Por Agencia Reforma
Monterrey.- En un comunicado emitido esta noche, el Poder Judicial, el Congreso local, la Fiscalía General de Justicia, la Auditoría Superior del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Estatal de Transparencia informaron que, de nueva cuenta, el Estado no depositó los recursos necesarios para el pago de sus nóminas.
Con ello, se afecta a más de 7 mil trabajadores y sus familias al no contarse con el dinero para el pago de su salario correspondiente a la segunda quincena de enero.
Poderes y organos autónomos advierten que la omisión en el deposito de los recursos para el pago de los salarios de los servidores públicos se da contraviniendo el compromiso de García de no volver a darse esa situación
El reclamó también se difundió a través de las redes oficiales de los organismos.
“Las instituciones aquí representadas hacemos de su conocimiento que, de nueva cuenta, el Gobierno del Estado que encabeza Samuel Alejandro García Sepúlveda, ha incumplido con realizar el depósito total de los recursos correspondientes a la nómina de la segunda quincena del mes de enero del presente año, afectando en su sustento a más de 7 mil trabajadores y sus familias”, establecen en el comunicado.
“Esto sucede a pesar de que, al ocurrir lo mismo en noviembre de 2023, el Gobernador del Estado aseguró que no se repetiría, sin embargo, nos encontramos ante la misma situación”.
“Por este medio solicitamos con carácter de urgente que se giren las instrucciones para que la Secretaria de Finanzas y Tesorería General realice el depósito íntegro de la nómina actual y que se haga a la vez, el depósito de las parcialidades de nómina pendientes de los últimos meses del año pasado”.
Los afectados exigen al Gobernador entregar el Presupuesto 2024.
“Exigimos al Gobernador”, establecen en el comunicado, “que cumpla con lo establecido en la Constitución Política de nuestro estado, que él mismo juró proteger y guardar, presentando de inmediato el proyecto de Prespuesto de Egresos para 2024 y realizando las transferencias conforme lo marca la ley, esto en beneficio de los trabajadores de Nuevo León y en salvaguarda de los servicios que las instituciones públicas prestan a la ciudadanía”.
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