Acuña, Coah.- Hace más de 12 años, Antonio Huerta Calderón, comerciante, contrató a tres mujeres para atender una bodega de alimentos de su negocio, sin embargo, descubrió que lo estaban robando al no pagar cuentas pendientes, proveedores y adeudos, quedándose con alrededor de 2 millones de pesos que él les entregaba para dichos pagos.
En junio del 2009 denunció a Rosa María Jáquez, Adriana Wilson y Laura Luna ante el agente del Ministerio Público Andrés Muñiz Licea, adscrito a la Región II de la Fiscalía General del Estado de Coahuila en esta ciudad, por el delito de robo con quebranto de confianza.
Pero pasaron los años y a pesar de la insistencia y entrega de pruebas por parte del denunciante, nunca se ejerció acción penal contra las denunciadas y el 19 de septiembre del 2017, Antonio Huerta fue llamado por el MP para informarle que la averiguación previa había sido concluida al determinar el no ejercicio de la acción penal porque el delito denunciado prescribió.
Ante tal negligencia, Huerta denunció al MP Andrés Muñiz Licea y a la FGE ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila, donde luego de una investigación emite recomendación, donde se acreditó que el AIMP a cargo de la averiguación previa penal encargado de la indagatoria, incurrió en retardo negligente de la función investigadora del delito, por tanto, al ser imposible reponer el procedimiento penal debido a la prescripción del delito, para evitar que quede impune en la recomendación, la Comisión insta al MP y a la Fiscalía General de Coahuila para que reparen los daños patrimoniales generados al quejoso como consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos, según lineamientos y bases que la legislación respectiva determine, es decir, el pago de los 2 millones de pesos reclamados por el delito denunciado.
