Aduanas, el ‘prietito en el arroz’ para SAT

Más de 500 servidores públicos han sido reportados ante control interno.

Por Agencias 

Ciudad de México.- La Administración General de Aduanas (AGA) es el área del SAT con mayor número de denuncias en contra de sus funcionarios. En 2016 el SAT reportó a 518 servidores públicos ante el Órgano Interno de Control (OIC), de los cuales 253 eran de la AGA.

También denunció a 104 agentes ante el Ministerio Público para dar un seguimiento penal, de los cuales 32 eran de AGA, según un informe de la Secretaría de Hacienda.

Las causas de las denuncias penales son variadas: cohecho, uso de documentos desde falsos, ejercicio indebido del servicio público, falsificación de documentos y peculado, así como abuso de autoridad e incluso operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con denuncias presentadas por empresas afectadas, funcionarios del SAT en las aduanas de Tamaulipas han exigido cobros extraordinarios para dejar pasar mercancías, en adición a los cobros que hace el crimen organizado.

Pese a la denuncia pública, José Antonio Vidales, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem), aseguró que en su experiencia es casi imposible que se cometan actos de corrupción en las aduanas.

“Yo no puedo meter las manos al fuego por nada, yo solamente digo que es muy difícil que suceda”, apuntó en entrevista.

Los agentes aduanales agrupados en la Caaarem, funcionan como intermediarios entre las empresas importadoras y la autoridad, ya que son los primeros en certificar la mercancía a importar. Los funcionarios públicos del SAT en las aduanas, los denunciados, son Oficiales de Comercio Exterior.

Vidales aseguró que en aduanas hay tecnología de punta que dificultaría la corrupción y colusión con el crimen organizado.

Niegan extorsiones

El SAT rechazó existan casos de corrupción en las aduanas ya que sus empleados, dice, son vigilados de forma permanente. Sin embargo, investigarán los señalamientos de corrupción hechos por empresas importadoras, según una carta enviada ayer a Reforma por el organismo. Además, advirtió que los servidores públicos aludidos están en su derecho de iniciar su defensa jurídica contra el diario y quienes denunciaron el caso.

Con información de Reforma.