Por Agencia Reforma
Ciudad de México.- Un juez federal determinó ayer suspender por tiempo indefinido la reforma que extingue los 13 fideicomisos con 15 mil millones de pesos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Juan Fernando Luévano Ovalle, Juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, otorgó la primera suspensión definitiva contra el decreto de extinción, en un amparo presentado por un grupo de 9 magistrados de circuito y 3 jueces de distrito en esa entidad.
Según informes judiciales, el impartidor de justicia reiteró los términos de la suspensión provisional del pasado 31 de octubre, en la que prohibió temporalmente al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) transferir los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
A estas últimas entidades de la administración pública federal también les prohibió disponer del dinero de dichos instrumentos financieros.
La instrucción del juez al CJF es abstenerse de cancelar o extinguir los fideicomisos y garantizar su continuación, operación y administración, en cumplimiento a las reglas de operación de cada uno de ellos.
También ordena acatar esta suspensión a las entidades fiduciarias Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y la Banca de Desarrollo Nacional Financiera (NAFIN).
El juez estableció que esta medida protectora estará vigente hasta que sea resuelto en última instancia el amparo de los promoventes, algo que podría tardar meses o incluso más de un año.
El Gobierno federal tiene la posibilidad de presentar un recurso de revisión contra este resolutivo ante un tribunal colegiado, sin embargo, por lo regular ese tipo de impugnaciones son resueltas en no menos de cuatro meses.
Los promoventes del amparo son los magistrados María del Carmen Cordero Martínez, José Juan Múzquiz Gómez y Arturo Alberto González Ferreiro, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Chihuahua.
También Gerardo Torres García, Gabriel Asención Galván Carrizales y Abraham Calderón Díaz, magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo; así como Jesús Martínez Calderón, Alfredo Manuel Bautista Encina y Cynthia Yari Ruiz Holguín, magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación en la capital del Estado.
Los tres jueces quejosos son Blanca Cointa Lamelas Ruiz, del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales; y Javier Antonio Mena Quintana y Roberto Antonio Alcoverde Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua.
El Gobierno federal busca usar los fondos de los fideicomisos del Poder Judicial para apoyar a damnificados por el huracán OTIS.
AFPR
