Por: Agencias
Estado de México; 25 de noviembre.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) implementó un dispositivo en la capital mexiquense y varios municipios del Valle de Toluca con el propósito de cumplimentar orden de aprehensión en contra del alcalde, Raymundo Martínez, quien en días pasados fue acusado por su exesposa, Viridiana Rodríguez, de violencia familiar y persecución en su contra y la de su familia.
Esta noche, en torno al Palacio Municipal fue dispuesto un cinturón de seguridad con 85 elementos ministeriales; por la tarde, las autoridades lo buscaron, sin éxito, en tres de sus domicilios, pero al llegar a donde se presumía que se encontraba, no lograron detenerlo.
Ante ello, el dispositivo de seguridad se extendió por todo el municipio, mismo que fue confirmado por la Fiscalía de la entidad mexiquense.
El munícipe ofrecería conferencia de prensa a las 14:00 horas de este viernes, pero el evento se canceló.
“Por causas de fuerza mayor el evento de Rueda de Prensa con motivo de la Toma de Presidente de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) en el Estado de México, programado para el día de hoy, se pospone en fecha por definir”, se informó a los medios de comunicación.
Para entonces, ya se rumoraba sobre la existencia de una orden de aprehensión en contra del edil, aunque la Fiscalía mexiquense no lo ha formalizado, apenas publicó vía redes sociales:
Extraoficialmente corre la versión de que la orden de aprehensión otorgada responde al supuesto delito de secuestro exprés, que se habría configurado a partir de la retención de sus exsuegros para obligar a su expareja a devolverle algunos documentos.
Hace unos días y después de ocho meses de persecución, Viridiana Rodríguez, su exesposa, rompió el silencio para denunciar, a través de redes sociales, que vivió 12 años de violencia con Martínez Carbajal.
“Hoy vivo un infierno que comenzó a arder el 12 de abril con la detención ilegal de mi padre, sin orden de aprehensión ni de cateo, ejecutada por la Policía Municipal comandada por Iván Zepeda, entonces director del DIF… quienes allanaron su oficina, lo golpearon y sacaron a la fuerza con apoyo de un comando de 40 policías”, refirió.
La extitular del sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) expuso que su exesposo fue denunciado por los presuntos delitos de secuestro, violencia familiar, allanamiento, daño en propiedad ajena, despojo, abuso de autoridad, abuso de poder y uso indebido de fuerza pública, pero las investigaciones, según acusó, no avanzaron porque el alcalde de Toluca fue protegido por las autoridades.
Incluso indicó que la noche del 5 de mayo, un día inhábil, se apersonó en su domicilio personal de la Fiscalía, la nueva directora del DIF Municipal y el notario Erick Santín para obligarla a firmar el desistimiento, por lo que exigió la intervención de la gobernadora Delfina Gómez.
La supuesta víctima señaló que no había hablado porque fue obligada a suscribir un acuerdo de confidencialidad que le impide hablar del alcalde durante 15 años y le obliga a no ejercer acción legal en su contra, pues, de hacerlo, tendría que indemnizarlo con 15 millones de pesos.
VCF
