Por: Teresa Quiroz
Saltillo, Coahuila.- Luego de que el ex novillero Vicente Salas solicitara al ayuntamiento de General Cepeda la autorización para la realización de una corrida bajo la usanza portuguesa, este ha recibido el permiso municipal, siempre y cuando el Poder Judicial del Estado declare inconstitucional la prohibición de dicho acto.
Fue en días pasados que a través de la resolución del amparo 1459/2023 donde se solicitaba al municipio dar respuesta a la petición que el ayuntamiento resolvió analizar el tema.
Resultando que se encuentra a favor de la realización de la corrida de toros en la que proyecta la participación del torero Alfredo Ferriño, Alberto Galindo "El Geno", Hernán Ordanza, Enrique Garza y Vicente Salas.
No obstante, y a pesar de encontrarse de acuerdo con la celebración de la usanza portuguesa, el área jurídica del municipio pidió al magistrado presidente Miguel Ángel Mery Ayup determinar con base en la Ley de Justicia Constitucional Local para el Estado de Coahuila si es posible o no que la corrida se lleve a cabo.
“En las anteriores condiciones a nivel local, a la lidia de reses bravas se le debe reconocer como bien de interés cultural coahuilense y de trascendencia económica y empresarial.
Las anteriores preocupaciones se externan dado que parte de la actividad económica en General Cepeda es pecuaria y resulta conflictiva para esta autoridad que animales cuya finalidad es su explotación y sacrificio.
Por ello se instruye a la Dirección Jurídica, se presente la consulta ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia para que en términos del último párrafo del artículo 70 y el diverso 69 Ley de Justicia Constitucional Local para el Estado de Coahuila sea presentada la consulta.
Una vez que el Tribunal Constitucional Local decida sea resuelta la petición de definitiva. En tanto se dicta la sentencia constitucional acorde la fracción V se suspende el trámite y resolución de la instancia administrativa”, se lee en la resolución municipal.
Lo anterior lo deberá de resolver el titular del Poder Judicial del Estado en un término de 30 días conforme a la Ley de Justicia Constitucional local para el Estado de Coahuila.
AAG
