Por: EFE
Nueva York, Estados Unidos; 7 de abril.- El juez federal de EU a cargo del caso contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, impidió este martes que su defensa comparta las pruebas del caso con otros coacusados que aún no han sido detenidos, como el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello.
“El material de divulgación no podrá compartirse con ningún demandado identificado que aún no haya sido detenido en el marco de este procedimiento, ni con los abogados de dichos demandados, aseguró Alvin Hellerstein, juez federal de la corte del Distrito Sur de Nueva York, en su respuesta a la petición realizada por la Fiscalía”.
Y añadió: No es necesario compartir el material de divulgación para preparar la defensa.
Hellerstein aceptó la petición de protección de la Fiscalía de hace unos días, en la que alegó que era necesaria una orden de protección sobre el conjunto de las pruebas por los riesgos que podía suponer para la seguridad de los testigos y la integridad de la investigación.
El objetivo de esta protección es dejar fuera del material a los otros tres acusados que no se encuentran detenidos por la justicia estadounidense, además de Cabello: Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior; Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’ y presunto líder de la organización criminal Tren de Aragua.
El juicio
El pasado 26 de marzo, Maduro y Flores comparecieron por segunda vez ante la justicia estadounidense en el marco de su caso de narcotráfico, por el que se encuentran en una prisión de Brooklyn desde principios de año, cuando fueron detenidos por las fuerzas estadounidenses.
En esta sesión, la Fiscalía solicitó por primera vez que no se permitiese compartir información con los coacusados.
Hellerstein no ofreció una respuesta entonces sobre esta solicitud, ni tampoco sobre las sanciones de EU a fondos venezolanos que, según alega Maduro, le impiden costearse una defensa.
El juez sí rechazó desestimar los cargos por narcoterrorismo contra el matrimonio, como solicitaron sus abogados y emplazó a las partes a una pronta resolución de la cuestión económica.