Ciudad de México.- En el centro histórico de la Ciudad de México hay una calle que lleva el nombre de Artículo 123, en honor a una venerada cláusula de la Constitución que consagró los derechos de los trabajadores hace un siglo. Redactada durante una sangrienta revolución, un pilar central del texto era la jornada laboral de 8 horas, con un día de descanso, y un máximo de 48 horas a la semana.
Los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados quieren reducir el límite a 40 horas, tras los cambios que se introdujeron en Chile y Colombia a niveles similares. La jornada laboral de los mexicanos es una de las más largas de la OCDE. Alrededor de 15 millones de personas trabajan más de 48 horas semanales, según el Inegi.
Sin embargo, el sector privado se opone a la reducción propuesta, advirtiendo que esto significaría costos más altos, agravaría la creciente escasez de mano de obra y aumentaría la proporción de trabajadores en el sector informal.
El debate se produce después de varios años de mejoras notables para los trabajadores formales bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El salario mínimo aumentó más del doble y se puso freno a una práctica de subcontratar trabajadores para evitar el pago de prestaciones. Los contratos sindicales, que a menudo protegían a las empresas más que a los trabajadores, ahora deben someterse a votaciones democráticas.
Al mismo tiempo, el desempleo es inferior a 3 por ciento y el salario promedio diario en el sector formal aumentó casi 20 por ciento en términos reales en los últimos cinco años. Pero los líderes empresariales dicen que la propuesta de recortar la jornada laboral regular significaría que las empresas tendrían que encontrar cómo cubrir 105 millones de horas extra a la semana, probablemente con 2.6 millones de trabajadores, a un costo de 360 mil mdp.
La propuesta que está sobre la mesa es una semana laboral de cinco días, con una jornada máxima de ocho horas con efecto inmediato. Requiere un cambio constitucional, lo que significa que Morena necesita algunos votos de la oposición para alcanzar la mayoría requerida de dos tercios.
Los esfuerzos de reforma laboral existentes se centran en la economía formal. Pero más de la mitad de los trabajadores de México están en el sector informal, lo que significa que son más vulnerables a condiciones abusivas y es probable que sus empleadores sigan siendo más pequeños y menos productivos que sus competidores formales.
En casi dos décadas, la proporción de trabajadores informales solo ha reducido de 59 al 55 por ciento, según el Inegi. Pocos políticos han tomado medidas difíciles para reducirlo aún más, como construir un sistema de salud unificado o emprender una reforma fiscal.
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