Por Grupo Zócalo
Ciudad de México.– Por considerarlo un “fraude a la ley”, la magistrada Janine Otálora, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), planteará, en sesión pública de mañana, invalidar la convocatoria que emitieron el PRI, PAN y PRD para seleccionar a la persona responsable de la Construcción del Frente Amplio por México.
La sentencia propuesta de la magistrada es consistente con el criterio que siguió en sesión de la Sala Superior del 11 de julio, cuando se discutió un proyecto de su par Mónica Soto, en el que Otálora se separó de sus compañeros y votó por que los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena suspendieran sus actos proselitistas.
La propuesta, que ahora presentará Otálora, incluye ordenar a los tres partidos políticos suspender todos y cada uno de los eventos, actos, recorridos, difusión y propaganda, en cualquiera de sus modalidades, asociados al proceso de selección del cargo mencionado.
Además, se les ordenaría retirar y eliminar cualquier tipo de propaganda que difundan ellos o terceras personas que busque posicionar a los aspirantes a dicho proceso, “con el objeto de impedir que se continúe comuna sobreexposición injustificada de su nombre e imagen, que pueda poner en riesgo los principios constitucionales de equidad en la contienda, respecto del proceso electoral federal y concurrentes 2023-2024”.
En sesión de la Sala Superior del 11 de julio, cuando se discutió un proyecto de Mónica Soto, en el que, por mayoría, se confirmó un acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que permitió a los aspirantes presidenciales de MORENA realizar giras, Otálora Malassis se separó de los criterios de sus compañeros y afirmó que debían suspenderse las actividades de las llamadas corcholatas.
En el proyecto de sentencia que se votará en sesión de este miércoles 19 de julio, Otálora sí concede la legitimidad al Partido del Trabajo y personas militantes del mismo para impugnar un acuerdo de otros institutos políticos.
En su argumentación, considera que el acto controvertido trasciende del ámbito interno y puede tener repercusiones en la esfera jurídica, pues puede afectar sus derechos político-electorales, particularmente, el de ser votado en condiciones de equidad en la contienda.
La propuesta de resolución es la de invalidar la convocatoria de la alianza opositora, pues asegura que se trata de un “procedimiento que permite la realización de diversos actos que constituyen un fraude a la ley, al estar encaminados a inobservar la normativa constitucional y legal en materia de procedimientos internos de selección de candidaturas partidistas a cargos de elección popular”.
El proyecto a discutir en sesión del 19 de julio, es coherente con la postura que Otálora manifestó en la sesión del 11 de julio, cuando votó en contra del aval otorgado a las denominadas corcholatas de MORENA.
En su voto particular de ese día, consideró que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE debió haber suspendido el acuerdo de Morena
para elegir al “coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación”, como le llaman a quien aspira a ser candidato a la Presidencia de la República.
“La autoridad responsable debía pronunciarse en sede cautelar acerca de la solicitud de suspender el Acuerdo. Debiendo decidir si éste constituye un procedimiento simulado para cometer un fraude a la ley”, consideró Otálora.
“El Acuerdo partidista establece un proceso paralegal que constituye una simulación para evadir el cumplimiento de la normativa electoral al desarrollar una precampaña fuera del periodo establecido en ley, vulnerando con ello los principios de equidad, certeza, legalidad y de correcta fiscalización de los recursos en materia electoral”, argumentó en aquella ocasión.
“Este fraude a la ley se desarrolla con base en la justificación de que lo que habrá de elegirse es un cargo partidista. Sin embargo, los antecedentes de esa figura demuestran que éste es el método mediante el cual se definirá la candidatura de MORENA, en este caso, a la presidencia de la República en el proceso electoral federal 2023-2024, situación que además queda confirmada por las diversas declaraciones de quienes aspiran a ocupar este cargo en las que han manifestado su intención de ocupar la candidatura a la presidencia”, añadió entonces.
Con información de Milenio.
AFPR
