Por: Agencia Reforma
Ciudad de México.- Mandos del 35 Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, ordenaron elaborar un informe falso y presionaron a sus subordinados para firmarlo y ratificarlo en declaraciones ministeriales, con la finalidad de encubrir el asesinato de un civil en 2009.
El Coronel de Infantería, Élfego José Luján Ruiz, comandante del Batallón -hoy condenado a 33 años de prisión por la ejecución de dos desertores el Ejército-, y el Teniente de Infantería, Bonifacio Juárez Salazar, son señalados de desviar las investigaciones y culpar a inocentes.
De acuerdo con las constancias judiciales, ambos amenazaron a sus subordinados con “tablearlos” y hasta con la cárcel, con tal de que firmaran las actas y ratificaran en sus testimonios la versión oficial.
El 30 de abril de 2009, elementos del Ejército reportaron que habían detenido a Carlos Martínez Suárez en una camioneta Ford negra, estacionada en una carretera del poblado de Gómez Farías, con un pistola y 18 paquetes de mariguana.
En un principio, los militares indicaron que el operativo fue encabezado por el Teniente de Infantería, Bonifacio Juárez Salazar, y que participaron el cabo Joaquín Sebastián del Ángel, el sargento Inocencio Flores Solano y los soldados Ovidio Andrés Vázquez Muñoz, Noé López López y Mario Alberto Martínez Gamboa.
En el oficio de puesta a disposición, suscrito por Sebastián y Vázquez, relatan que trasladaron al detenido al puesto de mando de la Operación Conjunta Chihuahua, en Ciudad Juárez, para que le practicaran una valoración médica y pesaran la droga.
Antes de la valoración, Martínez Suárez presentaba una cicatriz en la región frontal -ocasionada dos años antes- y dermoabrasión en codo izquierdo, además de que dijo padecer un síndrome ulceroso bajo tratamiento médico.
El detenido fue certificado por un médico militar que señaló que su estado “era estable y sin datos de complicación aguda”. Después, lo llevaron a la sede de la entonces Procuraduría General de la República en Juárez.
Sin embargo, poco después fallecería de “shock séptico consecutivo a contusión profunda en el abdomen”.
Esta versión fue sostenida en un principio por todos los militares; unos ratificaron el parte informativo y otros repitieron los mismos hechos en declaraciones ministeriales.
Al descubierto
Años después, los militares declararon que eran falsos todos los hechos inscritos en la puesta a disposición y que fueron amenazados para no dar una versión distinta a la oficial.
La operación para encubrir el crimen aparentemente fue ordenada por el Coronel Luján Ruiz, comandante del Batallón, y el Teniente Juárez Salazar, de acuerdo con testimonios de los soldados.
Luján Ruiz está purgando una condena de 33 años de prisión por ordenar la tortura, ejecución e incineración de dos desertores del Ejército, que aparentemente se habían unido al grupo criminal de La Línea, brazo armado del llamado Cártel de Juárez.
Por la muerte de Carlos Martínez, la Fiscalía Militar encarceló en 2014 al cabo Joaquín Sebastián del Ángel y al soldado Ovidio Andrés Vázquez Muñoz, firmantes de la puesta a disposición, quienes fueron procesados por los delitos de homicidio y abuso de autoridad.
Pero, según constancias judiciales, con el tiempo se demostró que ninguno de ellos participó en la captura, pues sus nombres no están en la lista de 21 militares que el 30 de abril de 2009 integraron la Fuerza de Reacción inmediata que intervino en la localidad de Gómez Farías.
Varios integrantes del Batallón también admitieron años después que, contrario a lo que declararon en un principio, los dos acusados no participaron ese día en las operaciones.
El cabo Sebastián relata que el día de los hechos, cuando estaba adscrito en el puesto de control La Fortuna, el Coronel Luján Ruiz ordenó que se trasladara a la Guarnición Militar de Ciudad Juárez.
En ese lugar, el Teniente Juárez Salazar les ordenó a sus subordinados poner a disposición al detenido que ya tenían allí.
“El Teniente Bonifacio Juárez Salazar se dirigió hacia nosotros, ordenándonos al soldado de infantería Ovidio Andrés Vázquez Muñoz y a mí que pusiéramos a disposición a una persona a la que yo desconozco totalmente. El soldado y yo nos negamos a cumplir la orden, pero el Teniente de Infantería Bonifacio Juárez Salazar nos volvió a ordenar con voz altanera, presionándonos, diciéndonos palabras altisonantes que él no sabía qué ‘pinchi miedo teníamos de poner a disposición a ese ‘pinchi cabrón'”, relata el cabo Sebastián del Ángel.
“Nos dijo que nos tablearía y que nos arrestaría para que el soldado y yo nos aliviáramos y que teníamos que cumplir la orden. Los documentos de la puesta a disposición ya elaborados nos los entregó un mayor del Ministerio Público Militar, y que así como estaba escrito en el documento de la puesta a disposición era lo que teníamos que decir”.
ACS
