Piedras Negras, Coahuila; 29 de enero del 2026.- Luego de que el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer recibió una denuncia por presunta violencia familiar, psicológica y económica en contra del regidor del Partido del Trabajo, Juan Carlos “N”, relacionada principalmente con el incumplimiento reiterado del pago de pensión alimenticia para su hija menor, la asesora jurídica del Ayuntamiento de Piedras Negras, Ariana Denisse García Bosque, informó el estatus del caso.
La funcionaria explicó que, de acuerdo con la denuncia presentada, la víctima -quien habría sido menor de edad al momento de quedar embarazada- señaló que durante al menos 10 años no recibió pago alguno de pensión alimenticia, pese a que el señalado ha ocupado el cargo de regidor en al menos tres ocasiones, percibiendo ingresos mensuales superiores a los 30 mil pesos, presuntamente ocultando ingresos para evadir dicha obligación.
García Bosque detalló que, tras analizar la narrativa de la víctima, se identificaron elementos que apuntan a que la relación no fue consensuada y ocurrió cuando la denunciante tenía 17 años, por lo que se evalúa la posible configuración de un delito de carácter sexual. Añadió que, conforme a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este tipo de delitos cometidos contra menores podrían ser imprescriptibles, motivo por el cual se continúa integrando la carpeta con mayores datos de prueba.
La asesora jurídica señaló que lo que ya se encuentra plenamente acreditado es la violencia familiar en su modalidad psicológica y económica, por lo que se solicitaron medidas de protección para la víctima y la menor, luego de que presuntamente el denunciado enviara mensajes tras iniciarse un procedimiento en el ámbito familiar para exigir el cumplimiento de la pensión.
Asimismo, destacó que también existe una afectación emocional hacia la menor, derivada de la constante denostación y del abandono por parte del progenitor, quien nunca mantuvo cercanía ni cumplió con sus obligaciones paternas, así como la omisión de brindarle acceso a servicios médicos, pese a contar con seguro de gastos médicos mayores como funcionario público. Esta situación cobra relevancia, explicó, debido a que la menor enfrenta un problema de salud que podría derivar en ceguera permanente.
Finalmente, García Bosque indicó que las posibles consecuencias en el ámbito electoral dependerán del avance de las investigaciones, ya que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) exige a quienes aspiran a cargos de elección popular firmar una declaración bajo protesta de decir verdad en la que aseguran no ser deudores alimentarios, situación que podría ser revisada por la autoridad electoral.
DGLJ