WhatsApp
Pronostico del tiempo
Puentes Internacionales
Twitter
Instagram
YouTube
Facebook

+

El Chapo mantuvo compradas a autoridades mexicanas

En la investigación realizada por Estados Unidos salió a relucir el grado al que la organización del Chapo se había infiltrado en los tres niveles de gobierno. Afirman tener pruebas y testigos.

  • 192

En la investigación realizada por Estados Unidos salió a relucir el grado al que la organización del Chapo se habí­a infiltrado en los tres niveles de gobierno. Afirman tener pruebas y testigos.

Por: Agencias

Ciudad de México.- De acuerdo con un reportaje que publicó "Proceso" el 22 de enero pasado, Joaquí­n “El Chapo” Guzmán pagó millones de dólares por su protección, armó un ejército particular y confrontó a sus enemigos con violencia extrema para hacer del Cártel de Sinaloa una de las organizaciones delictivas más grandes y prolí­ficas del mundo.

Sus dos escapatorias de penales de máxima seguridad en México –en enero de 2001 y julio de 2015–, su capacidad económica de corrupción y los grupos de fuerza que desarrolló lo convierten en uno de los narcotraficantes más peligrosos.

Tal es el perfil delictivo de "El Chapo" Guzmán que el gobierno estadounidense presentó ante la Corte federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, el viernes 20, un dí­a después de que el gobierno de Enrique Peí±a Nieto lo extraditara, a unas horas de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

El capo fue sacado del Altiplano y entregado a la PGR. Elementos de la Procuradurí­a inmediatamente lo pusieron en manos de autoridades estadounidenses, quienes lo trasladaron a la prisión de supermáxima seguridad en Nueva York.

Al ser presentado en la Corte Federal de Brooklyn, el Departamento de Justicia le hizo saber los 17 cargos que hay en su contra. La Fiscalí­a pide cadena perpetua luego de que el Departamento de Estado, en su solicitud de extradición se comprometió con el gobierno de México a no aplicarle la pena de muerte.

La pretensión de la justicia estadounidense, que refiere casi 40 aí±os de actividad delictiva, contrastan con lo ocurrido en México, donde Guzmán no ha podido ser sentenciado por narcotráfico, a pesar de las acusaciones que le ha hecho desde los aí±os 90.

De acuerdo con la revista, en más de 20 procesos que se le han abierto desde entonces por homicidio, producción y tráfico de marihuana y cocaí­na, y otros delitos contra la salud, ha salido absuelto, sin contar los 10 que actualmente se siguen en su contra. De acuerdo con su historial judicial, la justicia mexicana no ha podido declarar a Guzmán Loera como narcotraficante.

Joaquí­n Guzmán enfrenta seis procesos en Estados Unidos en cortes federales de Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Texas y California. Solo estas dos últimas pidieron a México su extradición. La Secretarí­a de Relaciones Exteriores (SRE) la concedió y tuvo el aval del Poder Judicial de la Federación.

Su defensa se concentró en esas dos peticiones, pero la SRE acordó con Estados Unidos extraditarlo por nuevos cargos en otras jurisdicciones a condición de no ser condenado a muerte o, en su caso, a que esa pena no se ejecute.

En su sesión privada del miércoles 18, ninguno de los cinco ministros de la Primera Sala de la SCJN hizo suya la petición del abogado de "El Chapo", José Refugio Rodrí­guez, para que revisaran la negativa de amparo decidida por un juez de Primera Instancia.

Los ministros consideraron que no habí­a ninguna violación constitucional en la extradición y decidieron que los expedientes pasaran al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México para que este resolviera en definitiva. La determinación de los ministros no fue comunicada oficialmente por la Suprema Corte, pero se conoció en el máximo tribunal y la noticia se difundió.

En su primera comparecencia ante la Corte Federal de Nueva York, el pasado viernes 20, "El Chapo" se declaró inocente de todos los cargos. Su primera audiencia quedó programada para el 3 de febrero.

Estados Unidos se llevó más de 20 aí±os para armar su expediente. Intervinieron la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigación (FBI), el Servicio Marshal, del Departamento de Justicia, así­ como el Departamento del Tesoro y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), del propio Departamento del Tesoro, y el Departamento de Seguridad Interior.

La investigación comprende de 1989 a 2014, periodo en el que, de acuerdo con los documentados presentados ante la Corte Federal, hay una constante: la protección de la autoridad en México, en particular desde 2001, cuando se fugó por vez primera de un penal de máxima seguridad y se encaminó a convertirse en “el narcotraficante más notorio del mundo”.

En un memorando que el Departamento de Justicia presentó el viernes 20 ante la Corte para reforzar su acusación, se asegura que Guzmán logró controlar “a funcionarios gubernamentales corruptos de todos los niveles de México y gobiernos de otros paí­ses a través de sobornos”.

Esos pagos le permitieron proteger sus embarques de droga de México hacia ciudades de la frontera norte, así­ como asegurar el paso de estos cuando cruzaban a territorio de Estados Unidos.

Para las autoridades estadounidenses, la corrupción fue clave para solidificar su poder en México:

“Una piedra angular de su estrategia fue la corrupción en cada nivel de gobierno: local, municipal, estatal y nacional, además de extranjeros, a quienes les pagó para asegurar que él y el Cártel de Sinaloa tuvieran libertad de traer toneladas de cocaí­na desde América del Sur y moverlas libremente a Estados Unidos”.

Precisan que los pagos le garantizaron, además de ese libre paso, que los miembros de su organización no fueran detenidos y que las disputas territoriales se resolvieran a favor de la organización que lideraba el capo sinaloense.

Dan un ejemplo: el soborno por alrededor de un millón de dólares en efectivo a funcionarios encargados de perseguirlo y, con ello, asegurar el paso libre de un cargamento a través de México. El documento omite la fecha y los nombres de los funcionarios involucrados, y asegura que hay testigos dispuestos a declarar sobre los pagos de Guzmán Loera a polí­ticos y funcionarios encargados del cumplimiento de la ley en México para asegurar que esta no se aplicara.

El memorando menciona que un exfuncionario de Ciudad Juárez podrí­a testificar sobre el pago de “cientos de dólares por mes” para dejar en libertad a los miembros del cártel que fueran detenidos, liberar las rutas por donde pasaban los cargamentos de droga y dar protección armada a los camiones cargados con droga que pasaran por esa área.

El gobierno estadounidense dijo al juez que “El Chapo” comenzó desde adolescente cultivando mariguana y amapola para la producción de heroí­na. “Con el paso de los aí±os dedicó sus esfuerzos a crecer su organización e incrementar y mejorar el poder del Cártel de Sinaloa, a menudo a través de la tortura y el asesinato.

“Como lí­der del Cártel de Sinaloa operó con impunidad en los más altos niveles del mundo del narcotráfico mexicano, mientras aseguraba su éxito continuo y que no fuera detenido, a través de pagos de sobornos a funcionarios gubernamentales y oficiales encargados del cumplimiento de la ley.”

Seí±aló que aun durante sus encarcelamientos continuó manejando sus operaciones de narcotráfico y exitosamente complotó para escaparse de la cárcel. Una vez libre, continuó supervisando las actividades de su “imperio de tráfico de drogas”.

Desde 2009, cuando el Departamento de Justicia presentó por primera vez cargos contra él en Nueva York, aseguró que junto con los otros jefes del Cártel de Sinaloa “históricamente… aseguraron su protección polí­tica y judicial en común”.

En esa acusación, el gobierno estadounidense se lanzó en contra del liderazgo de lo que se dio en llamar La Federación, como se conoció a la organización sinaloense entre finales de los aí±os 80 y la década pasada.

Además de "El Chapo", incluyó a los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva, a Ignacio Coronel Villarreal y a los hermanos Ismael y Jesús Reynaldo Zambada Garcí­a. Con excepción de Ismael, los demás están muertos, detenidos o extraditados.

Arturo Beltrán Leyva fue ejecutado por la Marina en 2009; Héctor está combatiendo su extradición, autorizada en diciembre pasado; Nacho Coronel fue abatido por el Ejército en 2010, y Jesús Zambada fue extraditado a Estados Unidos en 2012.

De acuerdo con ese expediente, La Federación operó a través de arreglos de cooperación y cercana coordinación con los proveedores de cocaí­na en América del Sur: “A través de una cadena de policí­as corruptos y contactos polí­ticos, La Federación dirigió el transporte a gran escala de narcóticos que involucraba el uso de activos de transporte por tierra, aire y mar, embarcando múltiples toneladas de cocaí­na desde América del Sur, a través de América Central y México, para finalmente meterlas a Estados Unidos”.

Con información de Proceso y El Debate

Publicación anterior Dirige alcalde clausura de cursos para fomentar el autoempleo
Siguiente publicación Retórica de odio ya es ley
Entradas relacionadas
Comentarios
  TV en Vivo ;