Por: Grupo Zócalo
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) intentará hoy por séptima ocasión acusar a Emilio Lozoya del caso Agronitrogenados y pedir que lo condenen a 15 años de cárcel por el delito de lavado de dinero.
El ex director de Pemex tiene agendada para este jueves a las 12:00 horas su comparecencia a la audiencia intermedia de este proceso, la cual presidirá Gerardo Alarcón López, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
A menos que cambien su postura del mes pasado, en la diligencia se espera que también Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) justifiquen el aumento de 10.7 a 30 millones de dólares del monto de la reparación del daño.
De ser el caso, ambas instituciones también deberán argumentar la razón por la que no lograron negociar con Lozoya los beneficios legales para su liberación.
Desde enero de 2022, cuando la Fiscalía General de la República presentó su acusación por escrito, se ha aplazado en seis ocasiones esta diligencia prevista para debatir y depurar los datos de prueba de las partes, así como acusar en forma oral al procesado y pedir la pena de prisión.
Estuvo agendada el 3 de abril y 4 de noviembre del año anterior, así como el 3 de enero, 16 de febrero, 27 de abril y 18 de julio. Por distintas razones, siempre fue diferida.
Este es el único proceso en el que Lozoya no ha cerrado la investigación complementaria, pues el pasado 10 y 13 de marzo se llevó a cabo la audiencia intermedia del caso Odebrecht, en el que ya se ordenó abrirle el juicio, un fallo que poco después fue suspendido.
A diferencia del año pasado y parte del presente, esta vez Lozoya llega a la diligencia intermedia prácticamente sin expectativas de lograr un acuerdo con las autoridades para acceder a un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad que le permitan su libertad.
Apenas el pasado 18 de julio, Pemex le informó del aumento de 10.7 a 30 millones dólares en el monto que debía pagar como reparación del daño para salir de la cárcel, un incremento que el propio Lozoya denunció como una extorsión.
En aquella fecha el juez Alarcón aplazó la audiencia intermedia porque la FGR no formó parte de las negociaciones del acuerdo que finalmente fue rechazado y Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera tampoco justificaron el incremento del 200 por ciento de la reparación del daño.
En el caso Agronitrogenados, la FGR ofreció un total de 121 datos de prueba para llevar a juicio al ex funcionario, entre ellos testimonios de funcionarios federales y diversos documentos bancarios.
Una de las más polémicas es la denuncia que el propio Lozoya presentó el 11 de agosto de 2020 ante la Fiscalía, en la que reconoce que la compra de la planta “chatarra” ocasionó daños al erario por cientos de millones de dólares. Es decir, pretenden usar en su contra sus propios dichos.
Esta acusación se resume en un supuesto soborno de 3.4 millones de dólares a Lozoya para que en 2013 Pemex comprara a Altos Hornos de México (AHMSA) la planta de Agronitrogenados del complejo de Pajaritos, en Veracruz.
Según la FGR, con ese dinero el ex funcionario compró su casa en el Conjunto Residencial La Retama, en Calle Ladera 20, Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.
Además de los 15 años de prisión, la FGR también ha pedido que multen a Lozoya con 5 mil días de salario, lo obliguen a reparar un daño de 3.4 millones de dólares o 70 millones 652 mil pesos y decomisarle su residencia en la capital del país.
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