Fiscalía absuelve a Javier Villareal; juez revierte fallo

Auditorí­a Superior se ampara contra el ‘no ejercicio de la acción penal’ a favor del extesorero de Coahuila.

Por Leopoldo Ramos Saltillo, Coah.- La Auditorí­a Superior del Estado se amparó y mantiene un juicio de controversia constitucional por una resolución de la Procuradurí­a General de Justicia del Estado, ahora Fiscalí­a General, que dejó sin efectos dos de las seis denuncias penales que presentó en 2011 en contra de quienes resulten responsables por la contratación ilegal de la deuda bancaria de Coahuila, la cual actualmente rebasa los 36 mil millones de pesos. En las denuncias están seí±alados Héctor Javier Villarreal Hernández, tesorero y titular del Servicio de Administración Tributaria en Coahuila entre 2005 y 2011, y uno de sus colaboradores más cercanos, Sergio Ricardo Fuentes Flores, quien fue administrador general de Polí­ticas Públicas del Satec. En conferencia de prensa para dar detalles sobre el informe de gestión que presentó en diciembre y corresponde a las cuentas públicas de 2017 y aí±os anteriores, el titular de la ASE, Armando Plata Sandoval, dijo que cuatro denuncias penales están vigentes y otras dos se mantienen en litigio, pues las desestimó la entonces Procuradurí­a General de Justicia del Estado, a cargo del ahora magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Homero Ramos Gloria. Y llueven más denuncias por cuentas ‘mochas’ La Auditorí­a Superior del Estado presentó 250 denuncias penales por irregularidades financieras encontradas en distintas dependencias municipales, estatales y organismos autónomos y descentralizados de la administración pública. La mayorí­a de las querellas corresponden a los ejercicios fiscales de 2015 y 2016, aunque también están seí±aladas cuentas públicas de 2013 y 2014, informó el auditor superior Armando Plata Sandoval. La Auditorí­a Superior del Estado (ASE), encontró “prácticas deficientes” durante la gestión 2017 de dependencias y organismos públicos estatales y municipales, que suman más de 14 mil millones de pesos. Además, el órgano fiscalizador que encabeza Armando Plata Sandoval, presentó en 2018 una suma de 250 denuncias penales por irregularidades y posibles delitos financieros en que habrí­an incurrido gobiernos municipales, organismos operadores de aguas y saneamiento, dependencias estatales y organismos descentralizados. En el caso de las deficiencias detectadas en el periodo 2017, hay desde cuentas por cobrar, erogaciones reportadas ese aí±o pero que en realidad corresponden a otros ejercicios fiscales, parte del sueldo retenido a los burócratas para reportarlo como cuotas a partidos polí­ticos, hasta falta de comprobación de gastos en ferias tradicionales. En su informe correspondiente a 2018, la ASE advirtió que de mantenerse el esquema de recaudación de fondos del sistema de pensiones del Gobierno estatal, para 2020 habrí­a necesidad de incrementar los subsidios por parte de la Secretarí­a de Finanzas, pues el déficit asciende a 265 millones de pesos. En la Dirección de Pensiones para los Trabajadores al Servicio de la Educación (Dipetre), la situación es peor, pues actualmente “funciona con números rojos” y arrastra déficit por 7 mil millones, aún y con las modificaciones del aí±o pasado al sistema legal del organismo que involucra a trabajadores de la UAdeC, de la UAAAN y afiliados a la Sección 38 del SNTE. Participaciones a Municipios La ASE dio a conocer que la Secretarí­a de Finanzas liquidó por completo la deuda por el enví­o de transferencias a los ayuntamientos, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, pero se mantienen retenciones por 300 millones del 2017. Al revisar la cuenta pública 2017, la ASE emitió 12 mil 724 observaciones por 9 mil 365 millones de pesos no solventados en los ayuntamientos, sistemas operadores de agua y saneamiento, organismos públicos descentralizados municipales, los tres Poderes del Estado, organismos autónomos y públicos descentralizados del Gobierno estatal. RUBROS ‘oscuros’ Entre las irregularidades encontradas por la ASE se encuentran la falta de inscripción en el padrón de proveedores, por parte de dependencias y organismos, la ausencia de comprobación de gastos durante la realización de ferias tradicionales de los municipios, así­ como en la retención de cuotas a empleados y destinadas a partidos polí­ticos.