Por: Agencia Reforma
Ciudad de México.- “No soy traidor a mi institución, todo lo contrario”, afirmó el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, contra quien el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) promovió un acta administrativa por considerar que sus críticas hacia el Tren Maya lo perjudicaban.
“Quiero pasar como un arqueólogo –como hoy existen muchos– honesto y claro y no como un traidor a la patria (…) Prefiero que me llamen denunciante o, como me dijo el director general (del INAH, Diego Prieto): el arqueólogo ‘de sangre azul’, pues prefiero que se burle de mí, pero no soy traidor a mi institución, todo lo contrario. Conozco perfectamente la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y sé hasta dónde podemos llegar”, puntualizó durante su participación en la mesa de análisis “Tren Maya. Testimonio desde la historia y la arqueología”, inscrita en el ciclo Ideología, Política y Cultura.
En este encuentro, coordinado por el antropólogo Bolfy Cottom, participaron el también antropólogo Juan Sandoval y el arqueólogo Felipe Echenique, quienes expusieron el saqueo y la especulación de la tierra propiciados por la obra ferroviaria, así como la omisión de las autoridades ante las denuncias presentadas.
“Como se esperaba, se han realizado importantes hallazgos arqueológicos y efectivamente las aportaciones novedosas de la investigación serán valiosas y amplias. Es verdad que habrá que replantear y reajustar la concepción que se tiene hasta ahora sobre la cultura maya. El conocimiento se va enriqueciendo, pero: ¿a cambio de qué?”, cuestionó Cortés de Brasdefer.
A cambio de la destrucción, se respondió el arqueólogo de Quintana Roo, quien ha definido al tren como “la obra ambiental y cultural depredadora más grande de que se tenga noticia en los tiempos modernos”.
El INAH, una gran institución, ahora atraviesa por su peor etapa, añadió.
“Toda la vida hemos hecho inspecciones y peritajes y en este momento estamos verdaderamente impresionados e indignados porque a partir de ahora, después del Tren Maya, no podremos controlar el saqueo”, advirtió Cortés de Brasdefer.
Reveló que tras la difusión de su caso, varios arqueólogos se han acercado para manifestarle su decepción porque como parte de su trabajo fueron partícipes del saqueo y la destrucción al patrimonio, como se lo hizo saber un colega en una carta a la que dio lectura.
“Ya escuché a muchos otros y me están comentando, por ejemplo, que en el día, en la tarde o en la noche llegan las máquinas y arrasan totalmente con los entierros, con las piezas arqueológicas, con los monumentos y van dejando algunos, porque después de la carta que su servidor escribió pues se han estado ‘protegiendo’, ahora sí, algunos edificios de ciertas dimensiones”.
El arqueólogo advirtió que la península de Yucatán requería de una metodología propia para el trabajo arqueológico por la formación kárstica de su suelo (cuya roca soluble permite la formación de grutas, cavernas, cenotes y otros fenómenos hidrogeológicos).
“Ahora bien. ¿Por qué en un proyecto con tanto tiempo de preparación y con tanta opulencia no se planteó un buen salvamento arqueológico con expertos mayistas de la península de Yucatán, del sur del País e incluso de la UNAM, de la Universidad de Veracruz, de la Universidad de Yucatán, del propio INAH o extranjeros? Sé que se excluyeron algunos. ¿Por qué nos discriminaron a los mayistas de Quintana Roo?”, cuestionó.
Lo más importante en los trabajos arqueológicos de este tipo, aclaró, no sólo es el registro minucioso de los objetos, sino también de los contextos.
Se enfila caso a judicialización
El caso del arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, a quien el INAH busca sancionar por sus críticas al Tren Maya, se enfila a la judicialización, toda vez que el área laboral lo turnó ya al Departamento Jurídico, informó el representante de los investigadores del INAH, Alberto Herrera.
“Es una represión en contra de alguien que tiene una opinión distinta a la versión oficial; están desacreditando la personalidad y la profesión de un investigador que tiene más de 30 años en la región”, criticó el también arqueólogo en entrevista con REFORMA.
“Una cosa es un acta administrativa, que a final de cuentas significa una lectura de los hechos que le imputan al personal, al investigador en este caso, y él se puede defender con asistencia de la representación sindical. Nosotros ya desmontamos el caso e indicamos que los argumentos y las supuestas pruebas son espurias.
“Si insisten en enjuiciarlo, judicializarlo, pues tiene que probar con hechos, no con suposiciones, por lo tanto mientras esté el proceso, el investigador (Cortés de Brasdefer) seguirá trabajando y seguirá cobrando. No lo pueden sacar hasta que el juez lo ordene”, explicó Herrera.
DMC
