San Juan de Sabinas, Coahuila; 19 de febrero del 2026.- Este 19 de febrero se cumplen 20 años de la tragedia que enlutó a la Región Carbonífera de Coahuila: 65 mineros de Industrial Minera México, de Grupo México, perdieron la vida y 63 quedaron sepultados.

Desde entonces, gobiernos pasaron y negaron el rescate argumentando que “era imposible”, “que ponía en riesgo la seguridad”, que “la mina estaba inundada”, que “el agua estaba contaminada”. 

Sin embargo, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) iniciaron los trabajos para ingresar a la mina y la fecha, después de cuatro años de iniciados los trabajos por parte de la Comisión Federal de Electricidad, se han recuperado los restos de 25 mineros, 23 ya fueron identificados.

Para 23 familias, como la de Martha Iglesias, la espera después de 20 años terminó. “Es como un regalo de Dios que te abraza, que te da paz”, comenta. Para otras, como Lourdes Aguilar, es un sentimiento de desesperación. “Me da mucho sentimiento. Ya me canso, ya me fastidio”, reclama.

Sin embargo, las familias cargan un discurso en común. A 20 años de la tragedia, desenterrar cuerpos no basta. A 20 años de Pasta de Conchos, buscan la verdad, buscan la justicia.

Y nada cambia

Iglesias desearía que la muerte de su padre y de los mineros de Pasta de Conchos “valiera la pena”. Que hubiera un cambio completo en las inspecciones, en las normas, que haya responsabilidades, que haya cambios en la estructura del Estado, que cambiaran las cosas en su honor.

La realidad es otra. Desde la muerte de los 65 trabajadores en la mina 8 en San Juan de Sabinas, más de 120 mineros han muerto en la región, según datos oficiales pedidos por transparencia y la Organización Familia Pasta de Conchos. En dos décadas ocurrieron tragedias como la del pozo de BINSA, donde fallecieron 14 personas en 2011; la de la mina Micarán, en la comunidad de Rancherías, municipio de Múzquiz, en la que perecieron siete personas en 2021, o la más reciente, en El Pinabete, en Agujita, donde perdieron la vida 10 mineros en 2022, y cuyos restos se recuperaron hasta febrero de 2025.

“Hay bastantes minas que producen carbón para CFE, pero no sabemos cuántos estén clandestinos. Van 20 años y seguimos igual: empresas pequeñas de carbón clandestinas. Sigue siendo un riesgo perder la vida, y la muerte de un minero no debe pasar”, dice Martha Iglesias.

En la Región Carbonífera es común ver los pocitos en las comunidades. “Ves hoyos y hoyos por todos lados. No hay cambios”, insiste Iglesias.

Para la activista Cristina Auerbach, las medidas de no repetición no quieren decir que no van a hacer otra mina como Pasta de Conchos, sino que no pueden seguir comprando carbón en pozos, cuevas o minas precarias, donde se repite la muerte de sus mineros.

En 2025, el Gobierno federal y la CFE anunciaron la licitación para comprar carbón mineral en Coahuila, en donde se asignaron 27 partidas a diversos proveedores por 12 mil 239.3 millones de pesos. 

Sin embargo, para Auerbach se mantiene la misma dinámica: quienes explotan el carbón son empresas de reciente creación o que cambiaron de giro, empresas de las redes de políticos o empresas que tienen antecedentes de muertes de mineros.

Por ejemplo, Arcus Multiservicios del Norte S.A. de C.V., fue creada en 2023 y se dedicaba a la comercialización de materias primas para el comercio. Hasta 2025 se registró el cambio de objeto social, donde se incluyó la exploración, explotación, extracción y comercialización de carbón mineral.

También hay empresas o socios con antecedentes de muertes de mineros, como Carkim Industrial S.A. de C.V., que resultó beneficiado con un contrato de 356.3 millones de pesos, pero que tiene antecedentes de tragedias en el sector: en 2024 murió un minero en una mina de Palaú, además de los siete mineros muertos en Rancherías, Múzquiz, en 2021.

La activista lamenta que no se tenga empatía con esta región, a la que llama “zona de sacrificio” por la cantidad de víctimas que han muerto o que continúan trabajando en condiciones brutales.

Sentimientos encontrados

“Aquí salió papá”, señala Martha Iglesias en una mañana congelante de enero, mientras apunta a la zona de las rampas en la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas. 

Fue el 4 de diciembre de 2024, a las 21:36 horas que los restos de su padre, Guillermo Iglesias, fueron desenterrados de la mina.

Pasaron casi dos meses para que las autoridades le notificaran que aquellos restos eran, en efecto, los de su papá.

No muy lejos de la mina donde Martha recuerda la tragedia y la recuperación de los restos –a unos 15 minutos de distancia– vive María de Lourdes Aguilar, viuda del minero Fermín Tavárez Garza. Ella mantiene la esperanza de que entre los restos de los dos últimos mineros que fueron recuperados en enero estén los de su esposo.

“Le pido a Dios que me conceda eso, que sea mi esposo”, platica conmovida en la cochera de su casa.

Para ella, la recuperación e identificación de los restos de 23 mineros es un sentimiento de alegría y tristeza. “Quiero que sea mi señor. Haz de cuenta que no fue ayer, 20 años ya son pesados”, dice.

Aguilar Flores está cansada. Son 20 años de lucha. Son 20 años en los que –dice– se han enfrentado al Gobierno y a la empresa. Dos décadas en las que les aseguraron que no se podía dar el rescate.

Lourdes tenía 28 años cuando ocurrió el siniestro. Junto a su esposo Fermín procreó un hijo, que hoy ya tiene más de 20 años. Él se acaba de graduar de la universidad. Cuando habla de ello, que creció sin padre, el sentimiento de desolación aflora.

“Me lo dejó muy chiquitito, un año y tres meses. No lo conoció. No lo trató ni nada. Hay muchos que quedaron muy chiquitos. Mi esposo le pedía tanto a Dios verlo crecer, verlo que estudiara, lo anhelaba, y no se le cumplió”, lamenta María de Lourdes.

Comenta que ahora que han comenzado a recuperar los restos de los mineros, su hijo le pregunta: “¿Ya oyó que hallaron dos más?”. Lourdes le dice que todavía no informan quiénes son. Otras ocasiones se queda callada. A la madre y esposa se le ruedan las lágrimas.

“Ya quiero que salga para deslindarme de todo esto, porque sí es cansado. Volver a lo mismo, y me da mucho sentimiento”, comparte.

Martha Iglesias cuenta que su papá tenía 58 años. Trabajaba de tercera, y esa madrugada –la del 19 de febrero de 2006– hacía mucho frío; todavía recuerda la vibración de las ventanas de su casa a las 2:15 de la madrugada. Horas después su padre no regresó a casa y les avisaron que la mina había explotado.

“Era un día frío, no nos dejaban pasar. Estaban resguardando el área”, recuerda Iglesias sobre aquellas primeras horas.

Para ella no se trató de un accidente. Su padre, un minero con experiencia, les había comentado que la mina presentaba problemas, había mucha negligencia y que les faltaba el aire.

“Cuando me entregaron a mi papá, me dieron el diagnóstico de cómo murió. Que él cayó en un derrumbe y una piedra colapsó su costilla en el corazón y eso provocó su muerte. Él tenía una rodilla doblada. “Saber que pudo estar vivo y no lo sacaron, y que después se cayó la mina. La mayoría son cuerpos completos los que han sacado. No se quemaron, no se desintegraron como dijeron. No quisieron hacer la recuperación”.

Martha Iglesias asegura que no sólo buscan la recuperación de un cuerpo, sino también la verdad. “¿Qué pasó allá abajo?”, pregunta la hija. “No fue como dijeron, no estaban quemados. Queremos la verdad”, insiste.

No se trata de sacar un cuerpo de un pozo para meterlo a otro, como muchos dijeron en su momento, indica. “Allí está enterrada la verdad y hay que sacarla”, recalca. No son sólo huesos, es evidencia para esclarecer las responsabilidades de la empresa, puntualizó.

Negligencia criminal: Napoleón 

A  20 años de la explosión y tragedia en la mina Pasta de Conchos, el diputado federal con licencia y dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia, sostuvo que la suspensión de las labores de búsqueda y rescate obedeció al temor de Grupo México a enfrentar consecuencias penales.

“El quinto día se asustaron”, afirmó. “Pensaron que podían venir 65 denuncias penales en contra de la empresa por haberlos mantenido en condiciones irresponsables, violatorias de la Ley Federal del Trabajo”. Para el dirigente minero, la tragedia fue consecuencia de “una negligencia criminal” y de la “arrogancia” empresarial. Sin embargo, subrayó que lo más grave ocurrió después: la orden de suspender el rescate. Recordó que al quinto día del siniestro fuerzas federales y estatales desalojaron a rescatistas y familiares. “Fue lo peor”, dijo. “Cerraron la mina y decidieron no rescatar”.

A su juicio, la empresa “se acobardó” ante la posibilidad de enfrentar procesos penales por incumplir su obligación constitucional de garantizar la seguridad y la vida de los trabajadores. Y 20 años después, señala Gómez Urrutia, persiste la impunidad. Sólo 25 cuerpos han sido recuperados. El resto permanece en el subsuelo.

En ese contexto, informó que presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para tipificar el “homicidio industrial”, figura que busca sancionar penalmente a empresarios que, por negligencia o irresponsabilidad, provoquen la muerte de trabajadores.

Con información de: EL UNIVERSAL y Leopoldo Ramos 

DGLJ