Los 34 artículos del dictamen, más los transitorios, fueron reservados por completo durante el debate en lo particular, que inició inmediatamente después de la votación general.
Por: Agencias
Ciudad de México.- Al filo de las 3 de la madrugada, el pleno del Senado mexicano aprobó en lo general, por 76 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, la Ley de Seguridad Interior.
Lo anterior, tras casi 12 horas de debate con más de 40 participaciones en tribuna, escaso debate y con el voto fragmentado de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), cuya bancada se partió: una mitad aprobó el proyecto junto con PRI y Verde, mientras que otra se sumó al bloque PT-Morena, PRD e independientes en contra.
Los 34 artículos del dictamen, más los transitorios, fueron reservados por completo durante el debate en lo particular, que inició inmediatamente después de la votación general. Las senadoras Angélica de la Peí±a y Dolores Padierna reservaron todo, mientras que el propio senador Zoe Robledo cuestionó el mismo nombre de la ley.
La correlación de fuerzas en esta larga sesión se prefiguró cuando alrededor de las 16:00 horas se votó la moción suspensiva presentada por De la Peí±a, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos: 68 votos del PRI, Verde y de varios panistas en contra de la moción, mientras 39 votaron a favor y ninguna abstención.
Hubo momentos importantes del debate, cuando el senador panista Roberto Gil Zuarth subió a la tribuna a defender el dictamen. Acusó a la mayoría de los participantes y opositores a la ley por hacer seí±alamientos âfrívolosâ. Calificó como âmaniqueoâ decir que el Ejército es el mayor violador de los derechos humanos, ante la pregunta de la senadora Dolores Padierna: â¿cuál ha sido el resultado de los derechos humanos tras once aí±os de participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública?â.
La filípica de Gil Zuarth, quien se convirtió en el principal cabildero de esta ley, recibió fuertes aplausos de las bancadas del PRI y del Verde, mientras que sus correligionarios del PAN apoyaron las intervenciones de las senadoras Marcela Torres Peimbert y Adriana Dávila, así como el legislador yucateco Daniel ívila Ruiz, quienes argumentaron en contra.
Gil Zuarth insistió que la fracción VI del artículo 89 de la Constitución le da facultades al Ejecutivo para regular y disponer del Ejército en funciones de seguridad pública.
Los senadores Isidro Pedraza, del PRD, y Fidel Demédicis, generaron también las reacciones airadas de la bancada del PRI. El primero, les recordó cómo se creó en el seno del Ejército el grupo de élite conocido como los Gafes, que luego se convirtieron en el cártel de los Zetas, uno de los más peligrosos y sanguinarios en los últimos aí±os. Demédicis acusó directamente al presidente Enrique Peí±a Nieto de ser el máximo responsable de las matanzas y violaciones cometidas por el ejército en Tanhuato, Tlatlaya y en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El exgobernador priista de Chihuahua Patricio Martínez subió a tribuna para apoyar la ley y mencionó su propio caso cuando sufrió un atentado que casi le costó la vida. â¿Cómo que los criminales no violan los derechos humanos?â, preguntó airado Martínez.
El senador Miguel Barbosa, vicecoordinador del PT-Morena, le recordó que âlos delincuentes cometen delitos y los derechos humanos son violados por las autoridadesâ. Esta intervención generó otro debate con Gil Zuarth, quien habló de las nuevas tesis alemanas sobre el âefecto irradiadorâ de los derechos humanos y, según él, el crimen organizado es el principal violador de los derechos humanos.
Provocadora, la senadora Adriana Dávila acusó a sus correligionarios del PAN que apoyaron la ley seí±alando que âestán legalizando el fracasoâ y seí±aló que el PRI ahora creó otro sector: la Confederación de con Acción Nacional (el CAN).
En su tercera intervención, el senador Manuel Bartlett, coordinador de PT-Morena, enumeró todas las violaciones constitucionales que contiene el proyecto de ley: el 73 porque no es competencia del Congreso legislar en materia de seguridad interior; el 39, 40 y 41 porque âno puede establecerse un régimen militar de excepciónâ, el 119, el 124, el 129, todos los artículos sobre derechos humanos, los artículos 39, 115, 116 y 124 porque se altera la certeza jurídica, el 6 porque viola el principio de máxima publicidad.
âConstituye un golpe de Estado esta ley. En lugar de buscar la paz, ustedes decretan el exterminioâ, sentenció Bartlett.
Los defensores del PRI trataron de evadir el debate con la oposición. El exgobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, enumeró un decálogo para regaí±ar a los críticos. Afirmó que la ley es constitucional porque es âarmónica con otras leyesâ. Negó que se militarice el país. Recordó que es un âinstrumento específico, temporalâ.
âLos que hablan de botas militares, no son capaces de ver su embotamiento mentalâ, les reprochó Cavazos Lerma, quien nombró como su sucesor a Tomás Yarrington, enjuiciado en Italia por vínculos con el crimen organizado.
La senadora Luz María Berinstáin, del PT-Morena, recordó que 11 organizaciones internacionales han estado en contra de este proyecto de ley y recordó que âla mayoría de los 211 mil integrantes del Ejército están en contra de la leyâ.
Poco antes de la votación en lo general, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa subió a la tribuna para defender la decisión de su hermano, Felipe Calderón, de ordenar el despliegue de militares en Michoacán, en 2007. âEl Ejército no está ahí de manera ilegalâ.
Polémica por el quórum
En dos momentos durante la tarde, la senadora Layda Sansores, del PT, pidió que se hiciera el recuento del quórum, ante la evidente falta de la mayoría de los 128 legisladores. El presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, decidió, en forma inédita, dar 90 minutos para dar tiempo a que retornaran los senadores. A las 20:30 horas se registraron 92 senadores en el pleno.
El único momento tenso de este monólogo entre opositores y defensores fue cuando la propia Layda Sansores reclamó intervenir âpara alusiones personalesâ. La senadora del PRI Hilaria Domínguez le reclamó a la campechana que dejara de faltarles el respeto a los priistas porque ella estuvo un día antes en un evento de festejo de los trabajadores del Senado y no estuvo pendiente de la primera lectura de la minuta.
El coordinador de la bancada del PAN, Fernando Herrera, afirmó que su bancada votaría de manera diferenciada porque hay senadores que âlegítimamente defienden la seguridad de sus estadosâ y están a favor de esta Ley de Seguridad Interior.
âNadie está totalmente equivocado ni nadie tiene toda la verdadâ, afirmó salomónicamente Herrera, prefigurando el voto de los 35 senadores que originalmente tenía la bancada. De estos, al menos los 6 ârebeldesâ, encabezados por Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero y Javier Lozano, votarán a favor, junto con otros que se sumarán a la aprobación a favor como Mariana Gómez del Campo, Jorge Luis Preciado y otros que asumieron haber sido âconvencidosâ por los gobernadores del blanquiazul.
A nombre de la Comisión de Gobernación, la priista Cristina Díaz insistió que el dictamen âno pretende que las fuerzas armadas estén al frente de las acciones de seguridad de manera permanenteâ. â¡Hay que decirlo fuerte! ¡Hay que decirlo claro! No existe mayor medio de control que el estricto apego a la legalidad y al Estado de derechoâ, arengó.
La legisladora priista volvió a perder la paciencia en el pleno cuando la senadora Layda Sansores les reprochó a los de tricolor no estar al pendiente del debate. Desde su curul gritó que ella ha estado al pendiente. Algo similar ocurrió un día antes cuando perdió el control en la sesión de las comisiones unidas.
El priista Ernesto Gándara Camou, de la Comisión de Seguridad Pública, habló a favor del dictamen resumiendo los nueve cambios a los artículos que provenían de la Cámara de Diputados, pero no respondió a ninguna de las críticas que argumentó la oposición.
Opositores con argumentos acaparan la tribuna
A lo largo de la sesión, la mayoría de quienes ocuparon la tribuna fue para argumentar en contra de la Ley de Seguridad Interior, al tiempo que PRD, PT-Morena se reservaron los 34 artículos para discutirlos en lo particular, después de la aprobación en lo general.
La senadora Dolores Padierna mostró gráficas sobre el incremento de la violencia y la inseguridad desde que se desplegaron los militares en todo el territorio y afirmó que se trata de aprobar esta ley para operar âuna sucesión presidencial militarizadaâ.
El coordinador de los senadores del PRD, Luis Sánchez, subrayó que esta ley crea âun nivel intermedio entre el Estado normal democrático y el Estado de excepciónâ, pero sin controles civiles efectivos.
El senador Alejandro Encinas, ahora independiente, insistió en que aprobar esta ley constituía un âerror históricoâ porque âla mano dura ha fracasado y hay que asumir que la militarización de las tareas de seguridad pública tambiénâ.
âNo queremos una guerra sucia en el 2018. No queremos al Ejército en la vida política de la naciónâ, insistió el exjefe de Gobierno capitalino.
Por su parte, Manuel Bartlett, coordinador del PT-Morena, hizo un extenso recuento de cómo desde 1996 hasta la fecha se han aprobado leyes para configurar âun Estado policiaco-militar, subordinado a los intereses transnacionales y que implican un estricto control socialâ.
Bartlett reveló que este día los secretarios Luis Videgaray y Miguel íngel Osorio Chong se reunieron con funcionarios del gobierno de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para comprometer la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
âCon esta ley estamos completando la agenda de la seguridad nacional de Estados Unidosâ, afirmó. Y en tono doctoral, el senador poblano les dijo a los senadores: âse llama guerra de cuarta generación silenciosa y cuenta con el apoyo de todos ustedesâ.
La senadora Angélica de la Peí±a, del PRD, reiteró que existen âargumentos falacesâ a favor de la ley. âNo hay excepcionalidad cuando en más del 75 por ciento del territorio nacional las fuerzas armadas están en labores de seguridad públicaâ, afirmó la legisladora que más insistió en incorporar las exigencias de decenas de organizaciones de derechos humanos para suspender esta ley.
La seguridad interior es âun concepto ambiguo, oscuro e híbridoâ entre seguridad pública y seguridad nacional, argumentó De la Peí±a, quien también lamentó âla simulación del diálogoâ de la mayoría priista y del presidente Enrique Peí±a Nieto.
De la Peí±a les reprochó: âno hay que partidizar un tema como éste, pero, ni modo, hoy con su decisión ustedes están partidizandoâ.
Por su parte, el senador panista Víctor Hermosillo, uno de los más firmes opositores, sentenció que esta ley constituye âla joya de la corona del fracaso de la administración de Enrique Peí±a Nietoâ.
