Por: Milton Malacara

Monclova, Coahuila.- La jueza Ruth Huerta Haggi pidió correcciones al avalúo de Altos Hornos y exigió mayor información sobre los peritajes de sus activos.

Invalidar el informe que presentó el síndico Víctor Manuel Aguilera, puso en jaque la esperanza de miles de obreros y acreedores que buscan recuperar su sueldo e inversiones.

El fallo judicial señala graves deficiencias en el documento clave que fijaría el valor de la empresa. Según la resolución, las firmas electrónicas del peritaje no cumplen con los rigurosos estándares de seguridad y legalidad, lo que las deja sin validez ante la ley, por lo que esta irregularidad no solo cuestiona la fiabilidad del avalúo, sino que también introduce un nuevo elemento de incertidumbre en el ya prolongado caso.

Huerta Haggi fue contundente al dictaminar que sin un avalúo legalmente válido no se puede avanzar en el proceso de quiebra; esta decisión, aunque técnica, tiene consecuencias directas y profundas.

Altos Hornos de México confirmó que la Jueza invalidó el avalúo, pero calificó el proceso como “normal”.

La empresa insiste en que estas acciones no dilatan el proceso ni ponen en riesgo la certeza jurídica.

      “Es parte normal del proceso, que la Jueza pida correcciones, especificaciones o que solicite más información. Son cuestiones que se pueden subsanar rápidamente y no ‘desbarata’ nada, ni retrasa el proceso”, señala el comunicado.

La aclaración surge luego de que un tribunal federal frenó la venta de los activos tras declarar inválido el avalúo presentado por el Síndico.

En su mensaje, AHMSA acusa a las notas periodísticas que reportan la situación de generar confusión y “alboroto” entre los trabajadores.

La empresa manifiesta que “en unos casos se pide ampliar la información, en otros cambiar un término”, pero que no se trata de irregularidades o anomalías como se ha manejado. “Lo único que está en riesgo con este tipo de notas es que la gente se confunda más y se alarme a los trabajadores”, concluye el texto.

Las fallas

El Tribunal encontró que el documento no especificaba con claridad cuáles activos se venderían ni cómo se distribuirían los ingresos entre las distintas empresas que conforman el grupo.

La omisión, según el Juzgado, haría imposible garantizar que los acreedores de cada filial reciban una compensación justa y equitativa.

El Tribunal ha ordenado al Síndico responsable corregir de inmediato todas las fallas detectadas. La advertencia es clara: La etapa de quiebra demanda celeridad y total transparencia; la Jueza señaló que de no subsanarse los errores con urgencia, existe el riesgo inminente de que los acreedores, incluidos ex empleados, pequeños proveedores y grandes instituciones financieras, se queden sin la posibilidad de recibir la compensación que les corresponde. 

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