Por: Agencias Proceso
CDMX, México; 23 de junio.- La llegada de una mujer a la Presidencia de México está lejos de reflejar la realidad que vivieron cientos de mujeres obligadas a renunciar a sus candidaturas debido a presiones de hombres reticentes a que ellas asuman cargos de decisión importantes.
En el reciente proceso electoral la alerta la dio Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), cuando reveló que 217 mujeres renunciaron a sus candidaturas en Zacatecas. La mayoría de ellas argumentó que se hicieron a un lado por “cuestiones personales”, salud o desarrollo profesional. Muy pocas reconocieron públicamente que fueron presionadas o las utilizaron para “apartar” los lugares que después podrían darles a otras personas.
Presidenta fundadora de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad de la República Mexicana, Josefina Meza Espinosa expone: “No somos bienvenidas en la toma decisiones públicas. Lo que buscan son mecanismos para demostrar que no están contentos. Los mensajes más claros son los asesinatos de dos candidatas”. Ellos quieren manejar aún el tema de la paridad, agrega.
La red contactó a las mujeres zacatecanas y “vimos que los motivos no eran tan personales. Uno de los principales es que no les dieron dinero para sus campañas”. Si querían seguir en la contienda, ellas tenían que financiarse.
También “hubo una cerrazón de espacios para las mujeres que sí tienen liderazgo, pero al hacer las coaliciones, quienes tomaron las decisiones fueron los señores”.
El tema lo tomó Humphrey en el INE. Lo expuso en un consejo general y lo dejó por escrito. También lo abordó en una mesa de consejeros electorales donde solicitó que la prueba piloto de la defensoría que impulsó le diera seguimiento. Explica la consejera en entrevista:
“Fue una nota que no cayó nada bien por allá. Nos criticaron a mí y a una colega el secretario de Gobierno (de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza) e incluso nuestro propio vocal ejecutivo. Su argumento es que fue dentro del plazo de renuncias. Pero llamó la atención el número.
Las renuncias debían ser ratificadas por las afectadas para informarlas de sus derechos. Entre las causas que argumentaron están que fueron registradas sin su consentimiento, por cuestiones personales, para cambiarse de un partido político, por cuestiones de inseguridad, de salud, de estudios, no tener tiempo, cuestiones laborales, no ser de su interés participar porque se habían registrado sólo para que el partido pudiera apartar el lugar mientras decidía quién sería la candidata, o porque al final el partido no respetó los acuerdos.
La prueba piloto de defensoría en el INE detectó tres casos que pudieron constituir violencia política en razón de género porque las obligaron a renunciar. Se acercaron dos de ellas y el instituto les ofreció asesoría, pero no quisieron presentar la queja. Los casos no se pueden seguir de oficio.
Detrás de la negativa para formalizar la denuncia puede estar el mismo sistema de violencia política en razón de género. Dice la consejera: “Puede ser que haya afectaciones que no conozcamos; por ejemplo, que estén amenazando a la familia, a su entorno laboral, o puede haber alguna otra consecuencia que no estemos viendo”.
HDC
