Se ignora la Ley del Presupuesto que etiqueta excedentes para pagar deuda e inversión pública productiva.
Por Reforma
Saltillo, Coahuila.- La Administración de Miguel íngel Riquelme recibió en medio aí±o de gestión excedentes presupuestales por 3 mil 991 millones de pesos que, según la misma información del Gobierno, destinó a rubros como nómina, pago de asesorías e imagen, entre otros.
Para el caso de ingresos extraordinarios, la Ley del Presupuesto de Coahuila establece que la mitad de ellos debe destinarse al pago de deuda y el resto en inversión pública productiva.
Adicionalmente, el gasto de los recursos debe pasar por la aprobación del Congreso, un âdetalleâ que el Ejecutivo pasó por alto.
Al analizar la información al cierre de junio, la diputada panista María Eugenia Cázares Martínez, integrante de la Comisión de Finanzas, encontró que, en lugar de destinarlo a los rubros que marca la ley, el Gobierno de Riquelme gastó los excedentes en ramos que no están contemplados en la legislación.
âLlama la atención el incremento del Capítulo Servicios Generales por mil 331 millones 489 mil pesos, teniendo su principal aplicación en el concepto de servicios profesionales, científicos técnicos y otros servicios por 731 millones 428 mil pesos y en el concepto de Servicios de Comunicación social y publicidad por 48 millones 495 mil pesosâ, dice la diputada. âAsimismo, se cuestiona el decremento en el concepto de deuda pública por 203 millonesâ.
Para el 2018, Riquelme contaba con un presupuesto de egresos de 47 mil 701 millones 551 mil 405 pesos aprobado por el Congreso.
En su informe trimestral a mitad del aí±o, el ingreso creció en casi 4 mil millones de pesos, de los cuales destinó 697 millones para el pago de nómina, 142 para materiales y suministros y 711 millones al rubro de transferencias, subsidios y otras ayudas.
La diputada resaltó que el Artículo 102 de la Constitución de Coahuila pone límites al Ejecutivo en materia de recursos excedentes.
âNo se hará ningún gasto que no esté comprendido en el Presupuesto o haya sido autorizado por el Congreso. La infracción de este artículo hace responsable a la autoridad que ordene el gasto y al servidor público que lo ejecuteâ, dice el texto constitucional.
Cázares presentó este miércoles ante el Pleno del Congreso, un punto de acuerdo para que el Legislativo llamara al secretario de Finanzas a aclarar el gasto de los recursos excedentes, sin embargo, los 10 diputados del PRI, una diputada de Morena, un diputado por UDC y la única diputada del PRD sumaron los 13 votos necesarios para rechazar la petición.
