Por: Agencia Reforma
Ciudad de México.- La extorsión es una plaga que se ha extendido prácticamente por todo el país.
No respeta condición económica ni social. Azota lo mismo a empresarios, hoteleros y restauranteros que a taxistas, taqueros y vendedores ambulantes.
En Acapulco, por ejemplo, la tarde del sábado 15 de abril, el líder transportista Omar Reyes Campos fue asesinado tras negarse a recabar entre sus propios compañeros del gremio cuotas que cobra el crimen organizado.
En Oaxaca, comerciantes del Istmo de Tehuantepec manifestaron que bandas criminales exigen cobro de piso a locatarios de mercados y dueños de escuelas privadas bajo amenaza de ser ejecutados.
En Cuernavaca, Morelos, al menos 23 bares han bajado sus cortinas de diciembre a la fecha, ante el asedio del crimen para que pagaran cuotas, revelaron autoridades policiales.
En Cuautla, solo en un mes, cerraron 20 negocios, principalmente antros y restaurantes.
En tanto, en Sonora, han llegado a quemar comercios, realizar disparos a comensales y fachadas de bares para aterrorizar, así como levantones y tablazos a taxistas que se niegan a pagar.
En Michoacán paga piso toda la cadena de producción de limoneros, aguacateros y de carne de cerdo. Desde cortadores, empacadores y hasta transportistas, advierten los afectados.
En el Estado de México pagan transportistas, bares, comercios, taxistas, talleres mecánicos y tianguistas.
“Para no ir más lejos, en el sector Bordo (de Xochiaca), los mandos extorsionan a los compañeros, le cobran piso por uso de patrullas o de cruceros para multar, así te lo digo”, reveló un policía de Nezahualcóyotl.
En Veracruz, como en muchos otros estados, las víctimas no denuncian las extorsiones por la colusión de los criminales con las autoridades.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 4 millones 910 mil 206 hogares en México fueron víctimas de extorsión en 2021.
Según las cifras publicadas, de dicha cifra se denunciaron 246 mil 138 casos, de los cuales solo en el 52.4% se inició una carpeta de investigación; por otro lado, el 26.3% de las denuncias seguían en trámite.
