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Mexicanos piensan que violar la ley no es malo: encuesta UNAM

La encuesta revela detalles sobre la idiosincracia mexicana: se desea que la ley valga, pero por el otro lado un alto porcentaje está dispuesto a romperla "si no te atrapan".

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La encuesta revela detalles sobre la idiosincracia mexicana: se desea que la ley valga, pero por el otro lado un alto porcentaje está dispuesto a romperla "si no te atrapan".

Por: El Universal

Ciudad de México, febrero 5.- Los mexicanos están de acuerdo en violar la ley, ejercer justicia por su propia mano y en la corrupción de los funcionarios públicos, encontró la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: los mexicanos y su Constitución, que elaboró el Instituto de Investigaciones Jurí­dicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De manera más detallada, el estudio seí±ala que 25% de la población piensa que romper la ley no es malo, lo malo es ser descubierto; casi 46.6% de los mexicanos dice que los miembros de una comunidad tienen el derecho de ejercer la justicia por su propia mano; y 27.3% está de acuerdo con que un funcionario público puede aprovecharse de su puesto “si hace cosas buenas”, reveló el estudio elaborado en el marco del centenario de la promulgación de la Constitución de 1917.

Al detalle, el estudio encontró que uno de cada cuatro de los mil 200 encuestados está de acuerdo con la frase “Violar la ley no es tan malo, lo malo es que te sorprendan”. En una escala de cero a 10, en donde cero es no respeta nada y 10 es respeta mucho, consideraron una calificación promedio de 6.3 a la pregunta de “¿qué tanto cree que las personas respetan la ley?”, y de 7.7 puntos al hablar del respeto que personalmente tienen de la ley.

A pesar de considerar que no se cumple la ley, la investigación demuestra la alta valoración que la mayorí­a de los entrevistados tiene de ella, la cual es percibida como un ideal de forma de vida.

Al preguntar “¿qué es más importante para usted?” 57.1% eligió “una sociedad donde se apliquen y respeten las leyes”; 55.4% dijo que “una sociedad sin delincuencia”; 42.8% eligió “una sociedad donde existan menos diferencias entre ricos y pobres”; y “una sociedad más democrática” recibió 24% de las preferencias.

En este sentido, el estudio encontró que la cultura de la legalidad es percibida como algo alejado de la vida cotidiana: como algo exigible a los polí­ticos y poderosos, o bien como un ideal deseable, pero inaccesible.

Mientras que el deseo de encontrar la justicia o la resolución de conflictos personales ha llevado a 46.6% de los encuestados a tomar justicia por su propia mano, ante la desconfianza y percepción negativa de las instituciones que imparten justicia y la percepción de impunidad en el paí­s; mientras que 47% dijo estar de acuerdo, o parcialmente de acuerdo con que se torture a un detenido para que confiese un delito.

Hay una fuerte creencia de que las leyes debieran aplicarse estrictamente; por la otra, una gran desilusión por las fallas y dificultades persistentes en su aplicación. Así­, 80.9% está de acuerdo con la frase “Las leyes tienen que cumplirse estrictamente si queremos conservar nuestra forma de vida”, mientras que el 27.3% estuvo de acuerdo con que un funcionario público puede aprovecharse de su puesto si hace cosas buenas.

“Ello muestra un endurecimiento de la población debido al incremento de la inseguridad y la violencia en las últimas décadas, a la vez que plantea tensiones con los derechos humanos, que en opinión de la mayorí­a de los encuestados se deben respetar estrictamente”.

El reporte encontró que la democracia mexicana está “cimentada sobre una débil cultura de la legalidad, fruto de la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones, de los elementos autoritarios presentes en segmentos de la población a lo largo del paí­s, de la percepción negativa del desempeí±o de las instituciones y funcionarios encargados de la procuración y administración de la justicia”, seí±aló la UNAM en un comunicado.

“A ello se suman factores como un bajo sentido de eficiencia del ciudadano frente a las autoridades, los vestigios del presidencialismo, la desigualdad social y la exclusión, que amplí­an las diferencias entre los diversos sectores de la sociedad y la ausencia de una tradición de exigencia de cuentas”.

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