De junio a noviembre de 2012, se transfirieron más de 3 mdd de AHMSA a una cuenta en la que es beneficiaria Gilda Lozoya.
Por La Jornada
Ciudad de México.- Un tribunal colegiado federal en ciudad de México le concedió un amparo a Gilda Susana Lozoya, hermana del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, que deja sin efecto la orden de aprehensión que se libró en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con el caso Agronitrogenados.
El fallo ordena al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, José Artemio Zúí±iga Mendoza emita una nueva resolución donde determine si la Fiscalía General de la República (FGR) justificó la necesidad de privarla de la libertad.
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía, de junio a noviembre de 2012, se transfirieron más de 3 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) a una cuenta de la que es beneficiaria Gilda Susana, dinero que se utilizó para la supuesta compra de una residencia en la colonia Lomas de Bezares.
Los magistrados del tercer tribunal colegiado en materia penal sostuvieron que el juez de control fundó y motivó de manera indebida la justificación de librar el mandamiento judicial, pues
âFue más allá de lo que argumentó el agente del Ministerio Público; de hecho, terminó por sustituirse al órgano investigador en la justificación del requisito relativo a la necesidad de cautelaâ.
Pero no sólo eso, consideraron que además
âSoslayó que es la fiscalía quien tiene que explicar y justificar por qué ni el citatorio ni la orden de comparecencia son suficientes para conducir a la persona imputada ante su presencia y que, por tanto, la orden de aprehensión es la única forma idónea y necesaria para lograr dicho cometidoâ.
Incluso, los impartidores de justicia agregaron que Zúí±iga Mendoza
âRelacionó y valoró datos de prueba que no formaron parte de los argumentos del agente del Ministerio Público, a partir de los cuales, incluso, llegó a conclusiones distintas a las referidas por la autoridad ministerial, para tener por acreditada la necesidad de cautela, lo que pone en evidencia que el juez de control, motu propio, asumió un rol que no le corresponde dentro de un sistema de corte acusatorioâ.
Por ello, aí±adieron que ante dicha violación, lo procedente es conceder a la parte quejosa la protección constitucional para que la autoridad responsable, José Artemio Zúí±iga Mendoza,
âFunde y motive debidamente el acto reclamado y determine, a partir de lo expresamente planteado por la fiscalía, si en el caso concreto dicha autoridad justificó la necesidad de cautela para el libramiento de una orden de aprehensiónâ.
