Juez ordena a Biden frenar la expulsión de familias migrantes por razones de salud pública

El fallo establece que el acceso a pruebas y vacunas en el paí­s es suficiente para mitigar la transmisión del virus durante el procesamiento de migrantes en la frontera. Esto como respuesta a los argumentos del gobierno de que mantener detenidos a migrantes en centros de la Patrulla Fronteriza puede generar un aumento de casos incluso entre funcionarios. “Las vacunas que protegen contra el riesgo de sufrir una versión seria de la enfermedad y hospitalizaciones han sido ampliamente puestas a disposición en Estados Unidos”, seí±ala el juez Emmet Sullivan en su opinión sobre este caso. Plantea que posiblemente las autoridades deban reubicar más insumos en la frontera, pero precisa que “en vista de la amplia disponibilidad de pruebas, vacunas y otras medidas para minimizar la transmisión, esta corte no está convencida de que la transmisión del covid-19 durante el procesamiento en la frontera no pueda ser mitigada significativamente”. La demanda fue interpuesta en enero de 2021 contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por un grupo de familias solicitantes de asilo que huyeron a Estados Unidos con sus hijos menores de edad. A partir de ahora, el gobierno tiene 14 dí­as para apelar la decisión, por lo que esta orden no entrará en efecto hasta entonces. Una corte emitió más de una decena de órdenes de emergencia entre enero y febrero para frenar la remoción del paí­s de estas familias que son parte de la demanda. En su opinión, el juez Emmet Sullivan explica que los demandantes son personas que huyeron de la violencia de sus paí­ses y que “podrí­an correr grave peligro en sus paí­ses de origen”. Asevera que este es el momento para brindarles una protección y no cuando la consecuencia de una expulsión sea más grave. Los demandantes alegan que entre ellos hay aproximadamente 21,500 miembros de familias que han sido puestos bajo la medida sin que se les permita solicitar asilo previamente.