Flores declaró ante una corte federal de Corpus Christi que lavaba al exgobernador tamaulipeco los sobornos de Los Zetas.
Por: ReformaÂCiudad de México.- Guillermo Flores Cordero, empresario originario de Torreón, elaboró un esquema de lavado de dinero en Estados Unidos que fue utilizado por el exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores.
Flores declaró ante una corte federal de Corpus Christi que lavaba al exgobernador tamaulipeco los sobornos de Los Zetas.
En esa audiencia se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero y aceptó ayudar a las autoridades en su investigación contra otros sospechosos de corrupción.
Entre los clientes de Flores, se encuentran el exgobernador tamaulipeco y miembros de su familia. La DEA arrestó a Flores Cordero y a su esposa cuando arribaban a San Antonio en un jet privado, desde su natal Coahuila.
Auditorías locales solapan las transas
Las auditorías locales, encargadas de la vigilancia del gasto público en los estados, han fallado en denunciar y perseguir con efectividad a los funcionarios que incurren en irregularidades, advierten expertos en el tema.
En aí±os recientes, Puebla, el Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Sonora, Quintana Roo y Coahuila, han sido objeto de seí±alamientos severos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, en su momento, los auditores estatales fracasaron en evidenciar.
âEs un caso serio, porque tenemos evidencia de que las auditorías locales han sido cómplices de movimientos irregulares de los gobiernos locales o, por lo menos, han sido negligentes en denunciar malas prácticasâ, dijo Enrique Díaz-Infante, director del programa de seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
El especialista seí±aló a Puebla, en donde, pese a tener elementos suficientes para una investigación, la Auditoría local no detectó la acumulación de deuda oculta en fideicomisos del Estado.
Otro ejemplo, aí±adieron expertos, es el Edomex, donde mil 943 millones de pesos que la Administración de Eruviel ívila recibió de fondos y programas federales en 2015 desaparecieron.
Fue hasta que la ASF intervino en la revisión de esa cuenta pública del Gobierno federal que el faltante fue identificado y denunciado.
âVemos gobernadores perseguidos, secretarios de finanzas perseguidos, pero, en su momento, ¿dónde estaban las auditorías para denunciar lo que todos hoy sabemos era un desfalco?â, cuestionó Gabriel Farfán, director de Comunidad Mexicana de Gestión Pública para Resultados.
âUn buen número de líderes de las auditorías locales son aliados del Gobernador localâ, agregó.
En Nuevo León, el caso más notorio fue el de la cuenta pública del 2012 del Gobernador Rodrigo Medina.
En ese aí±o, la Auditoría estatal detectó irregularidades por 14 mil millones de pesos, pero no se presentaron denuncias penales ni administrativas contra funcionarios y el Congreso local aprobó las cuentas en el 2014.
