Ciudad de México.- La justicia federal sentenció que, aunque haya reparado un daño de 13.5 millones de pesos, no debe ser cancelada la investigación de la que derivó la orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Por unanimidad, los magistrados del Sexto Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México negaron a la conductora de televisión el amparo con el que buscaba que ese pago tuviera como consecuencia el archivo definitivo de la indagatoria.
El colegiado confirmó en última instancia la determinación dictada por Patricia Marcela Diez Cerda, Juez Quinto de Distrito en Amparo, quien rechazó otorgarle la protección de la justicia a Gómez Mont.
Los argumentos básicamente son dos: que la reparación del daño está prevista para delitos patrimoniales y no para el lavado de dinero; y que el acuerdo reparatorio fue celebrado por la imputada con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y no con la institución legalmente autorizada para ello, es decir, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).
“Yo estimo que fue correcto lo que dijo la juez de distrito y explicamos en el proyecto por qué no se colman esencialmente los requisitos por los cuales el acuerdo celebrado no se llevó a cabo con el funcionario legalmente facultado y, también, que efectivamente este tipo de convenios aplica sólo para 3 tipos de delitos, entre los cuales no está comprendido el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado)”, dijo la magistrada ponente María Dolores Núñez Solorio, durante la sesión del pleno.
En conclusión, si bien Gómez Mont reparó el daño de una supuesta defraudación fiscal del 2016, ese pago es válido para cancelar únicamente ese delito y no el lavado, para el cual no está previsto el acuerdo reparatorio.
Cabe decir que Gómez Mont presentó un amparo contra la orden de aprehensión por este asunto y a la fecha no ha sido resuelto.
Cambian delito
El presente asunto inició en 2017 con una querella del SAT por una supuesta defraudación fiscal de 13 millones 572 mil 444 pesos, por concepto de impuesto sobre la renta correspondiente al 2016.
Según el organismo hacendario, la presentadora tuvo ingresos acumulables de 39 millones 518 mil 169 pesos, por honorarios asimilados a salarios, sin embargo, los pagos supuestamente procedían de personas físicas y morales que tenían un patrón de conducta aparentemente ilícito o de empresas “fachada”.
El dinero le había sido depositado por las empresas Arquitectura y Acabados Yardel, GUPEA Construcciones Tangamanga y el particular José Orta Sierra.
El 30 de noviembre de 2018, último día del sexenio pasado, Inés y la FGR pactaron un acuerdo reparatorio en el que ella pagó 10 millones 967 mil 907 pesos, para que esta indagatoria fuera archivada.
Con el cambio de administración, la PFF reclamó que era ella y no el SAT la que tenía la atribución para negociar cualquier reparación del daño, razón por la que la FGR desconoció el acuerdo.
La Fiscalía luego dijo que la contribuyente no había cubierto la totalidad del daño ocasionado a la hacienda pública, motivo por el que el 7 de junio de 2019 Gómez Mont pagó los restantes 2 millones 604 mil 537 pesos.
Al haber pagado la totalidad, ella pidió por escrito a la Fiscalía archivar en forma definitiva el expediente, sin embargo, con base en esta indagatoria, la FGR pidió la orden de la aprehensión contra Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, pero no por defraudación fiscal sino por delincuencia organizada y lavado.
El 12 de septiembre de 2021 un juez federal giró las capturas y el 30 de septiembre siguiente la FGR finalmente le respondió a la imputada que no iba a archivar el caso.
Contra esta respuesta de la FGR, Gómez Mont presentó el amparo que ahora ha perdido en última instancia.
JACL
