Existen los datos suficientes para mantener procesados a los tres imputados por el delito de uso indebido de atribuciones.
Por Agencia Reforma
Ciudad de México.- Un tribunal federal ratificó esta noche la vinculación a proceso a dos ex colaboradores de Rosario Robles y al apoderado de una universidad, imputados por una supuesta contratación ilegal de 400 millones de pesos en la llamada Estafa Maestra.
Isabel Porras Odriozola, magistrada del Tercer Tribunal Unitario Penal, determinó que por el momento existen los datos suficientes para mantener procesados a los tres imputados por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Se trata de Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Recursos Financieros, y José Israel Torres Gutiérrez, director general de Desarrollo Comunitario, ambos de Sedesol; y José Roberto Aguilar Fuentes, abogado general de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH).
La sentencia de Porras Odriozola fue dictada en la instancia de apelación y ahora a los procesados sólo les resta recurrir al amparo y su eventual revisión para tratar de revertir el procedimiento penal.
La imputación contra los ex servidores públicos es que en 2015, en su calidad de representantes de la desaparecida Sedesol y la UPCH, suscribieron un convenio para supervisar, monitorear y mejorar los comedores comunitarios del Estado de México, dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
La Sedesol depositó 400 millones de pesos a la universidad y, aunque esta dijo que tenía la capacidad para suministrar los servicios, subcontrató en 276 millones de pesos a Productos Serel, de Jack Landsmanas, una suma que rebasa el 49 por ciento de lo permitido por la norma.
Según la FGR, la Sedesol no verificó que la UPCH tuviera la capacidad técnica, material y humana para cumplir con este contrato porque la universidad subcontrató a Productos Serel el 15 de abril y 8 de mayo de 2015, uno y dos días después de firmar los contratos específicos con la Secretaría.
La semana pasada se celebró una audiencia de aclaración de agravios en la que la defensa de los imputados pidió a la magistrada Porras revocar la vinculación a proceso, argumentando que la imputación carece de asidero legal y fáctico.
Uno de los argumentos de la defensa fue que el porcentaje máximo de la subcontratación no está previsto en la Ley de Adquisiciones, sino en el reglamento de la misma.
Y, como tal, es contrario a las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen que una conducta "indebida" sólo puede ser considerada así con base en las normas dictadas por el Poder Legislativo y el reglamento no es una de ellas.
