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AMLO pide información sobre masacre en Allende

Atraerá FGR investigaciones.

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Atraerá FGR investigaciones.

Por Agencia Reforma

Saltillo, Coah.- La Fiscalí­a General de la República atraerá las investigaciones de la matanza de Allende y los crí­menes del penal de Piedras Negras que no fueron investigados en su momento por la autoridad federal.

El delegado en Coahuila del Gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, afirmó que parte importante de la indagatoria incluirá a las autoridades “de alto nivel” que se enteraron de los hechos, pero omitieron actuar.

“La Fiscalí­a va a iniciar la atracción del caso Allende y la matanza del penal de Piedras Negras y todo lo que involucra esos hechos lamentables, como una obligación de competencia y como una obligación de hacer justicia en este tema”, afirmó.

Las investigaciones de la matanza de Allende y los crí­menes del penal de Piedras Negras serán atraidos por la Fiscalí­a General de la República

“Uno de los grandes mensajes de la Fiscalí­a Autónoma será el retomar los casos que han sido emblemáticos de impunidad y protección, los casos de Allende y Piedras Negras, casos que no pueden pasar a la historia de esa manera, aún estamos a tiempo que, dentro de la debida proporción, haya justicia y caigan los funcionarios públicos que solaparon este tipo de atrocidades”, expresó El delegado en Coahuila del Gobierno federal, Reyes Flores Hurtado.

El 18 de marzo de 2012, un “ejército” de sicarios bajo el mando de los Zetas irrumpió en el municipio de Allende, donde más de 300 personas habrí­an sido asesinadas e incineradas, incluyendo hombres, mujeres, nií±os y ancianos.

Entre 2009 y 2012, el penal de Piedras Negras fue usado como cuartel del grupo criminal, donde escondí­an a elementos buscados, “clonaban” vehí­culos militares y uniformes, además de ingresar personas, torturarlas, asesinarlas e incinerarlas.

Entre las autoridades que están en la mira de la Fiscalí­a estarí­an el exgobernador interino, Jorge Torres López, preso y en proceso de extradición a Estados Unidos; el entonces secretario de Gobierno, David Aguillón Rosales, y el entonces procurador de Justicia, Jesús Torres Charles, destituido en febrero de la Administración Central de Investigaciones del SAT.

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