Se crea el Tribunal de Justicia Administrativa y contempla la posibilidad de sancionar a particulares vinculados a hechos de corrupción.
Por: Agencias
Saltillo, Coah.-Â El Congreso del Estado eliminó la figura del fuero de la Constitución de Coahuila, para que los servidores públicos electos por el voto popular, sean sujetos a proceso penal.
La iniciativa la propusieron Miguel Angel Riquelme Solís, gobernador electo; Juan Carlos Guerra López, diputado electo; legisladores del PAN, UDC y Partido Primero Coahuila, así como representantes de Alianza Anticorrupción Coahuila.
AAC también había propuesto incorporar la figura de revocación de mandato, sin embargo, fue rechazado porque hay resoluciones en contrario en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y daría lugar a acciones de juicios de amparo y de inconstitucionalidad
En sesión del Pleno, también se aprobaron reformas a la Constitución para crear el Sistema Estatal Anticorrupción; la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción; la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y la PGJE cambiará su denominación a Fiscalía General, cuyo titular durará en el cargo 7 aí±os.
Además, se crea el Tribunal de Justicia Administrativa y contempla la posibilidad de sancionar a particulares vinculados a hechos de corrupción.
Asimismo, actualiza las funciones de la Auditoría Superior del Estado y de los órganos internos de control de las dependencias gubernamentales.
El Sistema Estatal Anticorrupción será la instancia de coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la ASE, de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas; el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, así como por un representante del Consejo de la Judicatura y otro del Consejo de Participación Ciudadana.
El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley en la materia.
El Comité Coordinador del Sistema tendrá dentro de sus facultades el establecimiento de mecanismos de coordinación entre los organismos que integran el Sistema Estatal con los municipios, así como el diseí±o y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan.
Además, la ASE tendrá como nuevas responsabilidades vigilar el cumplimiento de los planes y programas estatales y municipales y formulará las observaciones y recomendaciones al respecto.
De igual manera, revisará con la Auditoría Superior de la Federación las participaciones federales que sean asignadas al estado y municipios.
Asimismo, se otorga a la Auditoría legitimación para acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa a promover las probables responsabilidades derivadas del resultado de sus investigaciones, para que este último órgano finque las responsabilidades graves correspondientes e imponga sanciones. Como consecuencia de lo anterior, se elimina la facultad de tipo sancionadora para la Auditoría Superior para garantizar imparcialidad y respetar los derechos procesales fundamentales.
Se establece que los informes de la ASE serán de carácter público y las cuentas públicas serán entregadas al Congreso a más tardar el 30 de abril del aí±o siguiente al ejercicio correspondiente.
Tribunal de Justicia Administrativa: Se integrará con 5 magistrados designados por el gobernador y aprobados por el Congreso del Estado. Conocerá de asuntos relacionados con responsabilidad de servidores públicos y de particulares. Fincará el pago de indemnizaciones y sanciones por daí±os al erario.
Además: -Los servidores públicos estarán obligados a presentar la declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés. -Se sancionará a las personas físicas y morales que incurran en corrupción, con multas de carácter resarcitorio e inhabilitación para participar en adquisiciones arrendamientos, servicios y obras estatales y municipales. -Se incluye la responsabilidad objetiva y directa del Estado, por los daí±os que cause a los bienes o derechos de particulares, por lo que deberá indemnizar.
Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción: -Será la institución de persecución e investigación de actos que pudieran constituir casos de delitos relacionados con la corrupción. -El titular será nombrado por las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso. -El Ejecutivo podrá objetar dicho nombramiento, en cuyo caso se procederá a un nuevo nombramiento. -Podrá ser removido libremente por el Fiscal General del Estado.
