Aplaza Corte otra vez, resolver peculado de Alejandro Gutiérrez

La sentencia resolverá si cierra en definitiva la acusación de peculado de 250 millones de pesos contra Alejandro Gutiérrez.

Por: Agencia Reforma Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó hoy, por segunda vez, la sentencia en la que resolverá si cierra en definitiva la acusación de peculado de 250 millones de pesos contra Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, presentada en 2017 por el Gobierno de Chihuahua. El Ministro Alfredo Gutiérrez retiró un proyecto que, según fuentes judiciales, propone el sobreseimiento del amparo que la administración del ex Gobernador Javier Corral promovió para que se le reconozca como ví­ctima de ese delito, luego que un tribunal colegiado estableció que los 250 millones eran recursos federales y que la única ví­ctima fue la Secretarí­a de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En agosto pasado, la Primera Sala discutió un proyecto distinto, que sí­ analizaba el fondo del amparo de Chihuahua, pero lo negaba, y que también fue retirado por el Ministro. El retiro del asunto implica que Gutiérrez puede presentar otro proyecto distinto, o el mismo, pero el caso no queda, por ahora, en la lista para sesión, y a la Primera Sala solo le quedan tres sesiones en 2021. Si se le reconoce como ví­ctima, Chihuahua podrá impugnar la decisión de la Fiscalí­a General de la República (FGR) que, en 2018, retiró la acusación de peculado contra Gutiérrez, lo que a su vez podrí­a reabrir el caso, con todas sus ramificaciones polí­ticas, pues los 250 millones supuestamente fueron usados para campaí±as electorales del PRI en 2016. El proyecto retirado declaraba improcedente el amparo de Chihuahua, ya que tanto la Ley de Amparo como la Corte han sostenido, desde hace décadas, que los gobiernos solo pueden promover amparos contra otras autoridades para defender su patrimonio. En este caso, Chihuahua está buscando que se le reconozcan derechos procesales en un juicio penal, pero no impugna una afectación directa a su patrimonio, ordenada por alguna otra autoridad, máxime que ya es cosa juzgada que los 250 millones eran fondos federales. Erik Zabalgoitia, el juez que amparó en primera instancia al Gobierno de Chihuahua, consideró que se debe celebrar una audiencia para que la Secretarí­a de Hacienda de Chihuahua (SHCH) tenga oportunidad de debatir y solicitar el reconocimiento de ví­ctima, pues probablemente pudo resultar “agraviada” por el supuesto peculado de Gutiérrez. En agosto de 2018, la FGR retiró el cargo contra Gutiérrez porque la Fiscalí­a General de Chihuahua no le dio acceso a las declaraciones de los testigos, que no estaban corroboradas con otros datos de prueba. La Fiscalí­a estatal rechazó estas afirmaciones. El desistimiento de la FGR permitió a Gutiérrez salir del Cereso estatal Aquiles Serdán, donde estuvo preso nueve meses. Aunque desistió de la acusación contra Gutiérrez, la FGR si mantuvo este cargo contra Gerardo Villegas Mandriles, ex director de Administración de la SHCH, y Antonio Tarí­n Garcí­a, ex director de Adquisiciones y Servicios, ambos durante el gobierno del priista César Duarte. Desecha controversia “buscadora” de Peí±a Nieto En la sesión de hoy, la Primera Sala desechó la controversia que el Gobierno de Enrique Peí±a Nieto presentó en 2018 para averiguar si la Administración de Corral integraba averiguaciones contra miembros del Gabinete federal. Por primera vez, la Corte aclaró que los gobiernos federal y estatales no pueden usar las controversias constitucionales como si fueran amparos, para indagar si existen investigaciones penales contras sus funcionarios. La controversia de 2018, que presentó el entonces Consejero Jurí­dico de la Presidencia, Misha Granados, fue admitida por el ex Ministro Eduardo Medina Mora, quien además concedió una suspensión para frenar toda acción de autoridades de Chihuahua contra funcionarios federales. Más de tres aí±os después, la Primera Sala aclaró que este tipo de demandas no pueden ser usadas para impugnar actos futuros de realización incierta, como se acostumbra con los amparos “buscadores” en materia penal.