100 mil viviendas abandonadas que requerí­an rescate, después de que, dijo, se agotaron “instancias de negociación con los derechohabientes para que puedan tener esquemas para pagarlas, y han decidido no pagarlas”. Así­ es como arrancó la etapa de mayor gasto en despachos jurí­dicos de cobranza en la historia del Infonavit. Estrategia de cobranza La estrategia de la administración de David Penchyna para reducir la cartera vencida del Infonavit fue priorizar la recuperación de viviendas usando despachos de cobranza administrativa. Según respondió el Instituto a una solicitud de información realizada para este reportaje, entre 2016 y 2018 —con Penchyna en la dirección— pagó 17,112 millones de pesos por concepto de recuperación de vivienda a despachos de cobranza. Ese monto contrasta con los 2,681.5 millones de pesos que el Instituto pagó entre 2019 y junio de 2021, ya en la gestión de Carlos Martí­nez: 85% menos. Los números del Instituto muestran que la de Penchyna resultó en una estrategia fallida: en 2016, su primer aí±o como director, el Infonavit recuperó 16,973 viviendas de más de 50,000 que tení­a proyectadas. Al aí±o siguiente, preveí­a rescatar 48,305 casas, pero solo logró una quinta parte: 9,152 casas. En 2018 recuperó 11,514 viviendas, cuando lo trazado eran 53,385. Los malos resultados implicaron un gasto millonario, la cartera vencida del Infonavit no solo no disminuyó, sino que siguió aumentando. Cuando comenzó el sexenio de Enrique Peí±a Nieto, la cartera vencida del Instituto apenas superaba los 59 millones de pesos. Para 2018, último aí±o de Penchyna con el Infonavit, rebasó los 106.6 millones. Y en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ha crecido a más del doble, hasta alcanzar 272.6 millones de pesos en 2021. En total, durante el periodo 2014-2021 Infonavit ha desembolsado más de 27,723 millones de pesos en pagos a despachos por recuperación de vivienda ví­a cobranza administrativa. Esa cantidad supera el presupuesto total ejercido en 2020 por estados como Zacatecas, Campeche, Yucatán o Quintana Roo. Fraude al Infonavit y derechohabientes El pago de honorarios a los despachos de cobranza, según consta en los contratos, dependí­a de los avances en los juicios para recuperar las viviendas, lo que constituí­a un incentivo para que las firmas apresuraran los procesos. Este incentivo propició un entramado de corrupción que involucró a personal del Infonavit, despachos de cobranza, notarios, jueces, magistrados y otros miembros del Poder judicial de Nayarit y Coahuila. Carlos Martí­nez, actual director del Instituto ha declarado que el fraude pudo haber afectado entre 60 mil y 130 mil derechohabientes. En enero de 2017 —todaví­a con Penchyna al frente del Infonavit— se hicieron públicos los primeros casos de fraude a acreditados de Ciudad Juárez, Chihuahua. Mediante juicios masivos alejados del debido proceso, autoridades judiciales locales de Nayarit y Coahuila les quitaban la propiedad de sus viviendas y se las devolví­an al Instituto. Al dí­a de hoy seis jueces y 12 secretarios de acuerdo del Poder Judicial de Coahuila están suspendidos y vinculados a proceso. Lo mismo el Oficial de Partes del Centro de Justicia de Torreón, que asignaba la mayorí­a de los casos relacionados con recuperación de viviendas a los jueces hoy suspendidos. En Nayarit, el exmagistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Pedro Enrique Soto, permanece en prisión y es procesado por los delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, contra la administración, falsificación de documentos y fraude, todos en perjuicio de los derechohabientes del Infonavit. Ramón Marmolejo Coronado, otro exmagistrado, está detenido por el mismo asunto. La persecución de la FGR Una tarde de octubre de 2019, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, pidió a Rafael Zaga y a su abogado —sin un documento o petición oficial de por medio— que devolviera el dinero que el Infonavit pagó a TELRA por terminar el contrato de movilidad hipotecaria. “Nos dijo en su exposición que, en su opinión, algo debí­a de haber sucedido en la contratación entre el Infonavit y TELRA que era ilegal, y que por ello debí­amos devolver el pago de los 4 mil 800 millones de pesos”, contó Rafael Zaga por escrito a los fiscales que posteriormente llevarí­an su investigación. “De lo contrario, dijo, se me perseguirí­a ‘con toda la fuerza del Estado’”. Rafael Zaga se negó a devolver el dinero que recibió por la indemnización. Desde entonces, contra la familia Zaga se han iniciado distintas investigaciones por la comisión de los supuestos delitos de defraudación fiscal, lavado de dinero, recursos de procedencia ilí­cita y delincuencia organizada; gracias a denuncias presentadas por la Secretarí­a de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y la propia Fiscalí­a General de la República. A Rafael y Teófilo Zaga se les han congelado cuentas bancarias y se les han girado órdenes de aprehensión, a pesar de que la justicia les ha concedido distintos amparos. Desde mayo de este aí±o, Teófilo Zaga se encuentra detenido en el penal federal del Altiplano.

“A mí­ me van a madrear y me van a acabar, pero no me voy a doblar. Le pido a Dios todos los dí­as fuerza y a mi familia que me comprenda, yo por ningún motivo, y bajo ninguna circunstancia, voy a admitir haber hecho algo que no hice”, dijo en entrevista Rafael Zaga. Del otro lado, los hermanos André y Max ElMann entregaron al gobierno mexicano los 2 mil millones de pesos que se presumieron en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, y que se obtuvieron a solicitud del fiscal Gertz Manero, para cerrar la investigación contra ellos por el presunto fraude al Infonavit y el ví­nculo con los Zaga a través de otros negocios. Para formar parte del criterio de oportunidad que los librara de toda persecución, los ElMann se declararon culpables del cargo de recursos de procedencia ilí­cita, y los dos mil millones que entregaron estuvieron en un limbo legal por más de un aí±o, ya que no habí­a atribuciones para que el Infonavit y el Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), los recibieran. Y aunque el mismo Infonavit denunció en 2017 ante la entonces Procuradurí­a General de la República (PGR) el caso TELRA, esa primera investigación no contempló un posible fraude cometido tras el pago de indemnización que autorizó el mismo Consejo de Administración del Instituto, el giro de la indagatoria y la persecución contra los empresarios inmobiliario comenzó con el cambio de administración en el gobierno federal. El 20 de septiembre de 2018, justo en el periodo de transición entre el gobierno de Enrique Peí±a Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador, la PGR incluso resolvió el ejercicio de no acción penal en la demanda que habí­a presentado la dirección del Infonavit de David Penchyna. La entonces PGR consideró que no existí­a quebranto patrimonial al Infonavit, argumentó que las autoridades del Instituto no solo sabí­an de los contratos y convenios con TELRA; sino que también habí­an sido ellos mismos quienes determinaron finalizar la relación contractual y pagar una indemnización. Pero esa interpretación cambió por completo en enero de 2019, cuando un juez de control revocó esta decisión y reactivó el juicio. La actual Fiscalí­a General de la República, ya encabezada por Alejandro Gertz Manero, comenzó a investigar a los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, accionistas de TELRA, y ligaron a la indagatoria a los hermanos André, Max y Moises ElMann Arazi, por los negocios que compartí­an con los Zaga en el sector inmobiliario. A partir de esta fecha, la FGR solicitó de manera sistemática al Infonavit documentos sobre el Programa de Movilidad Hipotecaria: contratos, actas del Consejo de Administración, justificaciones de compra, etcétera. La Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia indagaba, en ese momento, el posible ejercicio abusivo de funciones dentro del Infonavit, cometido por funcionarios y exfuncionarios que entregaron contratos y concesiones a TELRA. Pero Alejandro Gertz decidió, primero, solicitar a Rafael Zaga la devolución de los recursos; y al negarse, se cambió por completo el rumbo de la investigación. Esta no serí­a la primera vez que se harí­a una solicitud de dinero como medida de reparación y perdón por delitos investigados por la FGR. El empresario Alonso Ancira, expresidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), por ejemplo, tras estar meses preso acusado de presunta corrupción, obtuvo su libertad en abril del 2021 luego de comprometerse a pagar al gobierno mexicano 664 mil dólares. Pero tras el rechazo de Rafael Zaga de regresar el monto de la indemnización, el 28 de enero del 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias tanto de los hermanos Zaga Tawill, como la de sus socios, los hermanos ElMann. Aún cuando los ElMann no forman parte de la empresa TELRA Realty, ni suscribieron el contrato de movilidad hipotecaria con el Infonavit, se les vinculó en el caso porque la empresa de los Zaga Tawil los seí±aló como garantí­a de experiencia en el sector inmobiliario para asegurar el contrato, al poner de ejemplo de experiencia en el ramo otros negocios y sociedades que las familias poseen. “Sus accionistas (de TELRA) forman parte del grupo denominado e-Group, que es un conjunto de entidades mexicanas, formadas por individuos y empresas, las cuales se encuentran verticalmente integradas, y que se dedican a la adquisición, desarrollo, renta y operación de desarrollos inmobiliarios, cuyos fundadores son Moisés El-Mann Arazi,  Rafael Zaga Tawil, André El-Mann Arazi y Teófilo Zaga Tawil”, seí±ala una de las justificaciones de compra directa del Infonavit al proyecto de TELRA, como se explicó antes en este reportaje. Además, conforme avanzó el trabajo de TELRA con el Infonavit, en algún momento también propusieron que serí­an los hermanos ElMann quienes manejarí­an el Programa Piloto de Regularización de Cartera del Régimen Especial de Amortización Ví­a Fideicomiso (Fideicomiso REA), desde donde se comprarí­an y venderí­an casas a través de los créditos del Infonavit. Según la versión de Rafael Zaga, cuando se dio el congelamiento de cuentas por la indagatoria de FGR, los hermanos ElMann le pidieron que el pago de miles de millones de pesos que solicitó la fiscalí­a se hiciera a través de TELRA. “Me llamo Max (ElMann) y me dijo ‘me está llamando esta persona, y ya se me puso cabrón. Yo digo que vamos a necesitar pagar entre 2 y 3 mil (millones), por favor, los ponemos nosotros pero tiene que ser a través de TELRA’”, contó Zaga en entrevista. “Yo le dije claramente, y en uno de los chats se los digo, ni con tu dinero lo voy a hacer, conmigo no cuentan para nada (…) defiéndete cabrón, yo no voy a firmar ese documento, yo no voy a reconocer haber hecho algo ni aunque me des más dinero, eso no es un tema de dinero”. El 29 de enero de 2020, un dí­a después del congelamiento de cuentas, el abogado de los ElMann, Roberto Luis Garcí­a González, ofreció ante el í“rgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la FGR un acuerdo reparatorio con el pago de 2 mil millones de pesos, y solicitó el ejercicio de no acción penal contra de los hermanos. “(Los hermanos ElMann) niegan tener responsabilidad penal alguna en los hechos que originaron la carpeta de investigación en que se actúa”, dijo el abogado en comparecencia con la FGR en enero del 2020. “Sin embargo, toda vez que la operación descrita en el antecedente del presente documento ha sido cuestionada por la Fiscalí­a General de la República, con la única finalidad de dar por concluida la controversia en Ia que se les relaciona, acceden voluntariamente al presente mecanismo alternativo de solución de controversias en los términos que se establecen en las cláusulas del presente acuerdo reparatorio”. Se buscó a la famili ElMann para este reportaje, pero rechazaron dar su versión en entrevista. El acuerdo donde los hermanos ElMann se comprometen al pago de 2 mil millones de pesos no tuvo la firma del actual director del Infonavit Carlos Martí­nez Velázquez, pero en abril de este aí±o Infonavit sí­ recibió el dinero. Se le preguntó al Infonavit por qué Martí­nez Velázquez no firmó el acuerdo, y pese a ello recibió los recursos. La respuesta: “la actual Administración del Infonavit no tiene ningún comentario al respecto”. La danza de los dos mil millones El dí­a que el fiscal Gertz Manero entregó en la maí±anera el cheque por 2 mil millones de pesos, en realidad entregó un cheque sin fondos. Dos semanas antes, el 30 de enero del 2020, André ElMann emitió el cheque 57753683 de BBVA Bancomer por mil millones de pesos, mientras que Max ElMann realizó otro con número 84301695 de BBVA Bancomer por mil millones más; ambos cheques seí±alan al Infonavit como beneficiario. Oscar Javier Priego Berezaluce, Coordinador General Jurí­dico del Infonavit, reconoció en un oficio el 6 de febrero de ese aí±o haber recibido los cheques y se comprometió a entregarlos al Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Sin embargo, el acuerdo reparatorio suscrito el 31 de enero con el que se entregan los cheques para exculpar a los ElMann y se desbloqueen sus cuentas, no obtuvo la firma de Carlos Martí­nez Velázquez, el titular del Infonavit. Estos cheques no se cobraron y André y Max Elmann tuvieron que girar dos cheques nuevos por mil millones de pesos cada uno. Entonces, el 10 de febrero del 2020, el abogado de los Elmann, Ricardo Contreras Gómez, entregó los cheques 0006089 y 0006090, también de BBVA, pero en lugar de poner como beneficiario al Infonavit, lo hizo a nombre de la Fiscalí­a General de la República. Otro dato. Esto se concreto a las 19:00 horas de ese 10 de febrero, doce horas después de la conferencia de prensa del presidente López Obrador, según consta en el Oficio Número UEIDCSPCAJ-033/2020 que emitió la misma FGR. Los recursos también fueron motivo de choque entre la Fiscalí­a y el Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado. El 17 de febrero del 2020, la Fiscalí­a General de la República entregó en custodia al Indep, los 2 mil millones de pesos que pagaron los ElMann por segunda vez. Sin embargo, el Indep solicitó dos semanas después, mediante un oficio, copia certificada del aseguramiento de los dos mil millones de pesos. Este documento no tuvo respuesta de la FGR. Al no obtener respuesta, el Indep solicitó de nuevo copia certificada del aseguramiento el 2 de junio de ese aí±o y, 27 dí­as después, emitió un tercer oficio con la misma solicitud. “En la carpeta de investigación no existe acuerdo de aseguramiento respecto de la cantidad de  $2,000,000,000 (Dos mil millones de pesos 00/100 M.N.) que fue consignada al lnstituto para Devolver al Pueblo lo Robado para su custodia”, seí±ala la respuesta de la Fiscalí­a emitida luego del tercer oficio. Ahí­, la Fiscalí­a aclaró que los cheques se emitieron de manera voluntaria por André y Max ElMann, con la finalidad de garantizar el pago de la reparación del daí±o en la carpeta de investigación en la que existí­a una indagatoria en su contra. “Este Instituto sólo cuenta con atribuciones para recibir y administrar numerario asegurado en procedimientos penales federales, hasta en tanto la autoridad competente determine el destino, situación que no es aplicable en el caso que nos ocupa”, respondió el Indep en un cuarto oficio el 27 de julio del 2020, volviendo a solicitar a la FGR los documentos necesarios para la recepción formal de los recursos. El 5 de noviembre de 2021, el Infonavit respondió para esta investigación que: “en el transcurso del 2021, el Infonavit recibió los 2 mil millones de pesos por instrucciones de la Fiscalí­a General de la República por concepto de reparación de daí±o al ser reconocido como ví­ctima en la carpeta de investigación”. Pero sobre la pregunta especí­fica de cómo se decidió, bajó que acuerdo, que el monto se turnaran del Indep al Infonavit, respondió, de nuevo: “la actual Administración del Infonavit no tienen ningún comentario al respecto”. Pero hay otro detalle del acuerdo que firmaron los ElMann y que permitió que 2 mil millones regresaran al Infonavit: en ningún momento informaron a la Bolsa Mexicana de Valores que habí­a una investigación en su contra o que sus cuentas habí­an sido bloqueadas, y mucho menos que pagaron una reparación ni el origen de esos recursos. Esto, a pesar de que su empresa Fibra Uno cotiza en Bolsa. Esto se confirma en el Oficio 211-1/110-40973-JFSG/2021, emitido el 25 de enero del 2021. La Directora General Adjunta de Delitos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda que André, Max y Moussa ElMann Arazi “realizaron acciones contempladas en la fracción II del artí­culo 383 de la Ley del Mercado de Valores”. Es decir, que omitieron notificar a la CNBV de información relevante acontecida. Esa información fue la emisión de dos cheques de mil millones de pesos, cada uno, para apegarse a un criterio de oportunidad por una investigación abierta en su contra. En teorí­a, se establecen de cinco a diez aí±os de prisión a quienes oculten u omitan revelar información relevante a la CNBV. La estrategia de Zaga: no pagar a FGR Mientras los cheques de los ElMann pasaban del Infonavit a la FGR y al Indep, sin poder ser cobrados, los hermanos Zaga siguieron otra estrategia. Negados a entregar recursos a la Fisc