Por: Grupo Zócalo
Frontera, Coah.- Luego de 2 horas de audiencia virtual, el Juez dictó la libertad inmediata a Rubí Carrizales, joven sentenciada a 9 años por el delito de homicidio culposo en un accidente vial; y después de que el pasado 23 de diciembre se le dictó prisión preventiva en lo que hace efecto la sentencia que se le adjudicó, después de 6 años de un proceso alentado y lleno de recursos interpuestos por la parte acusada.
En esta ocasión, el recurso fue amparado por un Juez federal, quien ordenó la realización de la audiencia a fin de revertir la medida preventiva de prisión en contra de la joven de 28 años de edad, a quien le pesa una condena de 9 años, sin embargo, el argumento es que no había ningún motivo por el cual se cambiara la medida preventiva en lo que hace efecto la ejecución de su sentencia.
VE ABOGADA IRREGULARIDADES
Juanita Olalde, abogada de la parte acusatoria en contra de Rubí Carrizales, dijo que la orden del Juez federal y el cumplimiento de la liberación de la joven de 28 años de edad, acusada de homicidio culposo, mantiene anomalías, como el no tomar en cuenta a la parte acusatoria y no notificar hasta el último momento, dejándolos sin poder contraponer este asunto.
Pagará $8 mil 500 por brazalete
Un monto de 8 mil 500 pesos por concepto de mantenimiento del brazalete electrónico, deberá pagar Rubí Carrizales una vez que se le regresó la medida preventiva del dispositivo electrónico y ante la incidencia, la defensa de la condenada pidió eliminar el cobro de dicho concepto.
Al escuchar esta instrucción, la parte de la defensa de Rubí manifestó que no había fundamento para hacer este pago, por lo que solicitaron su eliminación; pero la respuesta del Juez fue clara al decir que se tiene qué hacer efectivo el pago mensual para continuar con este dispositivo, siendo los días de pago el 21 de cada mes.
La orden de pago de este mantenimiento por 8 mil 500 pesos obedece a que el Poder Judicial y el subsidio que tenía del gobierno ya no está vigente y por ende los gastos deben correr por cuenta de quien lo porta, de ahí que se le obligaba al pago para su control y monitoreo.
Temen que se pueda escapar
La abogada de las víctimas, Juanita Olalde, dijo que el no contemplar a la parte acusatoria es un delito y se incurre en violaciones a la ley, mismas que serán evaluadas y se actuará conforme a lo que sus representados manifiesten, obviamente porque consideran que el estar en libertad pudiera prestarse a que se pueda escapar.“El hecho de que ya esté condenada le quita muchos beneficios, entre ellos el poder seguir libre aún cuando además del proceso al interior del Centro de Readaptación, debe cumplir con la obligación del pago de reparación de daños que es de más de un millón 777 mil pesos, esto es un riesgo para que se pueda escapar, ese es el argumento que se usó y se había calificado como válido”, explicó.
Del mismo modo dijo que esperarán a ver qué movimiento se pude realizar para contrarrestar y eliminar el temor de los representados, para que se garantice tanto el cumplimiento de su condena como la reparación de los daños.
Por último, dijo que solicitarían que se dé garantía que la condenada cumpla cabalmente con sus obligaciones en lo que hace efecto la condena y se hace el formal ingreso al CERESO de Piedras Negras.
EJQE
