Interpol gira ficha roja contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga

Son buscados en más de 190 paí­ses por la Organización Internacional de Policí­a Criminal por lavado de dinero y defraudación fiscal

Ciudad de México.- La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, y su esposo, Ví­ctor Manuel ílvarez Puga, son buscados en más de 190 paí­ses luego de que la Organización Internacional de Policí­a Criminal (Interpol) emitió la ficha roja para su búsqueda y localización, a petición de la Fiscalí­a General de la República (FGR).

Fuentes judiciales informaron que Gómez Mont y ílvarez Puga, acusados de lavado de dinero por más de 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal, son rastreados para detectar su paradero y ser presentados ante la justicia mexicana.

Hace unos dí­as, la conductora Inés Gómez Mont aseguró que la acusación en su contra por enriquecimiento ilí­cito por tres mil millones de pesos era falsa.

Cabe recordar que un juez federal ordenó detener a 10 implicados en el caso de desví­o de recursos públicos y lavado de dinero por el que son buscados Gómez Mont y ílvarez Puga.

El juez de control, Iván Zeferí­n Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró las órdenes solicitadas por la FGR por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Las órdenes de captura incluyen a Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del í“rgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS); Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; y Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales de ese organismo.

Para ello, la FGR seí±aló que fueron desviados 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras supuestamente vinculadas a ílvarez Puga y que ese dinero provení­a de dos contratos con el OADPRS.

Los contratos fueron otorgados para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS para diversos penales federales y el otro para la adquisición de la interconexión de otros tres centros federales de readaptación social.

De los exfuncionarios que la FGR busca detener por este caso, Paulo Uribe ya contaba con citatorio para audiencia por otro caso.