Reforma de Ley del ISR pone en riesgo de quiebra a Organismos de la Sociedad Civil

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El SAT pretende, según sus propios argumentos, combatir la evasión de impuestos gravando los donativos que se hagan a instituciones de beneficencia.

Por Néstor González

Saltillo, Coah.- El riesgo para los Organismos de la Sociedad Civil es que pierdan una gran parte de sus donatarios, principalmente aquellas personas que hacen uso de las donaciones para deducir impuestos.

Con la reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el SAT pretende, según sus propios argumentos, combatir la evasión de impuestos gravando los donativos que se hagan a instituciones de beneficencia.

Ello podría implicar que una gran parte de las OSCs tuvieran problemas financieros, como lo dice Herminio Rodríguez Torres, director del CRIT Saltillo, situación que se agravaría debido a la pandemia.

“Si afecta el bolsillo, lógicamente afecta tus prioridades. Primero está el sustento, la educación, la casa, tu familia, y después generosamente tu puedes elegir a qué organización donar. Entre menos flujo, entre menos cantidad, sí se disminuye la posibilidad de los donativos”.

En 2018, el CRIT Coahuila recibió tan solo de donativos, 23.8 millones de pesos. En 2019, la cifra llegó a 29.5 millones. El total de ingresos en 2019 fueron 35.1millones según los estados financieros del CRIT. Es decir, entre el 84 y el 85 por ciento de los ingresos de este centro son donaciones de particulares. El Centro de Saltillo atiende a cerca de 700 menores con diversas discapacidades y enfermedades.

Cáritas de Saltillo recibió el año pasado 7 millones 682 mil pesos a través de fondos recaudados, y 3 millones 618 mil pesos en especie, beneficiando a 28 mil personas. El 57 por ciento de sus ingresos el año pasado provinieron de particulares; el 23 por ciento de los gobiernos municipal y estatal, el 15 por ciento de organismos de la sociedad civil, y el 5 por ciento de eventos de beneficencia. Si se dejaran a un lado las donaciones de particulares, en lugar de 11.3 millones, Cáritas hubiera recibido solamente 6.4 millones para operar en 2020, correspondiente a un 43 por ciento del total.

El Banco de Alimentos de Saltillo recibió el año pasado cerca de 10 millones de pesos en donaciones. La mayor parte de estas donaciones provienen de empresas, que no resultan afectadas con esta modificación, pero un 20 por ciento, es decir, cerca de 2 millones de pesos, provienen de personas físicas.

“Es complicado y yo creo que no solo para el Banco, sino para las asociaciones el momento de la pandemia y luego viene esta reforma, pues tenemos que estar preparados para ver cómo vamos a trabajar más adelante, la pandemia fue una situación que no está en manos de nadie, y la reforma pues sería ver bien con os diputados que están aprobando esta ley si se puede frenar un poquito, o que nos dejen pensar bien qué es lo que vamos a hacer con las donaciones, porque sí se nos reduciría bastante”, dice Juan Carlos Presas Contreras, contador del Banco de Alimentos de Saltillo.

Se estima que la Cruz Roja pudiera perder casi 14 millones de pesos de donativos si se aprueba la Ley de Ingresos con la reforma a la Ley del ISR. Una institución que brinda más de 60 mil servicios anuales y que depende casi totalmente de las donaciones que recibe de empresas y personas físicas vería afectada su ya de por si disminuida capacidad financiera.

Otras organizaciones como Niños Con Leucemia, A.C., vienen de un año sumamente difícil en el que prácticamente no han recibido donaciones debido a la crisis económica generada por la pandemia, que impidió a estos organismos realizar campañas o colectas para hacerse de recursos. El año pasado, que prácticamente no tuvieron ingresos, tuvieron gastos por cerca de un millón de pesos, y este año se ve similar. Niños con Leucemia ayuda a sufragas tratamientos que son muy onerosos.

Según el Observatorio de la Laguna, se estima que en Coahuila hay cerca de 800 asociaciones civiles, dedicadas al fomento educativo, asistencia social, atención a la salud, desarrollo comunitario, economía popular, atención a discapacitados, protección del ambiente, equidad de género, derechos humanos, asistencia jurídica, fortalecimiento de las OSC, participación ciudadana, promoción del deporte, seguridad ciudadana, comunidades indígenas y protección civil.

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