El órgano fiscalizador de Nuevo León resaltó que ese documento no contiene ninguna firma.
Por: ReformaMonterrey, Nuevo León.- Los pagos por al menos 2.4 millones de pesos que el Gobierno de Rodrigo Medina hizo a la empresa fantasma Construcciones Chavana -usada por Humberto Moreira para desviar recursos del erario de Coahuila- no estaban respaldados con ningún contrato.
Al revisar la Cuenta Pública 2011 de Metrorrey, que hizo pagos en ese aí±o, cuando era encabezado por Mario Guerrero, la Auditoría Superior del Estado seí±aló que el único soporte de las erogaciones fue una orden de compra.
El órgano fiscalizador de Nuevo León resaltó que ese documento no contiene ninguna firma de la empresa, a la que supuestamente se le solicitaron siete dibujantes para revisar planos de las estaciones del Metro.
"Es de seí±alar que dicho documento (la orden de compra)", estableció la ASE, "no contiene uno de los elementos esenciales de toda relación jurídica, que es el de la expresión manifiesta de la voluntad entre las partes mediante la suscripción del documento.
"No se incluye espacio para que lo suscriba el proveedor".
Las anomalías ligadas a Construcciones Chavana fueron evidenciadas primeramente ante una Corte de Texas, donde el empresario Rolando González Trevií±o reveló que recibió "millones de dólares" del Gobierno de Coahuila a través de esa firma.
Esas operaciones se realizaron en la gestión del priista Humberto Moreira, mientras que el actual Gobierno coahuilense, encabezado por su hermano Rubén Moreira, determinó que la empresa no operaba en el domicilio que reportó, que es el de Estribo 1313 de la Colonia Hacienda de Guadalupe, en Nuevo León, lo que constató Grupo REFORMA.
Los pagos de Metrorrey a Construcciones Chavana, que también recibió fondos de Simeprode, fueron entre el 2010 y el 2011, por al menos 2 millones 488 mil 333 pesos.
El reporte de la ASE, que se realiza tras una revisión aleatoria de todos los recursos ejercidos en el aí±o, refiere sólo un pago por 113 mil pesos.
Por tratarse de un monto menor, el órgano fiscalizador sólo emitió una recomendación administrativa por el pago de servicios sin contrato.
