México ocupa el octavo lugar en feminicidios en América Latina

Ciudad de México.- El Salvador y Honduras encabezan la lista con í­ndices de hasta 6.8 y 5.1 muertes violentas por cada 100 mil mujeres; en contraste, Chile y Colombia cuentan con la media más baja del continente, con apenas 0.5 casos, publica Milenio.

México cuenta con la octava tasa de feminicidios más alta del continente al registrar 1.52 muertes violentas por cada 100 mil mujeres, de acuerdo con estadí­sticas proporcionadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Tan solo el aí±o pasado se cometieron 980 asesinatos de mujeres por cuestiones de género, la mayor cifra desde que se comenzó a contabilizar este tipo de crimen en 2015, según estadí­sticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Nuestro paí­s se ubica por detrás de naciones como El Salvador y Honduras, donde se alcanzan í­ndices de hasta 6.8 y 5.1 casos; esto significa un severo problema para la población femenil de Centroamérica y uno de los principales riesgos por corregir con miras a cumplir los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU en la región.

Además, cuatro de las cinco tasas más altas de feminicidio de América Latina se registran en Centroamérica y en la República Dominicana.

En lo que respecta a los paí­ses en ví­as de desarrollo similares a México, destaca que Argentina y Brasil se encuentran por debajo de la media nacional, al registrar ambas naciones tasas de 1.1 casos por cada 100 mil mujeres.

Un caso aparte se observa en Chile, donde se tiene la media más baja de América Latina y el Caribe con un í­ndice de 0.5 muertes violentas; misma cifra que se tiene en Colombia.

La estadí­stica oficial de feminicidios en paí­ses de América Latina y el Caribe es producida por diversas instituciones estatales. En 19 paí­ses de la región —donde se incluye a México—, la policí­a, el instituto forense o el Ministerio del Interior o de Seguridad Pública son las dependencias responsables de generar la información oficial en la materia.

Esto es particularmente notable en el caso del Caribe, donde las autoridades policiacas son la fuente de información en 11 de los 12 paí­ses de la región.

El informe explica que en los casos del Brasil y Honduras, “son instituciones académicas las que procesan y publican la información originada en registros administrativos de las Secretarí­as de Seguridad Pública estatales, en el primer caso y de la policí­a y del instituto forense, en el segundo”.

Por otra parte, en El Salvador, Bolivia, Guatemala, Panamá, Perú, Venezuela y la República Dominicana, los registros de feminicidio se encuentran a cargo de la Fiscalí­a o la Procuradurí­a o del Ministerio Público

Para lograr las metas trazadas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe seí±ala que para generar una acertada comprensión del feminicidio o los asesinatos de mujeres por razón de género, depende “en gran medida de la existencia de información mediante los registros detallados y fiables que permitan identificar las caracterí­sticas de la ví­ctima, la relación con ellos, el entorno y las motivaciones, entre otros aspectos”.

Ante esta situación, la comparabilidad regional es un desafí­o grande en Latinoamérica para tener datos similares que sirvan de herramienta para mejorar la calidad de la información nacional con vistas a profundizar el análisis de los asesinatos por cuestiones de género en la región.

Asimismo, en 2009 se creó el Indicador regional de feminicidio, por parte del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe; en ese entonces, solo cuatro paí­ses (Costa Rica, Venezuela, Colombia y Guatemala) habí­an tipificado el feminicidio en sus respectivos códigos penales.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe explica que para 2015, en la mayorí­a de las naciones se habí­a tipificado este delito y se habí­an llevado a cabo reformas a la ley.

Además de permitir la creación de polí­ticas públicas basadas en casos reales, la importancia del indicador regional de feminicidio radica en que servirá para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 5 y 16 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Esas metas radican en “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres en los ámbitos público y privado, incluida la trata y explotación sexual”, así­ como la reducción significativa de todas las formas de agresión y las correspondientes tasas de mortalidad en el mundo, entre otras propuestas.