Quintana Roo.- El Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) informó que 14 servidores públicos del gobierno del estado fueron dados de baja por denuncias por acoso sexual.
María Hadad, directora del IQM, dijo que los involucrados han sido destituidos “de manera fulminante, independientemente de las sanciones o procedimientos administrativos o los procedimientos penales” correspondientes.
Reiteró que los casos que ocasionaron el cese de los funcionarios provienen de expedientes del sexenio anterior “que estaban ahí parados, con todas las evidencias del acoso, del hostigamiento, en muchos casos hasta con testigos de lo que había ocurrido y, simplemente, no sucedía nada”.
La directora del IQM señaló que las víctimas han pedido presentar las denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que el IQM las ha acompañado en este proceso.
“De esos casos, sobre todo eran directores, quienes ejercen un poder y evidentemente creen que ese poder les permite ir más allá de sus deberes y ejercer violencia en contra de las mujeres. Eran servidores públicos que vienen de la administración pasada, que todavía estaban en sus cargos y bueno, lo que hicimos es reactivar estos expedientes para revisarlos”, indicó.
Señaló que siete de cada 10 casos se han dado en la zona sur, debido a que ahí es donde se concentra más la burocracia, aunque no descartó que haya más casos a nivel municipal, por lo que, dijo, ya se reunieron con los presidentes municipales para buscar formas para atender esta problemática.
En octubre de este año, también 10 funcionarias fueron dadas de baja tras detectar que recibían beneficios del programa “Mujer es Vida”.
El programa insignia del gobierno de Quintana Roo para el apoyo social para mujeres en situación vulnerable establece que los recursos del programa están dirigidos para los sectores más vulnerables de la población, pero se descubrió a varias funcionarias que aparecían como beneficiarias pese a que reciben salarios superiores a 30 mil pesos.
Las reglas de operación de “Mujer es Vida” especifican que las beneficiarias deben estar por debajo de la línea de pobreza en ingresos.
Con información de Latinus
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