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Concluye extraordinario en el Senado

En una sesión maratónica que duró más de 18 horas, el grupo parlamentario de Morena logró consensos.

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En una sesión maratónica que duró más de 18 horas, el grupo parlamentario de Morena logró consensos.

Por Agencia Reforma Ciudad de México.- En medio de acusaciones, recesos para tratar de amarrar los acuerdos que no lograron en comisiones y modificaciones de último momento, el Senado de la República concluyó su segundo periodo extraordinario de sesiones. En una sesión maratónica que duró más de 18 horas, el grupo parlamentario de Morena logró consensos para incorporar como un derecho constitucional el acceso a los cuidados paliativos y aprobar la Ley de Extinción de Dominio. No obstante, tuvo que hacer uso de su mayorí­a para sacar adelante a los integrantes de los órganos de gobierno de la institución que sustituirá al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) y la Ley de Austeridad República. Fue alrededor de las 21:00 horas, después de avalar por unanimidad la reforma en materia de cuidados paliativos, cuando el senador del PAN, Damián Zepeda, describió lo que serí­a el tono de la sesión. "El dictamen que viene en materia de Hacienda -referente a la Ley de Austeridad- es el obscuro, muestra las dos caras de diálogo parlamentario: del respeto o de autoritarios, de inclusión o de exclusión, y es increí­ble, pero los estamos viviendo al mismo tiempo", seí±aló. El presidente del Senado, Martí­ Batres, habí­a decretado un receso, luego de que el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio Menchaca, pidió una moción suspensiva para revisar "algunos aspectos técnicos". El receso, que originalmente serí­a de una hora, se multiplicó por cinco, lo que generó la inconformidad de los panistas, quienes a través de un video, acusaron a Morena de paralizar el trabajo legislativo para poder acudir al festejo del Presidente en el Zócalo capitalino. La estrategia surtió efecto. Martí­ Batres reanudó la sesión, para poner a discusión el dictamen de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. A pesar de ese primer encontronazo, los senadores avalaron el proyecto que amplí­a los sujetos objeto de esta media, homologa los criterios para decomisar bienes a criminales, y establece que los recursos obtenidos por la venta de éstos deberán ser destinados a la reparación del daí±o a las ví­ctimas y a los programas sociales. No obstante, con la aprobación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio se acabaron los consensos alcanzados por Morena. La discusión de los 12 integrantes de la Junta Directiva y del Consejo Técnico del Organismo de Mejora Continúa de la Educación se dio en medio de crí­ticas de legisladores de Oposición. "Meten a una licenciada en Comunicación. ¿Saben cuál es su mérito? Dar clases en la escuela del hijo del Presidente", indicó la panista Guadalupe Saldaí±a. Los 12 integrantes fueron avalados luego de que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, bajó al estrado a pedirle a la Oposición sus votos, y decirle que entendí­a su enojo "por el atropello" que se cometió con el dictamen de la Ley de Austeridad Republicana. El lí­der de la bancada mayoritaria anticipaba la confrontación que se avecinaba. La discusión del dictamen de la Ley de Austeridad, el último de la noche, provocó el mayor encontronazo entre Morena y a la Oposición, luego de que el primero maniobrara para sacar adelante el dictamen, primero en comisiones y después en el Pleno. En comisiones, la Oposición abandonó la mesa tras acusar a Morena de violentar el procedimiento para cumplir la lí­nea dictada por la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, con quien se reunieron en la maí±ana del lunes. En el Pleno, la aprobación de la ley se dio en medio de los amagos de legisladores de Oposición, quienes aseguraron que impugnarán ante la Suprema Corte de Justicia Nación la nueva ley. Los senadores indicaron que hasta el viernes pasado habí­a un acuerdo para aprobar 28 de los 31 artí­culos de la Ley, acuerdo que fue desechado por Morena para volver a poner a discusión la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Advirtieron que la ley violenta el derecho constitucional al trabajo al establecer la prohibición de cinco aí±os para que los funcionarios públicos puedan emplearse en la iniciativa privada tras dejar el cargo, a fin de evitar que hagan uso de la información a la que puedan tener acceso. "Estamos aprobando una Ley de Austeridad que va a afectar a 1.4 millones de funcionarios, porque no están distinguiendo niveles de responsabilidad. Dice información a secas, así­ en general, no habla de información privilegiada", advirtió la priista Vanessa Rubio. La Oposición intentó modificar el dictamen, pero todas sus reservas fueron rechazadas. Entre las reservas que no prosperaron se encuentra la planteada por el priista Mario Zamora, quien al filo de las 6:00 de la maí±ana, propuso quitar del artí­culo 21 la prohibición de tomar bebidas alcohólicas en los centros trabajo. Fue Morena, a través del senador Félix Salgado Macedonio, quien planteó modificaciones al artí­culo 24, el más controvertido de la ley. El senador propuso especificar en dicho artí­culo que la prohibición para saltar a la iniciativa privada en el corto plazo será aplicable únicamente a mandos superiores y siempre y cuando manejen información privilegiada. Salgado Macedonio dijo que una vez realizadas esas especificaciones, era justo aumentar a 10 aí±os la prohibición, propuesta que fue calificada como un exceso. "Es una barbaridad, por decirlo de una manera elegante, lo que aquí­ viene. A proponer. ¿Como puede pensarse que a una persona que trabaja en el Gobierno, así­ sea secretario, se le prohí­ba por 10 aí±os? Esta propuesta es, por decir lo menos, irracional", reiteró, el senador del PAN Julen Rementerí­a. A pesar de ello, la Ley fue aprobada en lo general y en lo particular al filo de las 6:30 de la maí±ana del martes. Los legisladores emitieron 60 votos a favor y 29 en contra. Con ello, el Senado aprobó una de las leyes prioritarias del Gobierno federal, la cual deja al Presidente la decisión sobre el destino de los recursos ahorrados y prohí­be a los funcionarios emplearse en la iniciativa privada en los 10 aí±os siguientes a que abandonen la administración pública.
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