Ciudad de México.- Los argumentos del Gobierno mexicano contra empresas fabricantes y distribuidoras de armas en Estados Unidos serán presentadas mañana en una audiencia pública que se realizará en la Suprema Corte estadounidense.
El gobierno mexicano demandó a las armerías desde 2021 y pretende demostrar que tienen conocimiento de que sus productos acaban de manera ilegal en México, por lo que la Ley para la Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) no aplica para darles inmunidad.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el máximo tribunal estadounidense analizará si las empresas demandadas gozan de inmunidad, aún cuando sus prácticas facilitan el tráfico ilícito de armas hacia México.
“Mañana es un día histórico…, la demanda del gobierno de México, que al final es la demanda de las mexicanas y de los mexicanos por conducto del gobierno de México, se va a escuchar ante la Suprema Corte de los Estados Unidos. Hemos avanzado mucho y hoy día, ante la amenaza de aranceles, el señalamiento de que México hace poco por evitar el tráfico de fentanilo, el tráfico de personas migrantes, México está llevando el tema del tráfico de armas a su máximo foro judicial, la Suprema Corte. Saber si México gana o pierde, eso se sabrá quizás en el verano, y habrá muchos matices”, indicó Alejandro Celorio, actual asesor internacional senior de la organización civil Guernica 37, y quien coordinó las dos demandas civiles por daños contra empresas y tiendas de armas en los Estados Unidos interpuestas por el Gobierno mexicano.
“Pero ¿qué es lo importante? Señalar que sí hay preocupaciones genuinas contra el tráfico de fentanilo y el tráfico de armas, se tendrá que entender en los Estados Unidos que quienes trafican a personas y trafican sustancias están empoderadas por esas armas provenientes de Estados Unidos”, agregó.
Para el experto, debe haber una relación de responsabilidad entre México y Estados Unidos.
“Dice Estados Unidos, detengamos sustancias ilícitas. México, detén el flujo de migrantes. México, detén las armas. No. Si tú detienes las armas, la acción del Estado, de ambos Estados Unidos y México, será más efectiva contra los traficantes de sustancias. Las personas dejarán de salir de sus localidades por cuestiones de violencia, dejarán de emigrar y la situación regional será mejor”, aseguró durante el foro el Camino de México, Menos Violencia, Más Economía, celebrado este lunes en la Cámara de Diputados.
Precisó que las demandas civiles por daños son dos, una presentada en Boston, Massachusetts, contra ocho empresas que manufacturan, distribuyen y venden armas, y otra en Tucson, Arizona, contra cinco empresas que venden armas.
Afirmó que el 75 por ciento de las armas que se encuentran en México provienen de los Estados Unidos.
Indicó que mientras en México sólo existe una tienda donde se venden armas de fuego, administrada por la Secretaría de la Defensa, y no cualquiera puede adquirir un arma, en Estados Unidos hay decenas de miles de puntos de venta para que ciudadanos puedan comprar armas.
“Esas armas son adquiridas y son traficadas a nuestro país. ¿Para qué son traficadas a nuestro país? Para que las utilice el crimen organizado, pero no nada más los grandes grupos de crímenes del crimen organizado que vemos en las narcoseries de las plataformas en línea. También las adquieren personas que cometen feminicidios o que nos someten a un asalto, a una extorsión o simplemente generan miedo en las calles de nuestras ciudades. Tenemos un problema de tráfico de armas desde los Estados Unidos que se ha mantenido por décadas. El gobierno de México ha trabajado por mucho tiempo con los Estados Unidos para tratar de limitar el número de armas que proceden de aquel país”, apuntó.
Aseguró que mientras en los ochenta, noventas, el crimen poseía armas pequeñas, a partir del 2005, 2006 se ha dado un incremento en la cantidad de armas y el poder de fuego del crimen organizado. “Grupos como los Zetas, en Tamaulipas, se empezaron a adquirir armas de tipo militar”.
Advirtió que se estima que alrededor de 5 millones de armas están circulando actualmente en manos de civiles.
REFORMA publicó que a principios de febrero el consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Arrocha, se reunió en Washington D.C. con los representantes legales de México para abordar las demandas contra fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos.
En el encuentro estuvieron presentes Jonathan Lowy, presidente de Global Action Against Gun Violence, y el abogado Steve Shadowen, representantes legales del Gobierno mexicano.
La Cancillería informó que el consultor jurídico supervisó la preparación de la audiencia que se celebrará mañana 4 de marzo en la Suprema Corte de Estados Unidos, como parte de la demanda presentada por el gobierno de México ante una corte federal en Boston, Massachusetts, contra ocho empresas fabricantes y distribuidoras de armas en 2021.
Asimismo, apuntó que fue discutida la estrategia a seguir en la demanda que se presentó un año después en Tucson, Arizona, contra cinco tiendas en ese estado fronterizo.
Este segundo litigio, aseguró, ha avanzado favorablemente para México a una nueva etapa para recabar evidencia.
De acuerdo con la SRE, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos publicó que estima que anualmente se trafican ilegalmente hacia México alrededor de 200,000 armas provenientes de ese país.
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