Investigan tráfico de actas de defunción; modificaron causa de muerte por Covid-19

Las constancias de defunción fueron empleadas de forma ilegal en la capital del paí­s y Estado de México

Por: Grupo Zócalo  La Fiscalí­a General de Justicia (FGJ) del Estado de México investiga a una red de tráfico de actas de defunción, integrada por personal médico de instituciones de salud de la Ciudad de México que presuntamente modifica la causa de muerte por Covid-19. En dicha red también están presuntamente vinculados empleados de los servicios médicos forenses; doctores y enfermeros particulares, e incluso funerarias establecidas y clandestinas, quienes son seí±alados como responsables de expedir certificados de defunción alterados deliberadamente. La investigación inició tras una denuncia ante la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, luego de que los documentos fueron robados de sus oficinas y luego utilizados para certificar que las ví­ctimas por supuesto Covid-19 murieron por enfermedades como insuficiencia respiratoria, neumoní­a atí­pica o neumoní­a viral y no por el virus, publica El Universal. Cabe seí±alar que además de representar un riesgo para la sociedad, con las acciones de dicha red se alteran las cifras reales de personas contagiadas y de cuántas han perdido la vida durante esta pandemia. Los avances en la investigación apuntan a que por lo menos mil certificados desaparecieron, de los cuales han ubicado poco más de 800 que se expidieron en alcaldí­as como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y en los municipios de Ecatepec, Nezahualcoyotl, Tlalnepantla, Texcoco y Chimalhuacán. Según la carpeta de investigación, CI-FICUH/CUH-8/UI-1S/D/ 00051/06-2020, de momento se tiene identificados a 10 médicos en la metrópoli que no acudieron a certificar el deceso de una posible ví­ctima de coronavirus; de está cifra, cinco ya fueron citados a declarar en torno a lo sucedido, pero no hay un solo detenido ni les han imputado algún delito las autoridades. Fuentes cercanas a la indagatoria explicaron que en caso de encontrar culpable a uno de los médicos o funcionarios, el castigo máximo que podrí­a recibir es la perdida de su trabajo y posiblemente inhabilitarlos para ocupar un cargo público, pero no llegarí­an a prisión, pues el delito de presunta omisión que cometieron no es considerado grave. En el caso de las funerarias clandestinas y médicos particulares la sanción podrí­a ser más grave, de comprobarse que actuaron con dolo. Trascendió que en la metrópoli realizaron inspecciones sorpresivas a más de 10 de funerarias que operan al margen de la ley, pues se cree que ellas tengan varios de los certificados alterados que no se han utilizado.