Por Agencia Reforma
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendría que anular este lunes la primera parte del llamado Plan B de reformas en materia electoral, si los Ministros y Ministras son congruentes con su votación del 29 de agosto de 2022 en el tema de derechos de las audiencias.
En esa fecha, el Pleno de la Corte invalidó por unanimidad la reforma de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) porque el Senado, entonces controlado por el PRI y el PAN, la procesó y aprobó en un sólo día.
El 26 de octubre de 2017 el dictamen fue aprobado en comisiones y votado en el Pleno, sin que hubiera sido conocido previamente por todos los legisladores ni publicado en la Gaceta del Senado ni incluido en el orden del día.
“Hay violaciones graves que afectan, trastocan estos atributos democráticos, dado que no se respetó el derecho de participación de todas las fuerzas políticas con representación democrática en condiciones de libertad, de igualdad, al haberse violado los cauces tanto en las comisiones como en el pleno, que permitan a las mayorías y minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en el contexto de la deliberación pública”, afirmó en agosto el entonces Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.
“No se convocó con 24 horas de anticipación a la sesión extraordinaria de las comisiones unidas. Tampoco se publicó con esa anticipación a la sesión del Pleno el dictamen y se dispensaron las dos lecturas de éste en la sesión. Lo anterior tuvo como consecuencia que los senadores no contaran con el tiempo suficiente para estudiar y conocer adecuadamente el dictamen sometido a discusión”, agregó el Ministro Juan Luis González Alcántara.
En esa sesión, la Ministra Loretta Ortiz fue la única que dijo que votaba por la invalidez por falta de consulta previa a pueblos indígenas, no por vicios de procedimiento.
Este caso sólo afectaba algunos artículos de la LFTR y, al menos, ya existía una minuta proveniente de la Cámara de Diputados, que las comisiones del Senado habían empezado a analizar el 25 de octubre.
El Plan B, en cambio, derivó de dos iniciativas enviadas por el Ejecutivo a los diputados en la mañana del pasado 6 de diciembre, que ni siquiera pasaron por comisiones ni fueron publicadas el día previo en la Gaceta Parlamentaria.
Esa reforma abarca cientos de artículos de las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, dictamen que deroga y reemplaza la Ley del Sistema de Medios de Impugnación, que desde 1996 ha regido la actuación de los tribunales electorales.
Los diputados pasaron la mayor parte del 6 de diciembre discutiendo un intento de reforma electoral a nivel constitucional que fue rechazado, por lo que se pasó al Plan B de sólo cambiar leyes secundarias.
Según el proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán, quien también presentó el proyecto de la LFTR, Morena y sus aliados publicaron dos iniciativas distintas no dictaminadas de reformas a dichas leyes, una a las 22:12 y otra a las 23:03 de mismo 6 de diciembre, sin que hubiera certeza sobre cuál se sometió a votación.
La reforma se tuvo por aprobada a las 2:07 horas del 7 de diciembre.
