
El exgobernador seí±alado por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho
Por: AgenciasCiudad de México.- Mario Marín, exgobernador de Puebla, podría alcanzar una pena de hasta 12 aí±os de cárcel por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.
Lo anterior fue detallado por Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de Artículo 19 y defensa de la periodista, en entrevista para Milenio TV, quien además recalcó que la situación jurídica del exgobernador podría definirse en las próximas 72 y 144 horas.
âNosotros confiamos en que hay suficientes elementos para iniciar el proceso contra Mario Marín y que enfrente un juicio para que finalmente sea condenado por el delito de torturaâ, aseguró.
Confiamos en que se va a confirmar que hay suficientes elementos para determinar una probable responsabilidad bajo la cual se iniciaría un proceso judicial en el que se desahogarían pruebas. El máximo sería de 12 aí±os de prisiónâ, recalcó.
Marín Torres fue detenido ayer en Acapulco, Guerrero, por presuntamente haber torturado a la periodista Lydia Cacho en 2005 tras destapar una red de pornografía y prostitución infantil.
La periodista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif.
Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal y física.
El exgobernador poblano era buscado desde hace casi dos aí±os, después de que en abril de 2019 una jueza de Quintana Roo emitiera una orden de aprehensión contra cuatro personas: el exgobernador, el empresario José Kamel Nacif, el exjefe de la policía estatal, Adolfo Karam, y su director de mandamientos judiciales, Juan Sánchez.
Mario Marín ya se encuentra en el Cereso de Cancún, en Quintana Roo, en donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.