Por: La Jornada
Tijuana.- Más de mil personas que se habían establecido con viviendas precarias en terrenos del ejido Javier Rojo Gómez fueron desalojadas por corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, que con maquinaria pesada tiraron la madera y los cartones que servían de cobijo a decenas de familias.
El Tribunal Superior Agrario falló después de 24 años de litigio en favor del ejido, y en contra de la persona que se decía propietaria y que lotificó parte de las 60 hectáreas.
Los expulsados son familias que fueron llegando el año anterior y los pasados meses con un compromiso de compra a quien se ostentaba como dueño. El gobierno anunció que este fue un primer desalojo, y que paulatinamente las 60 hectáreas serán reintegradas al ejido.
En la mañana tractocamiones y maquinaria pesada comenzaron a demoler algunas casas. Los pobladores recogieron lo que pudieron, sobre todo las tablas con las que habían improvisado sus viviendas y las montaron en sus vehículos.
Pobladores del lugar exigieron a las autoridades tiempo para sacar sus artículos personales y buscar otro lugar para irse, pero no pudieron detener el operativo.
“La gente defiende lo que cree que le corresponde, sin embargo el mandato judicial dicta que se tiene que desalojar ese lugar, y si alguien se pone violento, hay que calmarlo” explicó la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero.
Este lunes empezó el operativo en el ejido y estuvieron presentes elementos de la policía municipal de Tijuana para apoyar a autoridades estatales y dar cumplimiento a la orden.
Aunque la resolución del litigio original de la demanda –1998– entre el ejido y un particular que se decía dueño, se dio en 2011, hubo un nuevo recurso de revisión que retrasó la decisión 11 años más.
Mientras se realizaba la ejecución, los habitantes de la zona denunciaron que no les habían avisado que serían desalojados y que al llegar, los elementos del orden municipal empezaron a destruir sus casas y a retirarlos con forcejeos, medidas que consideraron injustas por parte de la autoridad.
“En ese caso, si alguno de ellos siente que la policía municipal actuó de manera inapropiada, pueden acudir a sindicatura o a derechos humanos para levantar una queja”, expuso la alcaldesa.
También mencionó que no ha recibido ninguna solicitud de apoyo por parte de quienes habitaban en el ejido Rojo Gómez, sin embargo, aseguró que “les podemos ayudar con algún albergue, si requieren estar en algún lugar o trasladarse, pero terrenos y cosas así no es cuestión mía, sería más bien de la Federación”.
