Por: Agencia Reforma
Ciudad de México; 08 de diciembre.- El Ejecutivo federal impugnó la suspensión de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que en conjunto suman 15 mil 800 millones de pesos, aplicada esta semana por el ministro Javier Laynez.
En un comunicado, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República informó que presentó un recurso de reclamación en contra de la medida cautelar otorgada por el ministro, misma que calificó de ilegal.
“Hoy la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó ante la SCJN un recurso de reclamación en contra de la medida cautelar otorgada ilegalmente, ya que el propio ministro Javier Laynez reconoce que el decreto impugnado prevé las medidas necesarias para salvaguardar los derechos laborales”, indicó
“En este sentido, se hace un nuevo llamado al máximo tribunal para que honre la palabra de su presidenta, Norma Piña, y permita que dichos recursos públicos, propiedad del pueblo, se utilicen para la reconstrucción de Acapulco”.
El pasado 5 de diciembre, Laynez suspendió en su totalidad la extinción de fideicomisos, al admitir a trámite acciones de inconstitucionalidad promovidas por senadores y diputados de Oposición a la medida impulsada por la 4T.
Una vez admitidas las acciones, iniciará el trámite de juicios en los cuales el Pleno de la Corte podría invalidar la reforma de octubre pasado a la Ley Orgánica del PJF, que ordena concentrar en la Tesorería de la Federación fondos acumulados por décadas.
La Consejería, cuya titular, María Estela Ríos formó parte de la primera terna de AMLO para cubrir una vacante en la Corte, sostuvo que el ministro Laynez debió excusarse de conocer las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de dicha reforma.
Acusó al ministro de no ser imparcial ni objetivo, así como de actuar con soberbia y falta de solidaridad institucional, pues la propia ministra presidenta públicamente solicitó analizar la posibilidad de destinar los recursos de los fideicomisos a población damnificada en Acapulco.
“Resulta lamentable que el ministro, (…) a pesar de haberse pronunciado anticipada y públicamente en contra de la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no se haya excusado de conocer de las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra del decreto legislativo que instruye la desaparición de aquellos fideicomisos del PJF que no estén previstos en alguna norma”, señaló.
“Lo cual hace evidente su falta de imparcialidad y objetividad, requisitos necesarios en todo juzgador. Así, no es extraño que, de manera arbitraria, haya suspendido todos los efectos del decreto impugnado”.
Como lo argumentó la Segob el pasado miércoles, la Consejería señaló que la ley establece expresamente que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no puede dar lugar a la suspensión de la norma cuestionada, incluidas las disposiciones transitorias.
Para justificar el otorgamiento de la suspensión, criticó la Consejería, el ministro Laynez señaló que, de no detenerse la extinción de los fideicomisos, se causaría un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de la ciudadanía.
“Lo cual resulta falso porque la función jurisdiccional está garantizada con los recursos del Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados”, agregó la Consejería.
“En su determinación, el ministro instructor afirma indebidamente que los fondos de dichos fideicomisos públicos son un mecanismo que garantiza la impartición de la justicia, sin los cuales no se podría realizar la función jurisdiccional. Olvida que dicha actividad del Estado se garantiza con los recursos presupuestales asignados de forma anual al PJF”.
Desde 2018, agregó la dependencia, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sostuvo que los fideicomisos del Poder Judicial no se apegan a los principios de austeridad y racionalidad, dada la nula utilización de sus fondos.
“Por lo que detectó una acumulación injustificada de recursos públicos, ya que las prestaciones laborales están garantizadas con recursos presupuestales y no dependen de los fideicomisos, como indebidamente lo señala el ministro instructor”, añadió.
